La Procuraduría General de la República (PGR) inició investigaciones penales por posibles nexos con la delincuencia organizada en contra del juez Primero de Distrito en el estado de Michoacán, Efraín Cázares López, y del magistrado del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal con sede en la Ciudad de México, Jesús Guadalupe Luna Altamirano.
Autoridades de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) confirmaron que los juzgadores -quienes fueron inhabilitados de sus funciones el viernes pasado por decisión del pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF)-, están sujetos a investigación para determinar si existe un móvil que pueda representar un delito al emitir fallos a favor de presuntos implicados con la delincuencia organizada.
Cázares López y Luna Altamirano tienen en común que en los últimos años emitieron fallos polémicos al favorecer a presuntos integrantes del crimen organizado.
En sus resoluciones, por separado, absolvieron o concedieron amparos a personajes como Sandra Ávila Beltrán, "La Reina del Pacífico"; Iván Archivaldo Guzmán Salazar, "El Chapito", así como a funcionarios implicados en el conocido "michoacanazo", entre ellos al exlegislador Julio César Godoy Toscano, fallos que los hacen estar hoy bajo sospecha.
Las fuentes consultadas indicaron que la investigación incluirá la situación patrimonial de los juzgadores, sus cuentas y bienes, si éstos corresponden a sus salarios como integrantes del Poder Judicial de la Federación, ante la posibilidad que detrás de sus decisiones pudieran existir actos de corrupción y sobornos; también se indagará si hay nexos con el crimen organizado.
Hasta el momento, indicaron las autoridades, no se ha citado a comparecer a los juzgadores.
