Los resultados de la reunión para evaluar el operativo "Laguna Segura" dejaron claro el bajo nivel de interés de las autoridades por combatir el problema de la violencia en la Comarca. La reunión iba mal desde antes de que empezara, cuando el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, canceló el viaje que tenía programado a Torreón y mandó en su lugar al jefazo del Cisen, Jaime López Buitrón, a pesar de que él no tiene ninguna influencia para coordinar al Ejército y la Policía Federal, que son los responsables del operativo. Las cosas empeoraron cuando, al enterarse de que don Alejandro no iba a venir, el gober de Durango, Jorge Herrera Caldera, quiso cancelar y mandar a representantes, hasta que lo convencieron de que se iba a ver mal.
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Peor se vio cuando llegó una hora tarde y su “avanzada” intentó aplazar el inicio de la reunión hasta que arribara, para que no se sintiera. Dicen nuestros subagentes que don Jaime se negó y junto con el gober de Coahuila, Rubén Moreira, arrancó la reunión que ya iba bastante avanzada para cuando llegó don Jorge. Ahí empezaron las recriminaciones, sobre todo por parte de don Rubén hacia el gobierno de Durango por no hacerle segunda en iniciativas como el control de autos chuecos o los retenes en los cruces de Torreón y Gómez Palacio. Aunque el gober de Durango no dijo gran cosa, la alcaldesa de Gómez, Rocío Rebollo, se volvió a poner al brinco con el asunto de los retenes, por lo que no llegaron a nada. Los acuerdos que se tomaron también indican que las cosas van a seguir igual. Los gobiernos de Coahuila y Durango se comprometieron a poner 100 policías cada uno para la Policía Metropolitana a pesar de que esta corporación está mal pagada, mal equipada y no tiene marco jurídico compatible en ambos estados. Para colmo, esta nueva unidad se puso bajo las órdenes de la Policía Federal que fue criticada en la reunión por ser la corporación que menos resultados ha tenido y por estar bajo sospecha de que sus agentes andan haciendo travesuras, además de que tiene una pésima coordinación con el Ejército, que sigue al frente de “Laguna Segura”. Otro acuerdo fue nombrar a Jorge Tello Peón, asesor presidencial en seguridad, como coordinador del operativo a pesar de que don Jorge vive en la Ciudad de México, por lo que no se sabe a ciencia cierta qué va a hacer con este nombramiento. Dicen los subagentes que los mandos policiacos y militares que estuvieron en el encuentro reconocieron que el operativo bajó la guardia y permitió un aumento de la violencia, pero nadie fijó plazos para empezar a dar resultados. Sin embargo, se comentó que algunos de los funcionarios federales ahí presentes, del Cisen, la Policía Federal y el Ejército, quieren quedar bien con el próximo gobierno y a lo mejor por eso sí se ponen las pilas.
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Nuestros subagentes en el PRI comentan que varios cuadros del tricolor están furiosos con el secretario de Finanzas, Jesús Ochoa, porque al reportar cada mes los estados financieros del “Gobierno de Todos” balconea las cantidades que se pagan a la deuda. Dicen los priistas que estos reportes sirven como recordatorio del desastre que hay en las finanzas estatales y la razón por la que no hay dinero para obras y programas sociales que son muy necesarios para ganar elecciones. A la fecha se han pagado más de cuatro mil millones de pesillos a los acreedores, dinero que en el PRI hubieran preferido que se utilizara para otra cosa. Pero como en su momento los tricolores no dijeron nada cuando el gober Humberto Moreira y su zar financiero Javier Villarreal agarraron a los bancos de casas de empeño, ahora no les queda quejarse y menos cuando durante años lubricaron campañas con ese dinero para ganar carros completos. Lo curioso es que el reporte mensual de los estados financieros es una de las medidas de transparencia más importantes que ha tomado el gober Rubén Moreira y un cambio positivo y necesario con respecto al gobierno anterior, y ahora resulta que le salió contraproducente. A ver si el gober no recula (así se dice) en esta sana medida de rendición de cuentas porque le quiere mejorar el estado de ánimo a los priistas, de la misma forma en que va a “repolitizar” la Secretaría de Desarrollo Social luego de presumir que le había quitado los tintes electoreros.
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Otros que están enojados con esos reportes mensuales del pago de la deuda son los proveedores a los que el gobierno estatal tiene haciendo fila desde hace meses para que les paguen obras o servicios. Estos empresarios están molestos porque el gobierno estatal ha dedicado tantos millones para pagarle a los bancos los intereses de la deuda que ya no queda nada para nadie más. Claro que la diferencia es que los bancos tienen al gobierno agarrado del pescuezo (u otras partes), así que los empresarios andan viendo de qué forma pueden ellos ponerle sus condiciones al Estado. Se comenta que en el caso de la Presidencia Municipal algunos proveedores ya se dieron cuenta de que ellos son el obstáculo para que la obra se reanude. Lo que sucede es que, con la estructura ya terminada, el gobierno estatal no puede avanzar porque todavía debe el equipamiento de refrigeración, iluminación y agua y todo el cableado, tubería y ductos que eso implica. De modo que los proveedores se han negado a entrarle a la instalación hasta que no se les pague por adelantado. Pero como no hay dinero, pues no hay obra. Este será el reto del flamante secretario de Infraestructura, Francisco Saracho, quien todavía está buscando en un mapa dónde queda Torreón.
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Entre los ausentes en los nombramientos que hizo el gober Rubén Moreira hace unos días está Enrique Martínez Morales, hijo del exgober Enrique Martínez y Martínez, que perdió la diputación por el distrito 7 de la Urbe de Adobe. Don Enrique fue el único de los candidatos perdedores a una diputación que no encontró acomodo. Se dice que esperaba regresar de subsecretario de Ingresos, pero hasta ahora no lo han rescatado, por lo que arreció la especulación de que se iba a usar la palanca paterna para colocarse en el equipo de su tocayo Peña Nieto. Por su parte, la que ya se siente aliviada del temor a quedar fuera de la nómina es la excandidata al Senado, Hilda Flores, que no pudo llegar por la vía de las elecciones pero está bien acomodada en la lista de “pluris”. Doña Hilda fue invitada a la comida que tuvo Peña Nieto con legisladores electos del PRI por lo que ya se ve despachando en el Senado a pesar de que continúa la “grilla” para sacrificarla ante la necesidad que tiene el PRI de meter a senadores plurinominales que iban debajo de ella en la lista. Así que doña Hilda tendrá que tomar mucho té de tila estos días hasta que el tricolor defina a los afortunados que llegarán al Senado.
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Nuestros subagentes en el departamento de Protección Civil comentan que van en aumento las quejas contra esa dependencia por parte de empresarios que acusan la exigencia de “moches” para que se les aprueben las inspecciones de seguridad en sus negocios. En concreto señalan al subdirector de Protección Civil, Jaime Rodríguez Rosales, un expolicía estatal que fue una de las herencias que dejó Pablo Villalobos, el primer director que tuvo esta dependencia en la actual administración. Se dice que personal a las órdenes de don Jaime mantienen atemorizados a los empresarios mediante extorsiones. El asunto adquiere tintes más oscuros porque el expolicía tiene entre sus antecedentes algunos líos con la ley. Sin embargo, alguna protección debe tener para que siga cobrando.
