¿Hay alguna circunstancia que justifique el uso de la fuerza del Estado ante una protesta? La pregunta ni siquiera tendría que plantearse. En los casos en que hay una violación a la ley, o cuando se afectan los derechos de terceros, por ejemplo, con bloqueos de vías de comunicación, el gobierno está ética y legalmente obligado a intervenir con todos sus poderes. En México, sin embargo, se ha creado una cultura que rechaza cualquier uso de la fuerza pública ante una protesta.
El debate sobre el uso legítimo de la fuerza pública resurge como consecuencia de la decisión del gobierno de Michoacán, encabezado por el priista Fausto Vallejo, de intervenir en varias escuelas normales rurales tomadas por estudiantes y en las cuales permanecían decenas de vehículos secuestrados, algunos de los cuales fueron incendiados por los activistas.
Recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como la del bloqueo de la Autopista del Sol el 12 de diciembre de 2011, en el que una gasolinera fue incendiada y un empleado perdió la vida tras una larga agonía, han reforzado la posición de que en nuestro país en ningún caso se justifica el uso de la fuerza pública contra una protesta.
Lo mismo ocurre con las posiciones de la CNDH y la Suprema Corte de Justicia en casos como los bloqueos de la autopista Chamapa-Lechería por activistas de San Salvador Atenco en 2001 y 2006 o el de la toma de la ciudad de Oaxaca de 2006 por la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Quizá por ello las acciones del gobierno de Michoacán de este 15 de octubre generaron cuestionamientos de distintos actores políticos. "Hay idiotas que justifican la represión en Michoacán --escribió en su cuenta de twitter el exdiputado del PT Gerardo Fernández Noroña--. Hasta que no les toque a ellos entenderán." El periódico La Jornada apuntó en un editorial: "Sin ánimo de justificar los actos vandálicos que hubieran podido realizar los inconformes, debe señalarse que las autoridades federales y locales eligieron la vía de la represión y mostraron, de esa forma, su falta de capacidad para gobernar mediante el diálogo y la negociación."
En México se ha llegado al grado de que incluso el homicidio se considera como una protesta justificada a la que el Estado debe responder con diálogo y negociación. En enero de 1994 se registró el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Decenas de policías y soldados fueron muertos por los rebeldes. El gobierno ha señalado que 145 personas fallecieron en la rebelión, entre policías, soldados y rebeldes. En 2004 el EZLN celebró a sus 46 muertos. Nunca hubo, sin embargo, un homenaje a los policías y los soldados asesinados. Se convirtieron, de hecho, en una molestia para un gobierno que quería pactar a toda costa con el EZLN.
México no debe llegar a los extremos de un régimen como el de Cuba o el de Corea del Norte que reprime cualquier protesta. Pero debemos evitar el otro extremo. En los países democráticos se permiten las maifestaciones, pero no los bloqueos de las vías de comunicación. Ninguno acepta el secuestro y quema de vehículos como protesta legítima. En México se llega al absurdo de acusar de represor a un gobierno que usa de manera legítima la fuerza pública. Nos hemos olvidado del principio que señala que la violencia es válida para contrarrestar la violencia.
TOMATES Y PAPAS
Los políticos mexicanos se oponen con razón a la iniciativa de los tomateros de Florida para poner barreras a la importación del tomate mexicano a Estados Unidos, pero ayer nuestros diputados aprobaron un punto de acuerdo para mantener las barreras que México tiene ante la papa fresca estadounidense. Impedir el ingreso de la papa de la Unión Americana sólo abonará al proteccionismo y hará que los consumidores de ambos lados paguen precios mayores por sus productos.
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