Al igual que los partidos políticos con la hora del debate, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré y los gobernadores de Coahuila, Rubén Moreira, y de Durango, Jorge Herrera Caldera, se metieron en un brete al programar la firma de la extensión del operativo Laguna Segura a la misma hora que el juego Santos-Jaguares. Al acto estaban invitados empresarios y miembros de organizaciones civiles, pero resulta que la mayoría prefirió quedarse a ver el futbol. Nuestros subagentes reportan que sólo asistió un puñado de empresarios y se quedaron sillas vacías, que en un principio se empezaron a retirar, pero luego fueron ocupadas por unos funcionarios menores del Municipio "acarreados" para que hicieran "bola". Según los del equipo de casa, la decisión del horario fue de los visitantes, para que no les fueran a echar la culpa.
La firma del convenio estaba programada para las 7 de la tarde, justo a la hora del partido, pero don Alejandro llegó hasta las 8, por lo que los asistentes que lo esperaban sólo tuvieron oportunidad de ver el primer tiempo en el bar del hotel donde fue la ceremonia. Don Alejandro vino, firmó y se fue, no sin antes ponderar las virtudes del operativo que, si bien ha logrado contener los índices delictivos en La Laguna, no ha podido frenar la violencia. Los subagentes reportan que en los primeros cuatro meses del año el número de homicidios es mayor al mismo lapso del año pasado y similar a los últimos meses de 2011, por lo que difícilmente se puede hablar de una reducción en la violencia. Más preocupante es que autoridades de Coahuila y Durango continúan "rasurando" el número de homicidios en sus informes al Sistema Nacional de Seguridad Pública y lo peor es que, en Coahuila, el flamante procurador Homero Ramos Gloria, ya admitió que no conoce las estadísticas y pidió amablemente a uno de nuestros subagentes que le pasara los datos. Eso sí, cuando se trata de seguridad para altos funcionarios, los policías y militares resultan muy eficientes, pues llamó la atención que en la visita de don Alejandro se permitieron cerrar un tramo del bulevar Independencia, provocando un desorden vial. Pero la burbuja fue rápidamente "tronada" cuando, al terminar la ceremonia, dos policías de Gómez Palacio fueron emboscados por un grupo armado, provocando la muerte de uno de los agentes, revelando lo hueco de las declaraciones optimistas.
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Por cierto, nuestros subagentes reportan que el gober de Durango, Jorge Herrera Caldera, no tenía idea del tipo de ceremonia a la que había acudido, a juzgar por el discurso que se aventó. En lugar de hablar de seguridad, don Jorge criticó el tono de las campañas electorales utilizando el concepto de la "división" que tanto le gusta al priista Enrique Peña Nieto y luego presumió la creación de 200 mil empleos, provocando risillas socarronas entre algunos empresarios que no se tragaron ese cuento. Don Alejandro nada más arqueaba las cejas mientras escuchaba al gober de Durango y no dejó pasar la oportunidad de pegarle una regañada en su discurso, al sugerirle que no se fijara en las campañas y recordarle que "la responsabilidad de los gobiernos es la de seguir trabajando para garantizar la seguridad", pues antes había dicho que Durango va muy atrasado en la evaluación de sus policías. Don Jorge no pudo evitar un gesto de molestia, pero a final de cuentas debió saber en la que se estaba metiendo. Dicen los subagentes que antes de la reunión, el gober de Durango se quejó con el jefazo de Gobernación del tono de campaña que trae la panista Josefina Vázquez Mota y no se aguantó las ganas de hacer público el reclamo.
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En el PAN se comenta que suspirante a senador, Luis Fernando Salazar, trae muy bajo perfil y no se ha metido a hacer las olas contra el PRI y el gobierno del Estado que hacía al inicio de la campaña. El motivo, dicen nuestros subagentes, es que su candidatura sigue impugnada ante el Tribunal Electoral y por eso prefiere pasar desapercibido para salvar la chamba, pues si sobrevive al Tribunal ya tiene garantizado llegar a la nómina legislativa como primera minoría. A menos de dos meses de la elección se antoja difícil que le tumben la candidatura, pero el exembajador en España, Jorge Zermeño, todavía se aferra a una esperanza de que prospere su demanda, que acusa a don Luis Fernando de uso de recursos públicos para ganar la contienda interna. Para tal efecto, dicen nuestros subagentes, don Jorge reclutó a dos luminarias jurídicas del PAN que fueron compañeros suyos en algunas batallas legislativas. Se trata del "Jefe" Diego Fernández de Cevallos y de Fauzi Hamdan, cuya última chamba de alto perfil fue, precisamente, ayudar al Jefe Diego con su secuestro de hace dos años. Ambos son viejos lobos en las mañas jurídicas y, por ser arquitectos de varias reformas electorales hace algunos años, conocen al derecho y al revés los rincones de estas leyes. El Tribunal debe resolver este caso antes de que termine la impresión de las boletas, pero los observadores comentan que la esperanza para que don Jorge se vuelva a colgar de la nómina se desvanece cada día.
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Parece que en el "Gobierno de Todos" piensan que el exzar financiero de Coahuila, Javier Villarreal, hizo travesuras con fondos públicos de otros estados y desfalcó las arcas de otros gobiernos, pues la reacción del gober Rubén Moreira para abajo ante las revelaciones sobre el esquema de lavado de dinero que don Javier mantenía en Texas, no califica ni siquiera de tibia. Por más que en Coahuila aleguen, como dice el secretario de Gobierno, Miguel Riquelme, que la investigación de autoridades gringas se basa en "presunciones", hay detalles que no se pueden soslayar. Nuestros subagentes apuntan, por ejemplo, a coincidencias sospechosas en algunas fechas de 2009 en que fueron contratados créditos por el Estado de Coahuila, cercanas a los días en que se realizaron depósitos millonarios en cuentas de San Antonio vinculadas al exjefazo de Finanzas. No se necesita ser muy mal pensado para llegar a la conclusión de que si hubo depósitos en cuentas privadas días después de que se autorizó deuda pública, algo huele mal. Y es que no se pueden minimizar conclusiones a las que llegan los investigadores de Estados Unidos. Los documentos judiciales que revelan los negocios de don Javier señalan, claramente, que "el movimiento rápido de fondos originados en depósitos desde México inmediatamente seguido del ocultamiento de esos fondos, combinado con la creación de negocios huecos son indicativos de lavado de dinero". Los investigadores concluyen que "no hay un propósito legal o una explicación razonable para la actividad de esas cuentas, el único propósito es lavar fondos de actividad criminal en México". Esto es lo que se dice de quien fue el principal funcionario financiero de Coahuila entre 2008 y 2011. Pero a lo mejor el gober y sus huestes piensan que se trata de otro Javier Villarreal que era jefe de Finanzas en otro estado.
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El programa de vales de tortilla que lanzaron el Estado y el Municipio hace más de un mes, en vísperas del arranque de las campañas ya tuvo que ser suspendido, pero no por su tinte electorero sino porque se quedó sin lana. La versión local de los "torti-bonos" evidenció de nueva cuenta los agujeros en la Tesorería Municipal, aunque también los del Estado. Dicen nuestros subagentes que el programa fue orquestado por el secretario de Gobierno, Miguel Ángel Riquelme y su operador Fernando López, para aplicarlo en Torreón, pero el costo se lo endosaron al alcalde Eduardo Olmos, quien de por sí ya ha asumido el pago de varios compromisos que había adquirido el Estado. Nuestros subagentes apuntan que ya si un gobierno no puede pagar ni siquiera un programa electorero, que son las verdaderas prioridades, es que las cosas andan verdaderamente mal.
