Calificado como uno de los más escandalosos actos de corrupción en que se ha envuelto Petróleos Mexicanos, la Auditoría Superior de la Federación está exigiendo al Sistema de Administración Tributaria investigar a la firma de capital mixto Mexicana de Lubricantes.
La petición se fundamenta en que desde 1993 en que la empresa pública le vendió la mayoría del capital no le ha otorgado utilidad alguna. Más aún, tampoco existen dictámenes fiscales de 2010 ni de los ejercicios de 2006 al 2009.
Y si le seguimos, el órgano de vigilancia de la Cámara de Diputados advierte que la firma no ha celebrado ninguna Asamblea Ordinaria de Accionistas.
Se diría que Pemex regaló la empresa y le dio patente de corzo para hacer lo que quiera.
Lo inaudito del caso, señala la observación de la Auditoría Superior de la Federación, es que la firma propiedad mayoritaria de la Impulsora Jalisciense, ha desacatado el mandato de un juez que le obliga a ajustar cuentas con su socio minoritario antes de julio de este año.
Lo triste del asunto es que tampoco la paraestatal realiza esfuerzo alguno de apremio.
Lo cierto es que la empresa pública desdeñó también el año pasado un punto de acuerdo del Senado de la República para clarificar su ruinosa relación con la empresa productora de aceites y lubricantes automotrices.
El cálculo de los legisladores que avalaron la medida hablaba de un quebranto para Pemex, léase para el país, de 3 mil 375 millones... de dólares, en un escenario de canonjías sin límite, pleitos de barandilla, fraudes y ocultamientos sistemáticos de información. La cadenita alcanza al expresidente Carlos Salinas de Gortari; al ex director de la paraestatal, Francisco Rojas Gutiérrez; al ex director de Pemex Refinación, José Antonio Ceballos y, naturalmente, a los directivos de Mexicana de Lubricantes, encabezados por Salvador Martínez Garza.
De entrada, hete aquí que la licitación para vender el 51% de las acciones de la empresa pública que producía aceites y lubricantes bajo la marca Pemex, nunca se publicó en el Diario Oficial, en contradicción del artículo 139 de la Constitución.
Más allá, el 7 de septiembre de 1997 la paraestatal aceptó la oferta de una firma denominada Grupo Industrial de Componentes Químicos, a la que se planteaba como integrante del Grupo Industrial Martínez Garza, por más que en ningún momento acreditó experiencia en el ramo. Lo grave del caso, además, es que al final del día ninguna de ellas resultaría la socia oficial de Pemex, dado que el roll lo asumió la Impulsora Jalisciense. Y lo grave del caso, además, es que tanto ésta como el Grupo Industrial Martínez Garza fueron creados en épocas posteriores a la licitación.
La paraestatal, pues, negoció con fantasmas.
La Impulsora Jalisciense fue constituida el 11 de enero de 1993, en tanto el Grupo Industrial Martínez Garza surgió tres días después.
Ahora que el contrato le daba todo y más al socio privado de Pemex.
De entrada, se le regaló la marca Mex Lub que pertenecía a Bardhal, a cuyo dueño se le dobló la mano para cederla a título gratuito.
Más allá, la firma tendría exclusividad para vender sus productos en la red de gasolineras de la paraestatal. En paralelo, Pemex no competiría con la firma, otorgándole una concesión de suministro permanente de insumos.
Aun así, hete aquí que en el inaudito de la historia, el pago del monto comprometido por la maquinaria y demás activos de Pemex, en paralelo a la penetración de mercado alcanzada se realizó... ¡con un cheque de la cuenta de Mexicana de Lubricantes radicada en Banco Confía!
Dicho con todas las letras, Pemex contribuyó a pagarle a Pemex. En el país más tramposo del planeta, el pago debió haberlo realizado la Impulsora Jalisciense.
Y si le seguimos, para completar la cuenta Mexicana de Lubricantes le solicitó a Banpaís un préstamo quirografario de 60 millones de pesos... que se pactó a espaldas de Pemex.
A quién le importa si las plantas productoras de aceites y lubricantes de la paraestatal constituían una empresa que se ubicaba en el escalón 40 de las firmas más rentables del país, con un capital de 366 millones de dólares y ventas netas por 235 millones de billetes verdes.
Estas representaban el 2% de la facturación total de la empresa pública.
La paradoja del caso es que aún con la carga de regalos a cuestas, la firma empezó a registrar pérdidas, en un escenario en que si éstas se acumulaban durante tres años consecutivos se revocaría la sociedad.
Para evitar el golpe la firma dejó de celebrar asambleas de socios.
Lo inaudito del caso es que, pese a la cascada de evidencias de corrupción, no hay aún ningún responsable tanto en Pemex como en Mex Lub.
¿Ahora sí, tras el manotazo de la Auditoría Superior de la Federación?
Colocado un enésimo ultimátum por parte del juez del concurso mercantil, Felipe Consuelo Soto, a los inversionistas de Med Atlántica para exhibir los 300 millones de dólares permitidos para el rescate de Mexicana de Aviación, ahora resulta que éstos tienen miedo de quedar en el limbo.
El temor apunta a que al final del día, dada la evidente resistencia del subsecretario de Transportes de la SCT, Felipe Duarte, para allanar el camino al despegue de la línea aérea, no se les entregue el certificado de navegación aérea.
El hecho explica los 28 casos en que cuando se creía que los postores estaban en ruta, surgieron desavenencias entre los socios que habían ofrecido recursos para salvar a la empresa.
Por lo pronto, a la presión de la Tenedora K, dueña del 95 por ciento de las acciones de la línea aérea, quien las canjearía a cambio de 11 millones de dólares, por más que pagó mil pesos por ellas, se fijó un último plazo para Med Atlántica que vence hoy a la media noche.
GOL A ECONOMÍA
En convocatoria al insólito, hete aquí que la Cámara Nacional del Acero logró del juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal una suspensión provisional en un juicio de amparo contra una desgravación arancelaria decretada por la Secretaría de Economía.
La caída unilateral en el impuesto de importación del producto para países con los que no existen Tratados de Libre Comercio se oficializó vía un Decreto Presidencial emitido el 9 de febrero del 2010.
La eliminación de los gravámenes, ubicados entonces entre el 3% y el 7% del precio de ingreso al país del producto, era total.
Paso franco sin respeto a la regla de oro del comercio internacional, es decir la reciprocidad.
Bajo el nuevo esquema la Secretaría de Economía tendrá que volver a imponer los aranceles.
Lo curioso del caso es que el amparo se promovió apenas el 9 de febrero pasado, es decir a dos años de la medida.
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