Hechos. Imagen de archivo de agentes federales en la zona donde dos estudiantes murieron en la Autopista del Sol en Chilpancingo.
La Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo del juez 1 de Distrito en Guerrero 10 órdenes de aprehensión por diversos delitos federales contra distintas personas, entre ellos el exprocurador estatal, Alberto López Rosas, por el caso de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa.
Sin mencionarlo por su nombre, la PGR detalló que las órdenes de aprehensión fueron giradas también contra un civil, un subprocurador, un director general, un fiscal, tres ministerios públicos, un auxiliar de Ministerio Público y otro servidor público.
En un comunicado, la dependencia agregó que al extitular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero se le señala por encubrimiento en la hipótesis de desviar u obstaculizar la investigación de un hecho delictivo.
Además se le imputan, al igual que a los servidores y ex servidores públicos implicados, delitos contra la administración de justicia, al favorecer que un inculpado se sustraiga de la acción de la justicia.
En cuanto al civil, la PGR indicó que se le señala por los delitos de falsedad en informes dados a una autoridad y por simulación de pruebas.
Las investigaciones por lo ocurrido el 12 de diciembre en donde murieron dos estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa están contenidas en 48 tomos y comprenden actuaciones ministeriales y peritajes en áreas como medicina forense, criminalística de campo e incendios y explosiones, entre otros.
Además se han realizado 215 pruebas testimoniales e investigaciones a cargo de la Policía Federal Ministerial y 280 declaraciones relacionadas con este caso.
De esta manera, el agente del Ministerio Público federal acreditó la comisión de delitos federales y locales, y remitió a la Procuraduría estatal el expediente para que consigne por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.
También por los delitos de encubrimiento por favorecimiento, falsedad de declaraciones ante una autoridad, contra la administración de justicia, privación ilegal de la libertad, robo de vehículo y objetos, lesiones, daño en propiedad ajena y abuso de autoridad, contra quien o quienes resulten responsables.
En tanto la PGR continúa investigando, entre otros delitos de competencia federal, el de posesión de cartuchos y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, abuso de autoridad y tortura, también contra quien o quienes resulten responsables "sin distingo del orden de gobierno al que pertenezcan".
