El Gobierno mexicano debe pronunciarse e investigar si aplican las convenciones de cooperación internacional contra el soborno en un caso de presuntos actos de corrupción por parte de la cadena Wal-Mart, aunque fueran con funcionarios locales, dijo ayer domingo el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez.
De acuerdo a un informe publicado por el diario estadounidense New York Times, la tienda ocultó una campaña de sobornos efectuados por los directivos de su subsidiaria en México para instalar negocios en todo el país.
Según el matutino, la tienda no advirtió a las autoridades cuando sus investigadores descubrieron pruebas que se pagaron sobornos por 24 millones de dólares, principalmente a funcionarios estatales y municipales que les otorgaban los permisos de construcción. Para esto la empresa contrataba gestores encargados de efectuar los trámites.
Bohórquez afirmó que la Secretaría de la Función Pública debe pronunciarse sobre si activa o no los mecanismos de la Convención contra el Soborno de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico para ver si hay un delito que perseguir, independientemente de lo que establezcan las legislaciones locales.
"Las leyes en México y Estados Unidos en materia de soborno están homologadas, por lo que las prácticas (de las empresas) deben ser las mismas en ambos países", afirmó.
Bohórquez explicó que la Convención de la OCDE contra el cohecho en transacciones comerciales internacionales, firmada por México, castiga el soborno de empresas multinacionales. Agregó que la responsabilidad social de una empresa no acaba cuando no es la que paga directamente los sobornos, sino gestores contratados.
El vocero de la Procuraduría General de la República (PGR), José Luis Manjarrez, dijo que la dependencia no tiene ninguna investigación y que no existe denuncia alguna.
La Procuraduría de Justicia del Estado de México, donde la cadena tiene 34 tiendas, tampoco efectúa investigación porque el soborno no se persigue de oficio, dijo el vocero Félix Martínez Sanabria.
El mes pasado, autoridades mexicanas anunciaron que investigaban denuncias que indican que una compañía de aviación pagó sobornos a funcionarios mexicanos para conseguir contratos de mantenimiento de aviones del gobierno.
La PGR dijo que la investigación involucra a seis funcionarios de dos dependencias federales y otras dos estatales que habrían recibido dinero de la empresa BizJet International Sales and Support Inc. a cambio de dos contratos.
