De aceptar el nuevo gobierno una propuesta del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), durante el sexenio que viene habrá una revolución en el sector salud. De entrada, los usuarios de uno u otro organismos podrían recibir atención sin distingo.
La portabilidad sería efectiva hacia el Seguro Social, el ISSSTE, los servicios médicos de las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina; los servicios estatales de salud, y los hospitales nacionales dependientes de la Secretaría de Salud.
Más aún, la población tendría acceso, mediante contratos específicos firmados por los organismos, a atenderse en hospitales privados.
En el nuevo marco, se centralizarían las compras de medicamentos; se unificaría el presupuesto para una distribución equitativa, y se fortalecería la rectoría de la Secretaría de Salud en materia de regulación, supervisión, evaluación y organización de los servicios.
En el inaudito, además, se anula la contribución de patrones y trabajadores para el Seguro de Enfermedades, financiándose las instancias con impuestos generales con un destino específico.
En el nuevo escenario, además, se eliminará el financiamiento que le otorga el gobierno para seguros privados a los funcionarios públicos de los tres niveles: Federal, estatal y municipal.
Si quieren atención médica gratuita, pues, deberán acudir a las instancias de salud.
En el terreno privado, se crearían aseguradoras independientes y proveedores específicos para los individuos con capacidad de pago y para las empresas que cuentan con servicios médicos para sus empleados.
Adicionalmente, las clínicas y hospitales privados participarían en un mercado controlado en el que las instituciones proveedoras públicas les comprarían los servicios en afán de acotar las listas de espera tanto en consulta de especialidades como en procedimientos de cirugía efectiva.
Los principales organismos, es decir el Seguro Social, el ISSSTE y los servicios de salud estatales, seguirían ofreciendo atención a sus derechohabientes sin restricción alguna.
La intención, como lee usted, es finalmente hacer efectiva la promesa de salud universal.
La estrategia habla de integrar un padrón único de beneficiarios y fortalecer los sistemas de información de salud, homogeneizando, por ejemplo, los criterios para el desarrollo e implementación del expediente electrónico de los beneficiarios, incluida la información demográfica y socioeconómica de los pacientes.
El diagnóstico habla de escasas convergencias de las políticas de salud entre las instituciones, cuyos programas para las poblaciones bajo su responsabilidad tienen alcance, servicios y coberturas distintas.
Se plantea, además, que existen diferencias en el gasto para la salud y su administración por institución, que se reflejan en asignaciones desiguales per cápita y para inversión.
Más aún, se reconoce que las instituciones de seguridad social y los servicios públicos para la población no asegurada, es decir los programas de la Secretaría de Salud, el Seguro Popular, el IMSS Oportunidades y los Servicios Estatales de Salud, ofrecen servicios que no son similares en beneficios y calidad.
Adicionalmente, la fragmentación conlleva a elevados gastos de administración, al punto de representar México el mayor porcentaje en la materia entre los países afiliados al Organismo para la Cooperación y Desarrollo Económico.
Estamos hablando del 10.7% del gasto total en salud.
Actualmente el 30.9% de las localidades rurales entre mil 500 y dos mil 500 habitantes carecen de algún establecimiento médico en la comunidad.
Desde otro ángulo, las instituciones públicas cuentan en promedio a nivel nacional con 0.45 médicos, 2.45 enfermeras y 0.71 camas por cada mil derechohabientes, cifra muy por debajo de los promedios en la OCDE… por más que en el 2009 se reportaron 66.1 pacientes atendidos por cada cama existente, la tercera cifra más alta del propio organismo.
En el escenario disperso se carece de un sistema de información robusta que brinde información epidemiológica de manera oportuna para tener medidas preventivas.
Uno para todos en el sector salud.
BALANCE GENERAL
La noticia es que siempre sí el Instituto Mexicano del Seguro Social participará, al lado de Banorte, en la pelea por la Administradora de Fondos para el Retiro del grupo financiero BBVA/Bancomer.
La decisión la tomó el Consejo Técnico del organismo bajo criterios de pragmatismo, frente a la posibilidad de diluir su capital en la Afore Banorte XXI.
Inaugurada la presencia del Instituto hace 15 años, con una inversión de sólo 10 millones de dólares, hoy su participación está valuada en 300.
Los recursos reclamados para participar en la puja, cuya posición inicial será de mil 200 millones de dólares, de los cuales le corresponderían 600, serían extraídos de los remanentes de reservas.
En la Afore conjunta participan, por parte del Seguro Social en el Consejo de Administración, el exsecretario de Comercio y Fomento Industrial, Herminio Blanco, y el empresario Juan Carlos Braniff.
En la pelea están también cuatro compañías de seguros, entre ellas Profuturo de Alberto Bailleres.
Las posturas se entregarán el mes próximo, levantándose la mano al vencedor de la pelea en enero.
¡MUERAN LOS CASINOS!
Bajo el pretexto de fomentar la descomposición social, delincuencia y ludopatía, el gobierno de Coahuila encabezado por Rubén Moreira, dejó en el limbo a los casinos que operan en la entidad, al expedir una ley que prohibe la expedición de licencias de construcción, constancias y uso de suelo para tales actividades.
Entre los afectados están establecimientos como Golden, Big Bola, Jak, Ritz, Ría y Ría; Alegre y Crown, quienes funcionaban bajo el respaldo de sendas licencias otorgadas por la Secretaría de Gobernación.
La inversión en el aire es de 100 millones de dólares.
Los establecimientos cerrados le daban empleo directo o indirecto a 10 mil empleados y trabajadores.
La acción llega casi en paralelo a las reformas al Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos que anunció el presidente Felipe Calderón, justo para regular y vigilar con lupa a los 29 concesionarios de casinos en el país.
Se diría, pues, que lo que el Gobierno Federal estimula, el local lo prohibe.
El problema es que ahora habrá casinos clandestinos.
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