Una de dos. O el Gobierno Federal está muy ansioso de echarle el guante a Javier Villarreal o el extitular del Satec ya es más importante que Joaquín “El Chapo” Guzmán o los otros capos del crimen organizado. Y es que nuestros subagentes que andan de “mojados” al norte del Río Bravo comentan que tras la revelación de que don Javier había sido detenido y liberado en Texas, un alto funcionario del gobierno mexicano se lanzó a Estados Unidos a tratar el asunto con autoridades de ese país. Según esto, el funcionario mexicano en cuestión le reclamó a los gringos la liberación del otrora zar financiero del “Gobierno de la Gente” pues, argumentó, se trataba del “hombre más buscado de México”.
Dicen los subagentes que, para meter presión, alguien en el Gobierno Federal pidió a los gringos que revelaran a la prensa local que don Javier había sido detenido y la noticia se difundió, curiosamente, el mismo día que la Procuraduría General de la República sacó la orden de aprehensión contra el exfuncionario y otras cuatro personas que habían sido sus subordinados. Aunque los tres días que pasaron entre la liberación de don Javier y la revelación de su arresto le dieron tiempo de sobra para escaparse de nuevo, autoridades estadounidenses y mexicanas confían en que lo van a encontrar pronto. Sin embargo, los subagentes comentan que con la noticia que salió de Estados Unidos, la PGR le quiso meter un “calambre” al gobierno de Coahuila al exhibir la incompetencia de la Fiscalía estatal para seguirle la huella, pues resultó que don Javier se movió a sus anchas en los dos meses que pasaron desde que dejó de reportarse al juzgado que lleva el proceso por falsificar documentos para contratar deuda. Mientras en la Fiscalía y el juzgado se hacían “patos” para informar el paradero de don Javier, éste ya andaba en Texas muy quitado de la pena. Ahora está a “salto de mata” y será interesante el desarrollo de esta historia, pues lo más probable es que el proceso que se le inicie a nivel federal va a coincidir con la campaña presidencial y le va a poner sabor al caldo. Y es que si en el Gobierno Federal no pueden atrapar al “Chapo” Guzmán, al menos se pueden conformar con don Javier.
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Por cierto, en este asunto de la deuda, parece que los cálculos no le salieron al gober Rubén Moreira. Como se recordará, don Rubén defendió la escandalosa reestructuración de créditos por más de 33 mil millones de pesillos que hizo el Congreso estatal con el argumento de que era necesaria para que el Estado pudiera mejorar su calificación crediticia. En ésas estaban cuando los analistas de Fitch Ratings se metieron de nuevo a la contabilidad de Coahuila y al parecer no salieron con buen sabor de boca. A pesar de la reestructuración, Fitch mantuvo su opinión de que la deuda sigue siendo una carga muy pesada para las finanzas estatales y degradó la calificación a la categoría conocida como “chatarra”. O sea, una medida totalmente opuesta a lo que esperaban el gober y sus operadores financieros. Según Fitch, el gobierno estatal todavía tiene un problema de transparencia, pero nuestros subagentes comentan que los analistas de la firma estaban tan asustados con la falta de información que en un principio se negaron a calificar al Estado, lo cual hubiera sido un golpe durísimo para la credibilidad del gobierno. Se dice que el secretario de Finanzas, Jesús Ochoa, tuvo que aplicarse para dar la mayor cantidad de información y evitar que los de Fitch empacaran sus calculadoras y se marcharan. Ahora el problema es cómo hacerle para salir de la “tragedia griega” en la que están las finanzas de Coahuila y recuperar la confianza.
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Como se había anticipado, el alcalde Eduardo Olmos tuvo que “prestar” a su director de Desarrollo Social, Fernando López, para que se fuera a echarle una mano al secretario de Gobierno, Miguel Ángel Riquelme, con el arranque de los programas sociales que serán la columna vertebral de la operación electoral. Al relevo de don Fernando entró el excuruleco Shamir Fernández, otro destacado miembro del equipo Olmos-Riquelme, que será el encargado de manejar los programas sociales del Municipio durante las campañas. El problema es que la operación de esos programas sigue en el aire pues no ha quedado claro qué parte va a manejar el Estado y qué le va a tocar al Municipio. Don Lalo ya sugirió la posibilidad de que puede tomar apoyos como el de uniformes escolares que le toca al Estado. Al parecer, el alcalde trae la intención de “rescatar” al Gobierno estatal pues ya ha asumido la terminación de obras que no le correspondían, como el estacionamiento y la plancha de la Gran Plaza. Ahora anunció que podría “echarle la mano” con otras acciones, pero el problema es que las arcas municipales no están precisamente en una situación de bonanza como para que tome asuntos que no le corresponden.
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En las fiscalías de Coahuila y Durango no han considerado necesario explicar por qué sus cifras de homicidios en 2011 son menores al número de casos sólo por rivalidad delincuencial reportado por la Procuraduría General de la República. La discrepancia es absurda, pues equivale a decir que el año pasado hubo un total de 50 homicidios, pero 100 fueron por arma de fuego. Sin embargo, los funcionarios encargados de llevar la estadística prefieren hacerse “patos”. Al menos en Coahuila dijeron que iban a revisar su metodología, pero en Durango prefirieron echarle la culpa ¡a la PGR! y cuestionar sus datos que, por cierto, son compilados con reportes del Ejército, la Policía Federal y Gobernación. El dato no es trivial, pues la medición del problema es el primer paso para hacer un diagnóstico y es claro que por estos lares ni eso se puede esperar. En el caso de Coahuila se comenta que próxima división de la Fiscalía en Procuraduría y Secretaría de Seguridad Pública llevará una oficina para manejar estadísticas del delito. Sin embargo, nuestros subagentes sospechan que el mal manejo de las cifras incide en el subsidio para las policías municipales, pues por alguna razón en el Sistema Nacional de Seguridad Pública piensan que en Saltillo hay más delitos que en Torreón. O será que alguien así quiere que se vea.
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Los panistas ya se preparan para elegir a sus candidatos a diputados y senadores el próximo domingo. La contienda más reñida está por la senaduría de Coahuila, entre Jorge Zermeño, Luis Fernando Salazar y Jesús Ramírez Rangel. La saltillense Tomasa Vives ya declinó en favor de don Chuy. Aunque por ahí circula una encuesta que pone a don Jorge con amplia ventaja sobre sus rivales, nuestros subagentes en el PAN señalan que no hay que tomar este sondeo como un reflejo fiel del panorama electoral, pues la realidad es que todo depende de quién trae la operación electorera de las “bases” panistas y se comenta que don Luis Fernando ya prepara el acarreo con la ayuda de las delegaciones federales que maneja el senador y primer compadre, Guillermo Anaya. Para las candidaturas a diputados, en Torreón la ventaja la traen Marcelo Torres y Javier López, aunque se dice que Rodolfo Walss anda reforzado con el triunfo de doña Josefina y le pudiera dar la pelea a don Marcelo en el distrito 6. Del lado de Durango todo resulta muy fácil, pues el expriista José Rosas Aispuro ya amarró el primer lugar de la fórmula y el Comité Nacional designará la segunda posición, que podría recaer en Salomé Elyd de Katsicas, otra operadora de la candidata presidencial panista. Y en el distrito 2, el lerdense Ángel Luna se quedó solo en la contienda luego de que el PAN le negara el registro al regidor Víctor Chaúl por no pagar las cuotas. Lo curioso es que aquí en La Laguna, el PAN manejó varias versiones de su “democracia interna”.
