Yarrington.
La Procuraduría General de la República (PGR) dio un plazo de tres meses a los exgobernadores de Tamaulipas Tomás Yarrington y Eugenio Hernández para que comprueben el origen legal de bienes que poseen y que forman parte de una investigación por delincuencia organizada.
La PGR publicó ayer edictos a plana completa en diarios de circulación nacional para que Yarrington, Hernández y otras nueve personas expliquen ante el Ministerio Público el orden de inmuebles, cuentas bancarias, computadoras, ganado y hasta una isla frente a las costas de Veracruz.
El edicto advierte que los bienes podrían caer en abandono, figura que se aplica cuando el sospechoso de un delito no alega en su favor.
La PGR indica que desconoce el paradero de las personas investigadas, pero en el caso de Yarrington la dependencia lo considera como prófugo, pues hay una orden de aprehensión en su contra por presuntos vínculos con cárteles del narcotráfico. Hernández también es investigado pero hasta ahora no ha sido acusado.
Yarrington fue gobernador de Tamaulipas de 1998 a 2004, cuando fue sucedido por Hernández, quien dejó el cargo en 2010.
El edicto también va dirigido a Ricardo Gamundi, quien fue presidente del PRI en Tamaulipas durante la gubernatura de Hernández.
Otras ocho personas fueron nombradas en el edicto e identificadas como prestanombres de Yarrington. Uno de ellos, Fernando Cano Martínez, es buscado en Estados Unidos por lavado de dinero.
Otro es el empresario Antonio Peláez, quien aparece como dueño de la isla Frontón, en Veracruz, que la SIEDO señala como presunta propiedad de Yarrington en la que Peláez aparece como prestanombres.
En los últimos meses, la PGR ha asegurado a Eugenio Hernández cuatro cuentas con 2.4 millones de pesos, una casa y un rancho en Ciudad Victoria y tres vehículos.
En el caso de Yarrington, las propiedades cuestionadas son un departamento en la Ciudad de México, una propiedad en Matamoros y cuatro cuentas bancarias.
