Los que faltan. Unos 50 familiares de colombianos secuestrados y desaparecidos que están en el olvido formalizaron una asociación que se ocupará de hacer visibles sus casos y buscará que sean esclarecidos.
Tan pronto como principal fuerza rebelde de Colombia liberó a los que llama los últimos 10 soldados y policías que tenía en su poder, el presidente Juan Manuel Santos dijo que la medida no era suficiente para que el gobierno se sentara a negociar un proceso de paz.
Para considerar, incluso, un diálogo, las FARC no sólo deben decir que van a suspender definitivamente los secuestros. Tienen que probarlo y, adicionalmente, tienen que liberar a todos los civiles que tiene en su poder.
"El país y el mundo en general reclaman la libertad de todos los secuestrados", dijo Santos en un mensaje desde la casa de gobierno el lunes por la noche, horas después de la liberación de los uniformados.
La cantidad de secuestrados civiles en manos de las FARC es incierta. Serían seis, incluyendo cuatro ciudadanos chinos retenidos en junio pasado, según datos de la policía antisecuestro o 30, según la dirección contra el secuestro de la Fiscalía General. El grupo no gubernamental País Libre, por su parte, tiene un listado de 405 personas secuestradas por las FARC desde 2002 y de las que no se tienen noticias.
Santos urgió a la jefatura rebelde a cumplir el compromiso anunciado en un comunicado fechado el 26 de febrero de que cesarían los secuestros extorsivos, a cambio de recompensas, y los políticos, para forzar el intercambio de soldados por insurgentes presos. Pero, ¿el comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, FARC, Timoleón Jiménez, o Timochenko, es realmente capaz de poner fin a una práctica que hace poco más de una década etiquetaba a Colombia como la capital mundial del secuestro? ¿De garantizar que ninguno de los 64 frentes de la agrupación seguirá secuestrando?
Las preguntas son muchas, desde por qué los rebeldes decidieron anunciar el fin del secuestro, si lo harán realmente, quién tomó la decisión dentro de la jefatura guerrillera, y si las FARC están legítimamente interesadas en llegar a una mesa de negociaciones.
Sólo con el tiempo se podrá tener las respuestas, dijeron funcionarios y analistas consultados. Será también el tiempo el que muestre si Santos, quien al asumir el cargo el 7 de agosto de 2010 demandó entre otras muestras de paz de la guerrilla el que liberaran a todos los plagiados y acabaran con esos secuestros, se sienta o no en una mesa de negociaciones de paz.
"Todo lo que se ha dicho en esta materia (de paz) no es más que pura especulación", señaló el presidente el lunes por la noche.
"Tomará meses antes de que sepamos si las FARC van a cumplir su palabra", dijo Adam Isacson, analista de la no gubernamental Oficina en Washington para América Latina, a la AP. "Incluso nadie coincide sobre cuántas personas permanecen cautivas" actualmente.
Incluso si las FARC liberan a quienes se encuentran secuestrados a cambio de dinero, y Timochenko logra suspender los secuestros, todavía existen muchos obstáculos para que se inicien conversaciones de paz que pongan fin a medio siglo de conflicto.
Las FARC, una insurgencia de nueve mil hombres que se levantaron en armas en 1964, es sólo el más grande de los grupos ilegales que operan en el país y que secuestran personas por motivos políticos, financieros o de otra índole. Entre ellos se cuentan las milicias de extrema derecha, conocidos como "paramilitares", o un grupo rebelde de izquierda llamado el Ejército de Liberación Nacional, ELN.
El secuestro en Colombia, además, está lleno de complejidades e intrigas. A veces, varios grupos pueden "compartir" las ganancias de un secuestro simple. En otras ocasiones, las FARC son socios menores en secuestros e, incluso, venden su "franquicia" a una banda criminal que hace el trabajo sucio mientras las FARC negocian el rescate, según el general Humberto Guatibonza, director de la Policía antisecuestro.
También extorsionan a empresarios y ganaderos, y gente del común y han secuestrado a quienes no pagan, o a sus familiares. Timochenko, además, no ha mencionado detener la extorsión.
El continuo reclutamiento de menores por parte de las FARC tampoco facilita un diálogo. La organización Watchlist acaba de denunciar en las Naciones Unidas que guerrillas y paramilitares insisten en esa práctica y que la edad de niños reclutados también ha bajado, pasando de una media de 13,8 años a 11,8 años.
Tradicionalmente las FARC sólo han dado cuentas, con listados de nombres, de los llamados secuestrados "canjeables" o los políticos, policías y militares que comenzaron a retener desde fines de los 90 para tratar de canjearlos por insurgentes en prisión.
De ese grupo, al menos 60 han sido liberados unilateralmente por la guerrilla desde enero de 2008 o rescatados en operaciones de las fuerzas militares colombianas. Al menos otros 25, entre diputados provinciales, un gobernador, un exgobernador, un exministro de Defensa, policías y soldados, han muerto en cautiverio o al momento de ser secuestrados.
Las autoridades admiten las dificultades de establecer exactamente la cifra de civiles plagiados porque las familias a menudo no denuncian los secuestros ni tampoco reportan una liberación porque prefieren pagar por el regreso de sus seres queridos. Además, los autores pueden ser otros, no necesariamente las guerrillas.
La fundación País Libre dice que no excluye a una persona de su base de datos de cautiverio hasta que se confirme su liberación o su muerte, con el cadáver en poder de las familias, explicó una vocera, Claudia Llano.
Timochenko dijo que las cifras de País Libre eran falsas en un comunicado del 3 de marzo.
"Yo no creo que dejen de secuestrar", dijo el general Guatibonza. "No estoy diciendo que el 90% de los secuestros en Colombia sea de las FARC, pero lo que pasa es que la guerrilla no tiene el control total de su gente. La experiencia me dice que no se les puede creer porque no lo demuestran con hechos".
Guatibonza aseguró que en el pasado las FARC han negado tener en su poder a civiles secuestrados, incluso en comunicados oficiales, para más tarde comprobar, al ser detenidos milicianos de esa guerrilla, que sí lo habían hecho. A la fecha, no hay indicios de que los rebeldes hayan liberado a un solo civil, pero tampoco hay evidencia de que hayan secuestrado a alguien nuevo.
