A cinco días de la fuga de 131 reos en Piedras Negras llama la atención que el gober Rubén Moreira, siempre puesto para opinar en temas de seguridad, no lo haya hecho en esta ocasión. Don Rubén mandó por delante al procurador Homero Ramos Gloria y al jefazo de Seguridad Pública, Jorge Luis Morán, a enredarse en explicaciones de por qué el Cereso no funcionaba como debía funcionar. La ausencia del gober es notoria por tres motivos. El primero, porque la fuga masiva es la mayor crisis de seguridad en el Estado actualmente y reclamaría la atención al más alto nivel, no vaya a ser que a don Rubén le pase lo que al exgober de Tamaulipas, Eugenio Hernández, cuando hace dos años se le fugaron 141 reos del penal de Nuevo Laredo y él prefirió venir a Torreón a una fiesta porque iba a estar Enrique Peña Nieto, y le llovieron las críticas.
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El segundo es que resulta extraño que el gober Moreira haya permanecido en silencio luego de que el presidente Felipe Calderón le picó la cresta con su comentario sobre la debilidad de las instituciones estatales, pues hubiera sido una oportunidad de oro para señalar que la razón por la cual permanecían reos federales en Piedras Negras es porque la Secretaría de Seguridad Pública de Genaro García Luna se hizo pato con las autorizaciones de traslados al nuevo Cereso de Monclova. Pero el tercer motivo es quizá el más poderoso y tiene que ver con el punto de acuerdo que el senador Luis Fernando Salazar presentó para exigir al gobierno de Coahuila que aplique un plan de combate a la delincuencia. Y es que, según nuestros subagentes, pocas cosas enfurecen más a don Rubén que recibir “lecciones” de seguridad por parte del grupo del diputado Guillermo Anaya, pues está convencido que el aumento del crimen, al menos en La Laguna, data de la infiltración criminal en la Policía de Torreón en los tiempos en que el primer compadre era alcalde. Sin embargo, hay que reconocer que el gober y su equipo no se prestaron al juego de repartir culpas, que además no pueden ganar por el deterioro de las estructuras de seguridad en el Estado. Mientras todo esto sucedía, don Rubén se la pasó en reuniones con el equipo de transición del presidente electo, quien anda tan entretenido en su gira por Sudamérica que quizá ni se ha enterado de lo ocurrido en Piedras Negras.
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Los “refuerzos” que mandó la Policía Federal a Torreón según esto para combatir el secuestro no sólo no están dando resultados, pues este delito ha tenido un repunte significativo, sino que ahora también están espantando a la población. Se dice que el tiroteo en los alrededores de un centro comercial la mañana del jueves se debió a una confusión entre dos grupos de agentes federales, unos que iban uniformados y otros de civil. Según la reconstrucción de los hechos, los uniformados marcaron el alto a los de civil, que no hicieron caso y entonces soltaron bala. Esto revela la falta de coordinación entre los elementos de una misma corporación, lo que demostraría que federales andan combatiendo los secuestros en la luna. Por eso no extraña que fuentes de la Policía Federal hayan dicho que el enfrentamiento se dio porque supuestamente iban a detener a dos presuntos secuestradores que andaban por el rumbo. Lo curioso es que los supuestos detenidos no aparecen por ningún lado por lo que es fácil concluir que su intención es echarle tierra al asunto. Además, empresarios han elevado los reclamos de que los agentes federales se están dando vuelo con las extorsiones, con el pretexto del operativo Laguna Segura. Este operativo cumplirá su primer aniversario el mes que entra y el balance de resultados es negativo. Pero seguramente las autoridades ya organizan otra reunión de “evaluación” para arreglar las cosas.
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El hijo pródigo de la política lagunera y flamante jefazo del PRI en Torreón, Francisco Dávila, sigue bajo el acoso de varios sectores del tricolor que todavía no digieren su nombramiento al frente del comité municipal. Por un lado don Paco enfrenta la ofensiva del histórico líder Mario Cepeda, que no quiere soltar la rienda de sus redes clientelares y hace lo que quiere con las bases tricolores. Por lo mismo no sorprendió que los acarreados (perdón, simpatizantes) que hicieron bola en la toma de posesión de don Paco le echaran las porras a don Mario y no al nuevo dirigente. Por otro lado, también soporta los embates de un sector que lo considera ilegítimo por aquello de que hace 10 años se pasó al PRD y que el año pasado ni siquiera fue postulado por el PRI para la diputación local. Nuestros subagentes comentan que el golpeteo viene de grupos controlados por la dirigencia estatal del partido, por lo que resulta curioso que el jefazo estatal, David Aguillón, no los haya frenado. Se comenta que la razón por la cual continúa la andanada contra don Paco es porque en la Urbe de Adobe le quieren mandar un “estáte quieto” a sus aspiraciones a la alcaldía y hasta que no entienda el mensaje, van a seguir los trancazos.
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En la acera de enfrente, los grillos panistas que cobran como delegados de dependencias federales se encuentran trabajando horas extra para poner en orden todos los asuntos, no vaya a ser que el próximo gobierno les caiga con auditorías en cuanto Enrique Peña Nieto se ponga la banda presidencial. El escenario que más espanta a los panistas es que los nombramientos de sus sucesores vayan a recaer en los operadores del gobierno estatal, que le traen muchas ganas a los blanzquiazules. La revisión de las cuentas podría desactivar a varias cartas del grupo político del compadre Guillermo Anaya que han dominado las delegaciones en los últimos años. Pero el problema para algunos roedores de huesos es que otro escenario que enfrentan es el del desempleo y por lo mismo tienen que balancear las cuentas limpias con la proclamación del Año de Carranza, porque el de Hidalgo ya no alcanza.
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La revelación de que cuatro funcionarios de Servicios Públicos Municipales son responsables de tener a Torreón a oscuras por el robo de cable y material eléctrico será presumida por el alcalde Eduardo Olmos como el gran avance en el arreglo del alumbrado público. Sin embargo, nuestros subagentes comentan que todavía hay algunos detallitos sin resolver. Uno es que es difícil explicar cómo estos cuatro sujetos pudieron salirse con la suya durante tanto tiempo, pues se dice que sus travesuras datan de la administración de José Ángel Pérez. Esto significa que los sabuesos de don Lalo nomás se tardaron dos años y medio en descubrirlos. Otro detalle es que el contralor municipal Lauro Villarreal y el director de Servicios Públicos, David Fernández, dieron con ellos sólo hasta que una persona les dijo que intentaron venderle cable robado. O sea que durante años nadie ha movido un dedo para identificar los lugares donde se vende el material eléctrico que se roban y esto regresa la polémica sobre las denuncias que según la Procuraduría estatal no se han presentado, pero según el Municipio sí. Otro punto a destacar es que varios ciudadanos han reportado a personas sustrayendo cable con el pretexto de que hacían reparaciones, lo que arroja serias dudas sobre el control que don David tiene en su equipo. Y uno más: resulta difícil que sólo cuatro individuos sean responsables del daño que abarca a más de la mitad del sistema de alumbrado público. Si es cierto que estas personas hicieron tanto daño, la lógica indica que el problema del alumbrado comenzará una mejoría gradual. Hagan sus apuestas.
