La Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos (ACNUDH), Navi Pillay, urgió a la Fiscalía General de Colombia a establecer una unidad especial para investigar crímenes relacionados con el proceso de restitución de tierras.
Un informe presentado por ACNUDH en el Consejo de Derechos Humanos invitó al gobierno colombiano a “incorporar a las víctimas y a sus organizaciones más activamente en la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras”.
Además, exhortó a designar un punto focal para la gestión del programa de protección integral previsto en esta ley.
Asimismo, llamó al gobierno a “acompañar la restitución de tierras con una política de desarrollo rural y de generación de ingresos que contribuya a una calidad de vida digna para las víctimas”.
El informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia reiteró la importancia de “seleccionar adecuadamente y proteger eficazmente a las y los jueces encargados de los procesos de restitución de tierras”.
Por otra parte, instó al gobierno a ratificar los instrumentos internacionales pendientes, en particular el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura.
Así como el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Reiteró la necesidad de que el gobierno “depure los archivos de inteligencia con criterios de derechos humanos, así como al personal de la nueva Dirección Nacional de Inteligencia e instó a fortalecer la comisión parlamentaria de la Ley de Inteligencia y crear una unidad para supervisar la gestión de la inteligencia militar”.
De igual forma, llamó a la Fiscal General y a la Policía para fortalecer los mecanismos que permitan investigar eficazmente las agresiones a las defensoras y defensores de derechos humanos, así como a juzgar y sancionar estos actos.
La Alta Comisionada llamó al Ministerio de Defensa a consolidar las medidas de prevención de las ejecuciones extrajudiciales, también a hacer todo lo posible para que las personas responsables cumplan a cabalidad con las sanciones impuestas.
Exhortó al ministerio a enviar instrucciones claras y firmes sobre el estricto cumplimiento de los límites de la jurisdicción militar.
El informe de la ONU llamó al gobierno a “mejorar la coordinación institucional y operativa, en el marco de la normativa de derechos humanos, para el desmantelamiento de los grupos armados ilegales”.
Finalmente, la ONU reiteró su recomendación de buscar una solución pacífica al conflicto armado de varias décadas que asegure una paz sostenible y duradera.
“Exhorta a los grupos armados ilegales a que acepten y cumplan a cabalidad el derecho internacional humanitario y liberen de manera inmediata y sin condiciones a todas las personas secuestradas”, refirió.
Además, “cesen todos los actos violatorios de los derechos de las niñas y niños, dejen de cometer actos de violencia sexual y detengan la colocación de minas antipersonal”.
