Finalmente, más de cuatro meses después de tomar posesión, el gober Rubén Moreira, definió los mandos de su equipo de seguridad y lo más relevante de los nombramientos que hizo para resucitar la Procuraduría de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública, y enterrar el experimento fallido de la Fiscalía General del Estado, es que son ajenos a la órbita del exfiscal, Jesús Torres Charles. A la Procu llegó Homero Ramos Gloria, que fue secretario de Gobierno de Humberto Moreira hasta que el canto de las sirenas lo embrujó con el sueño de ser gobernador, lo cual le valió ser congelado más de la mitad del sexenio pasado. En Seguridad Pública fue colocado Jorge Luis Morán, que también estaba congelado, aunque en su caso por tener vínculos “non-gratos” con emisarios del pasado.
Don Jorge, recuerdan nuestros subagentes “burbujos”, era pieza clave del equipo de Raúl Sifuentes, el exsecretario de Gobierno de Enrique Martínez que fue exiliado por don Humberto y desapareció entre las tribus del PRD. De hecho, se dice que el nuevo jefazo de Seguridad Pública manejaba las parvadas de pájaros en los alambres que mantenía don Raúl, habilidad que le podría venir bien si la aplica para combatir criminales en lugar de usarla para grillar. Al parecer, a don Rubén no le quedó de otra más que recurrir a estos personajes debido a que sus anteriores propuestas, Griselda Elizalde y Domingo González Favela, quedaron descartados luego de que se conoció la cloaca de corrupción al interior de la Fiscalía donde ambos ocupaban cargos de primer nivel. De modo que la primera chamba que tendrán don Homero y don Jorge será la de una limpia a fondo en los ministerios públicos y la Policía del Estado. Los nuevos jefazos del aparato de seguridad estatal tienen frente a sí una monumental tarea, a juzgar por el desastre en que terminó la Fiscalía, no sólo en la protección al crimen organizado que reveló la Procuraduría General de la República, sino también en la profunda ineficiencia para perseguir y castigar los delitos y en el desorden que impera en las policías del Estado. El colmo lo vimos la semana pasada cuando se reveló que dos agentes de la Policía Investigadora fueron asaltados y despojados de un vehículo oficial sin que pudieran defenderse. Si así les va a los policías que están entrenados y armados, poco puede esperar el ciudadano de a pie. Por cierto, los subagentes comentan que los dos policías, un hombre y una mujer, fueron sorprendidos por los malandros porque se encontraban en situación comprometedora. O, como decían los polis en los viejos tiempos, “un jovenazo y una damita” estaban “cometiendo faltas a la moral”, en lugar de hacer su trabajo de vigilancia. ¿Será?
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El director de Urbanismo de Torreón, Arturo Lozano, se hunde cada vez más en la irrelevancia. El asunto de las colonias que buscan cerrar calles para protegerse del crimen pone en evidencia no sólo la incapacidad de las policías sino también la ausencia de orden en el área encargada de aplicar las reglas de desarrollo urbano. Dicen nuestros subagentes que en las oficinas de don Arturo se acumulan decenas de peticiones para el cierre de calles y la falta de solución ha llevado a colonos a irse por la libre. Tan irrelevante es el jefazo de Urbanismo, que nomás se tardó cuatro días en reaccionar al último cierre. En el área de vialidad el desorden continúa y, no contento con mandar al traste la sincronía de semáforos del bulevar Constitución con el cambio de aparatos para acomodar la ciclopista, ahora también descompusieron los del Independencia, con el consabido caos vial y las consiguientes violaciones al reglamento de tránsito. Por lo mismo, no sorprende que en el controvertido “convenio de colaboración” que firmó con el Municipio para el desarrollo urbano, una de las áreas donde el gobierno del Estado impuso su intervención fue precisamente la de desarrollo urbano. Pero como suele suceder con los asuntos internos de su dependencia, don Arturo ni siquiera estaba enterado, lo cual ya ni siquiera sorprende.
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Establecidos los cuarteles de campaña de los candidatos del PAN al Congreso, llamó la atención de nuestros subagentes que los estrategas del partido segregaron a los suspirantes, lo que revela las fricciones que prevalecen entre los grupos. Por un lado, el candidato al Senado, Luis Fernando Salazar, puso su casa de campaña junto con la del candidato a diputado por el Distrito 6, Marcelo Torres. Las fotos de ambos, y de la candidata presidencial, Josefina Vázquez Mota, adornan la fachada de la oficina sobre el bulevar Independencia, pero es evidente la ausencia del candidato al Distrito 5, Javier López. Dicen los subagentes que don Javier no quiere saber nada de sus compañeros candidatos y que ese sentimiento es mutuo. La fricción era evidente desde la definición de las candidaturas pues don Javier no pertenece al grupo del senador y primer compadre Guillermo Anaya, y que el conflicto se agravó cuando don Memo quiso “catafixiar” el Distrito 5 para cumplir la cuota de género. Don Javier prefirió armar su propia casa de campaña, para lo cual se fue a meter a la Calzada Colón, donde se suponía que los partidos habían acordado no hacer proselitismo. El resultado es que las campañas corren por carriles separados y con estrategias distintas, lo cual probablemente profundizará la indisciplina que prevalece en la campaña del PAN.
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Por cierto, uno de los convocados a tratar de meter orden en el equipo de Josefina Vázquez Mota fue el compadre presidencial Guillermo Anaya, quien quedó incluido entre los cuadros del Presidente Felipe Calderón enviados a reforzar la campaña panista. A don Memo le encargaron coordinar una cosa que se llama la estructura electoral, chamba que deberá combinar con la de senador, pues todavía cobra en la nómina legislativa, pero ya se sabe que hay prioridades y entre éstas la de representar a Coahuila en la Cámara Alta no goza de mucha importancia por ahora. Pero llama la atención el cargo que le dieron a don Memo pues las malas lenguas comentan que si no pudo ganar la elección a la gubernatura y tampoco la elección que coordinó en Durango hace dos años, difícilmente podrá dar resultados en la campaña nacional.
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La campaña electoral le ha venido de perlas a funcionarios de distintos niveles de gobierno para esconderse y no rendir cuentas sobre lo que hacen. Nuestros subagentes reportan que encargados de diferentes dependencias estatales y federales se han negado a dar información con el argumento de que la “veda electoral” les prohíbe hacer difusión de programas de gobierno. Lo que probablemente ignoran es que la ley sólo impide los promocionales que difunde el gobierno, pero no la aparición de funcionarios en medios de comunicación. Se dice que esta situación prevalece sobre todo en el Gobierno Federal, donde los delegados de secretarías y órganos descentralizados pasaron a hibernar hasta el 2 de julio. La situación es tan absurda que, por ejemplo, en la Comisión Nacional del Agua se negaban dar los datos sobre el volumen de las presas, hasta que se dieron cuenta de que esa información es de utilidad pública y de ninguna manera constituye una promoción. En algunas áreas de los gobiernos de Coahuila y Durango también se pusieron la mordaza, aunque eso ya es costumbre pues los funcionarios no necesitan veda electoral para ocultar información.
