La visita del secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, a La Laguna dejó ecos negativos en círculos políticos y empresariales donde no se explican por qué al encargado de la política interior no se le ocurrió dar una explicación pública sobre el aumento de la violencia local. Incluso entre la “comentocracia” nacional se resaltó el hecho de que a don Alejandro le pasó de noche el asesinato de nueve personas en un funeral la víspera de su visita. Nuestros subagentes infiltrados en la reunión del operativo “Laguna Segura” cuentan que el tono del jefazo de Gobernación fue de despedida y se dedicó a darle palmadas en la espalda a otros asistentes a la reunión, en particular a los gobernadores de Coahuila, Rubén Moreira, y de Durango, Jorge Herrera Caldera
Por eso algunos políticos e “ipecos” se preguntaron si no hubiera sido mejor que la reunión se diera con la gente del equipo de Enrique Peña Nieto, que será el encargado de la papa caliente en dos meses. Aunque para el caso hubiera sido lo mismo, porque el deterioro de la seguridad regional no sólo no ameritó una explicación pública de los encargados del operativo para combatir el crimen, sino que tampoco consideraron importante informar a la comunidad lagunera cuáles son los pasos a seguir. Se entiende que resulte inconveniente revelar detalles de operativos, argumento al que son muy aficionados las autoridades, pero aunque se pueden guardar datos sobre ubicación de retenes o lugares de cateos, por lo menos resulta necesario tener una idea del estado de fuerza que el Ejército y las policías federal, estatales y municipales tienen para aplicar en esta lucha. Los subagentes reportan que don Alejandro se conformó con una serie de cifras que, acomodadas de cierta manera, presumen avances del operativo, pero que rápidamente pueden ser desmentidas por la realidad. Lo que más llama la atención es el doble rasero del Gobierno Federal para reaccionar ante situaciones de violencia. Durante septiembre, en la zona conurbada han ocurrido más de 90 homicidios, siete incendios de gasolineras, ataques a policías, al menos cinco secuestros y un promedio de siete robos violentos al día, y no pasa nada. En Ciudad Neza, a un diputado local lo mató su esposa y la reacción fue enviar batallones del Ejército a hacer patrullajes. Como que no checa.
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Terminada la (Gran) Plaza Mayor para aligerar las críticas por las obras pendientes, nuestros subagentes reportan que el alcalde Eduardo Olmos pasará a apresurar la terminación del Bosque Urbano y a lanzar un programa de rehabilitación de servicios públicos para quitarse la presión por el desorden que impera en la ciudad y tratar de ganar algunos puntos rumbo a las elecciones del año que entra. Se comenta que algunos directores municipales ya fueron debidamente aleccionados de que tienen que ponerse las pilas, pues la consecuencia podría ser quedar fuera de la nómina. Por eso llama la atención que el director de Servicios Públicos, David Fernández, ahora sí hace como que quiere arreglar el grave problema de la falta de alumbrado, o el de Urbanismo, Arturo Lozano, prácticamente se haya ido a vivir al Bosque Urbano para terminarlo a principios de 2013. También habría inversiones fuertes en pavimento y rehabilitación de espacios públicos. Pero el problema, como suele suceder, es de dinero, porque tal parece que no habrá billete suficiente para la terminación de obras y el arreglo de servicios públicos y también para los electoreros programas de desarrollo social que se aplicarían en las campañas. Según los subagentes, los programas sociales se tendrán que hacer con dinero estatal si es que el Municipio pretende emprender con tres años de retraso el “rescate” que fue el eje de campaña de don Lalo. Para como pintan las cosas, difícilmente va a alcanzar para todo, el alcalde tendrá que decidir si prefiere darle una “manita de gato” a la ciudad o mantener contentos a los voraces líderes del PRI.
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Ya terminó el reparto de comisiones en el Senado y los “representantes” de estos lares sólo pudieron “agandallar” una presidencia, la de Grupos Vulnerables, que quedó en manos de la saltillense Hilda Flores Escalera que se salvó de ser sacrificada como “juanita”. Si bien esta comisión no es de las más influyentes del Senado, sí permite ciertos privilegios como mayor nómina de asesores y más gasto discrecional. Del lado de Coahuila hubo un fuerte reparto de secretarías entre los tres senadores de elección popular. El panista Luis Fernando Salazar tendrá este puesto en las comisiones de Protección Civil y Desarrollo Social, donde podrá poner en práctica lo que aprendió en el manejo de programas electoreros como delegado de Sedesol. Su correligionaria Silvia Garza será la secretaria en las comisiones de Medio Ambiente y de Recursos Hidráulicos, dos temas claves para La Laguna, aunque la senadora parece más interesada en salvar a la tortuga golfina en las costas de Guerrero. El priista Braulio Fernández Aguirre será secretario en Comercio y Fomento Industrial y en Reforma Agraria, otros dos temas importantes para la Comarca, y se agenció asientos en Salud y en Agricultura, otro asunto clave. En esta última también quedó la priista lagunera Leticia Herrera, que aparte quedó de secretaria en Desarrollo Rural y en Relaciones Exteriores, lo que le permitirá gozar de uno de los principales privilegios del Senado, el del turismo legislativo, que también gozarían don Luis y doña Silvia, que también estarán ahí. El exgober de Durango, Ismael Hernández Deras, no recibió ninguna presidencia o secretaría, lo que sugiere que le aplicaron una “congelada”. Don Ismael será miembro en Educación, Comunicaciones, Desarrollo Social y Seguridad Pública, donde seguramente aprovechará su experiencia de dejar a Durango como uno de los estados más inseguros del país. Lo más curioso fue que el panista José Rosas Aispuro no cayó en ninguna comisión, lo que es inexplicable a menos que ya se haya distanciado del PAN, o que en el PRI todavía no lo perdonen. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados continúa la rebatinga porque todos quieren estar en Presupuesto, pero tendrá que haber una definición estos días.
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Con mucha ceremonia se llevó a cabo el martes pasado la firma del convenio entre el gobierno de Coahuila y la Secretaría de Gobernación para aplicar el mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos. El instrumento, hecho por diputados que no tienen la menor idea, supuestamente va a aplicar medidas de protección y resguardo a periodistas y activistas en situación de peligro, pero hasta ahora nadie sabe con qué se come eso. La firma la hicieron el gober Rubén Moreira y el subsecretario de Gobernación, Max Diener, en un evento al que se invitó a diez periodistas del estado que ni sabían lo que contiene el documento, las medidas que según esto se van a tomar o los canales a seguir para reportar amenazas o situaciones de riesgo. Pero al menos fueron invitados los periodistas, porque los miembros de organizaciones de derechos humanos, que también serían sujetos de protección, no llegaron ni a eso. El tema resulta de particular relevancia en Coahuila, que es uno de los estados más peligrosos para periodistas y el que tuvo la mayor cantidad de ataques contra instalaciones de medios el año pasado, pero resulta que el gobierno estatal es de los últimos en firmar el documento. Tampoco es que sirva de mucho pues el mecanismo establece una maraña burocrática para responder a agresiones que normalmente se cumplen sin advertencia previa. Quizá por eso la ceremonia de firma fue dedicada más a que el alcalde Jericó Abramo hiciera una larguísima exposición (de media hora) de lo que ha hecho en el combate a la delincuencia. Para acompañar la firma del convenio, el gobierno estatal publicó el decreto que aumenta las penas a agresores de periodistas, lo cual sería un avance si un día de éstos agarran a alguno.
