En varias oficinas del Palacio Rosa y del PRI estatal (que para el caso son lo mismo) ya comenzaron la evaluación de los daños tras la elección del domingo pasado y nuestros subagentes comentan que están saliendo detalles interesantes. El principal es que la red de acarreo (perdón, movilización) del tricolor en realidad sirvió para llevarle votantes al PRD, que alcanzó una votación histórica. Esto se debe principalmente a que los electores le habrían cobrado al gober Rubén Moreira la cancelación de los programas sociales, el incumplimiento de la tarjeta “Más Mejor” de su campaña y hasta la deuda de 200 pesillos por la compra del voto que todavía arrastran de la pasada elección. Por otro lado, los subagentes comentan que, de la nada, el PRD mostró una capacidad de acarreo que sólo se puede conseguir con una buena cantidad de dinero y que nadie se explica de dónde salió. Se dice que los analistas del PRI hicieron un cruce de los resultados por seccionales y se dieron cuenta de que el PRI había sangrado cientos de votos en lugares donde arrasaron en la elección de gobernador. En este análisis, las miradas en Torreón voltearon a ver al profe Mario Cepeda, jefe de un importante clan tricolor.
Es bien sabido que el patriarca del clan Cepeda controla una extensa red de operadores y líderes en colonias, que tuvo mucho a su disposición dinero y despensas manejadas por su hijo Mario, mientras que su hija Isis supervisó todo desde la presidencia del comité municipal del PRI. Algunos incluso sospechan que la gente del profe Mario de plano se “clavó” el dinero y las despensas o trabajaron con el PRD. Pero este enjambre familiar es patrocinado por el alcalde Eduardo Olmos y el secretario de Gobierno, Miguel Ángel Riquelme, por lo que ellos también deberán dar explicaciones. El otro problema es que esta estructura compitió con otra estructura paralela manejada por Antonio Juan Marcos, que trabajó el distrito 5. El caso es que en el PRI ya comenzaron a repartir culpas por las cuentas alegres que se manejaron antes la elección. Los tricolores no fueron tan ilusos como para prometerle al Comité Nacional del PRI los 800 mil votos que, de dientes para afuera, presumía el defenestrado jefazo estatal, Salvador Hernández Vélez. Se fueron un poquito más bajos, pero aún así el PRI estatal aseguró al “cuarto de guerra” de Enrique Peña Nieto que sacarían 650 mil votos, incluyendo 140 mil en Torreón. Como se sabe, se quedaron cortos pues a nivel estatal sacaron 453 mil y en Torreón apenas arañaron los 100 mil. Por eso en el PRI ya preguntan ¿y el resto, apá?
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Mientras hacen el recuento de los daños, en el Palacio Rosa también comenzaron a hacer una lista de damnificados. El primero en caer fue el propio Salvador Hernández Vélez, pero se comenta que la lista sigue y se espera que Isis Cepeda salga del comité municipal, para cobrarle la factura a su red familiar de operación política. Otro que deberá rendir cuentas es el secretario de Organización del PRI estatal, Álvaro Moreira, pero como es el hermano menor del gober Rubén Moreira difícilmente lo van a dejar sin hueso. En Torreón, aún no queda claro el destino que tendrá Norma González Córdova, perdedora en el distrito 6, y también corren apuestas sobre el futuro del bien peinado exalcalde Carlos Román Cepeda, que coordinó la campaña de Braulio Fernández Aguirre, a quien todo este borlote le tiene sin cuidado porque él de todas formas va a cobrar en el Senado. Todavía una semana antes de las elecciones, don Carlos se paseaba con las encuestas bajo el brazo para presumir que todo iba a salir de maravilla, pero que cuando vio los resultados de repente se le alborotó el pelo y tuvo que taparse los “gallos”_con un sombrero de ganadero duranguense. Otra damnificada puede ser la excandidata del PRI al Senado, Hilda Flores, que también fue colocada en la lista de “pluris” y seguro pensaba que, aun perdiendo, iba a ganar el escaño. Pero nuestros subagentes comentan que la razón por la que fue colocada en la lista era sólo para maquillar la “cuota de género” y guardarle un lugarcito a otros priistas. El PRI, confiado en que doña Hilda iba a ganar, la colocó en el noveno lugar, con pase garantizado, pero ahora que perdió, dicen que el Comité Nacional le va a pedir amablemente que decline la posición a favor de los que siguen en la lista, como Raúl Cervantes, uno de los cerebros jurídicos del tricolor, o Tristán Canales, ejecutivo de TV Azteca que iría en la “telebancada”. Pero no importa, al rato doña Hilda agarra chamba en el “Gobierno de Todos”.
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Los que ya deben ir buscando chamba son los delegados de dependencias federales en Coahuila que tiene incrustados el senador y primer compadre Guillermo Anaya. Eduardo Ortuño en Desarrollo Social, Jesús de León en Comunicaciones y Transportes, Marcelo Máynez en Medio Ambiente, José Antonio Jacinto Pacheco en Reforma Agraria, Ignacio Corona en Agricultura y Carlos Osuna en Educación son algunos de los que quedarán sin hueso a partir de diciembre. Otros panistas locales con chamba en la Ciudad de México también tendrán que agarrar la sección de Avisos Clasificados en busca de empleo, como Alejandro Nava, quien cobra en Liconsa, o Alfonso Zermeño, que hace lo propio en la Secretaría de Energía. Se comenta que el PAN puede sufrir una desbandada si no le dan “calorcito” a estos cuadros. Otro que pintan para el desempleo es el senador Ernesto Saro y el curuleco Jesús Ramírez Rangel, aunque se dice que podrían ser reciclados para las alcaldías de Ramos Arizpe y Piedras Negras, respectivamente. El propio don Memo todavía debe esperar varios días a ver si logra columpiarse en la “liana” de una diputación plurinominal. Al menos el resultado de las elecciones en Coahuila evitó que el PAN tuviera que decidir el destino de los cuadros que sí ganaron puestos en el Congreso, pero eso no es consuelo para los que van a pasar a vivir fuera del error.
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¿En qué se parecen la deuda de Coahuila y la violencia criminal que azota al Estado? En que en ambos casos la estrategia del gobierno estatal es pretender que no hay problema. Nuestros subagentes comentan que, frente a la violencia, los muchachos del jefazo de Seguridad Pública, Jorge Luis Morán, siguen la misma línea de Javier Villarreal en la administración pasada, y el “¿deuda, cuál deuda?” se convirtió en “¿muertos, cuáles muertos?” Esta es la conclusión no sólo de la tardanza en la Secretaría de Seguridad Pública estatal para reportar al Gobierno Federal el índice delictivo sino por el hecho de que, al menos en la cifra de homicidios, están rasurando las cifras, pues reportan menos homicidios de los que hay. Quizá la ausencia de cifras llevó al gober Rubén Moreira a declarar que “creemos que se ha frenado la espiral de violencia”, lo cual es una burla pues lo dijo cuatro días después de que junio terminó en Torreón con 112 homicidios, el número mensual más alto que se tenga registrado. Y lo dijo mientras julio arrancaba con un promedio de cuatro homicidios diarios. Seguramente don Rubén no escuchó cuando el virtual presidente Enrique Peña Nieto dijo que su criterio para medir el éxito del gobierno contra el crimen organizado no serán los capos detenidos sino el número de homicidios. Y sin datos a la mano es fácil pensar que se vive en un mundo de fantasía.
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Reportan los periódicos que está en marcha una revisión de las estrategias de coordinación metropolitana en temas como agua, transporte y seguridad. Se busca que las entidades tengan “capacidades equilibradas” en leyes e infraestructura y que mantengan estándares similares en la prestación de servicios. También se estudia crear una Autoridad de la Zona Metropolitana con la participación de los estados involucrados para decidir soluciones a problemas compartidos y con influencia a través de fronteras estatales. Además se analizan áreas donde los gobiernos locales puedan compartir costos o fusionar dependencias. Incluso ya se programan reuniones entre gobernadores para discutir estas ideas. O sea que está buena la propuesta del nuevo jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Mancera, para la zona conurbada de la Ciudad de México. ¿O a poco estaban pensando en Coahuila y Durango?
