Jorge Chabat, investigador del CIDE.
México requiere una solución a corto plazo contra la violencia generada por el crimen organizado, de lo contrario, se corre el riesgo de que aumente la presión pública para que se adopten de nuevo políticas de "acomodamiento que funcionaron en el pasado" contra el narcotráfico, pero además que comunidades decidan enfrentar el problema por sí mismas, y tomen justicia por propia mano, establece un reporte preparado para el Congreso de Estados Unidos.
El documento denominado "Las organizaciones mexicanas de tráfico de drogas: fuente y alcance del aumento de la violencia", elaborado por el analista de asuntos latinoamericanos June S. Beittel -fechado en agosto 2 de 2012- afirma que la manera en cómo se reducirá la violencia dependerá a partir de ahora de las políticas del presidente electo Enrique Peña Nieto, quien anunció en su campaña que el general colombiano Óscar Naranjo será su asesor en seguridad.
Expertos en el tema de seguridad nacional, consultados sobre este diagnóstico, admiten que un eventual pacto gobierno-delincuencia, es un escenario que no puede descartarse, pero hasta el momento no hay indicios de que ocurrirá; además de que no hay condiciones para que comunidades puedan organizarse y enfrenten de forma directa a una criminalidad con cada vez más poder de fuego y controlan territorios.
Jorge Chabat, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); José Luis Piñeyro, experto de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), y René Jiménez Ornelas, coordinador de la Unidad de Análisis sobre Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), coincidieron en que sin duda, el desafío del nuevo gobierno será revertir a corto plazo el escenario de violencia.
El diagnóstico de June S. Beittel indica que el asesor Naranjo ha delineado un plan de cuatro puntos que describe la política nacional en seguridad: apoyo a víctimas del crimen organizado, énfasis en fuerzas de la ley libres de corrupción y un enfoque regional, no limitado a las fronteras de estados y municipios.
"Naranjo quiere concentrar los recursos en las áreas con los niveles más altos de delitos violentos y tal vez reducir la presencia de las fuerzas armadas más rápidamente de lo previsto por Peña Nieto en sus declaraciones de campaña"; el militar se propone medir el éxito con el descenso de la violencia y establecer objetivos específicos de medición, indica.
El documento elaborado como guía para los congresistas de EU, afirma que reducir la violencia requiere del apoyo ciudadano a la política gubernamental. Sin embargo, la confrontación entre cárteles y otras organizaciones criminales no lo ha permitido, y se ha dañado el respaldo público a la estrategia de Calderón.
A través de la Iniciativa Mérida se buscó reducir la violencia, institucionalizar el respeto a la ley, reformar el sistema de justicia y construir comunidades seguras, pero de acuerdo el analista "todo esto llevará un largo tiempo. Quizá años o décadas para construir instituciones efectivas y eficientes en México que resistan los arreglos y la corrupción".
Se indica que "si la captura de los líderes de las organizaciones criminales demuestra no ser efectiva, la intensidad de la violencia continuará. Si en el corto plazo no hay una solución a la violencia, podría haber presión pública en México para retornar a políticas de acomodamiento que funcionaron en el pasado. Alternativamente, algunas comunidades quizá tomen el problema en sus manos y recurran al vigilantismo, es decir, a hacerse justicia por sí mismas", advierte el reporte.
Para el investigador Chabat es evidente que en México se enfrenta una situación de seguridad preocupante, sobre todo en algunas regiones del país, donde la gente ya está cansada de la violencia, pero "no veo que esto genere una presión, como señala el informe, al grado de obligar a un pacto con la criminalidad o políticas de acomodamiento que se usaron en el pasado, aunque algún político pudiera tener esa tentación, el mensaje de Peña Nieto ha sido incluso rechazar esta posibilidad en su estrategia".
Consideró que tampoco hay indicadores en ninguna encuesta o hechos que apunten a que la ciudadanía busque actuar por cuenta propia contra el crimen organizado, por lo que no ve este riesgo; en ello coincide Piñeyro, que señala que hasta ahora sólo dos comunidades -en Chihuahua y Michoacán- han emprendido la autodefensa, pero no se trata de justicia por propia mano, que resultaría difícil ante el poder de los cárteles y grupos criminales que toda la fuerza del Estado no ha podido replegar.
Dijo que un posible pacto entre autoridad y delincuencia no es un escenario que se deba descartar en un ejercicio de prospectiva, es algo que podría ocurrir, pero hasta el momento el presidente electo ha dejado en claro que no es un componente de su estrategia, "veo muy difícil que el gobierno pueda tomar ese camino, la gente no lo permitiría".
Aunque Jiménez Ornelas considera que sí existen los riesgos que advierte el analista June S. Beittel, ya que "no he visto una propuesta de estrategia que busque revertir la violencia a corto plazo, y hay muchas regiones del país, donde la gente tiene miedo, hay hartazgo y una reacción de autodefensa podría darse y una mayor exigencia de soluciones inmediatas.
LOS GRUPOS CRIMINALES Para el analista Eduardo Guerrero-Gutiérrez la fragmentación de organizaciones ha permitido también hacer una tipología de las diferentes organizaciones de tráfico de drogas. Asegura que hay cuatro tipos: los cárteles nacionales (Sinaloa, Zetas y Golfo), los que toman las cuotas por derecho de trasiego o paso (Tijuana y Juárez), los cárteles regionales (La Familia, Los Caballeros Templarios, Los Beltrán Leyva) y las mafias locales (La Mano con Ojos, La Resistencia, y los Cárteles Jalisco Nueva Generación e Independiente de Acapulco). En la categoría local, Guerrero identifica hasta 64 organizaciones a lo largo y ancho del país.
Los cárteles nacionales controlan el tráfico de drogas (algunos como Los Zetas han optado por el robo de combustible o la trata); los segundos toman cuotas en espacios limitados, prácticamente fronterizos, para dejar pasar cargamentos, pero también secuestran o extorsionan; los cárteles regionales hacen lo mismo, pero en espacios en el sur del país y más reducidos, también con tráfico de personas y robo de combustible; mientras que las mafias locales distribuyen y controlan la venta al menudeo en localidades, optando además por el secuestro, extorsión y robo de autos.
