Decir que el homicidio de José Eduardo Moreira Rodríguez, hijo del exgober Humberto Moreira, cimbró a Coahuila se queda corto. Las réplicas del terremoto que causó el crimen de Ciudad Acuña se dejarán sentir durante meses en el estado, donde la ola de violencia ya pegó directo en el corazón de la élite política. El asesinato mostró la vulnerabilidad de la ciudadanía frente al crimen organizado. Y las hipótesis sobre una venganza de un grupo criminal tras un enfrentamiento con policías estatales en Piedras Negras revelan que los delincuentes ya tienen pocos límites. Esto refleja el juego de cartas que recibió el gober Rubén Moreira al asumir la gubernatura, el cual estaba demasiado “cargado” por la ola de inseguridad que azotó al Estado, empezando por La Laguna y avanzando hacia las demás regiones en los últimos cinco años.
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Quizá el gober Moreira no imaginó que la reacción de los grupos criminales iba a llegar de esta forma, que le tocó por partida doble, a nivel personal y como autoridad. Esto puede ser un punto de inflexión en la lucha contra los grupos que se disputan el control de actividades criminales en Coahuila, antes que caer en el “no pasa nada” que acostumbra seguir a hechos de alto impacto. El homicidio del joven José Eduardo no es el primer crimen de alto perfil atribuido al crimen organizado en el país. Los asesinatos de un candidato del PRI a gobernador de Tamaulipas, de generales del Ejército o altos mandos de la Policía Federal no fueron seguidos de acciones contundentes para elevar a los delincuentes el costo de incurrir en acciones de este tipo. El crimen de Acuña fue suficiente para mandar al Estado a la plana mayor de la seguridad nacional. En Saltillo se reunieron los jefes del Estado Mayor del Ejército, Luis Arturo Oliver, y de la Armada, José Santiago Valdés, ambos fuertes candidatos a la cuarta estrella que portarán los secretarios de la Defensa y de Marina en el próximo gobierno. También acudieron la subprocuradora Victoria Pacheco y el director de Seguridad Regional de la Policía Federal, Luis Cárdenas, mientras que el titular de Gobernación, Alejandro Poiré, hizo un viaje para darle seguimiento a las estrategias acordadas. Este despliegue de funcionarios sólo habrá valido la pena si comienzan acciones concretas contra los grupos criminales para contenerlos. De otra forma, como dijo el exgober Moreira, su hijo será “un muerto más”.
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Los funerales de José Eduardo Moreira revelaron también un reacomodo en las posiciones políticas del Estado. La ausencia del gober Rubén Moreira fue notable, lo que arreció los comentarios sobre un distanciamiento con su antecesor y hermano. Los únicos miembros del gabinete que acudieron fueron los titulares de Infraestructura, Francisco Saracho, que es oriundo de Acuña, y de Desarrollo Social, Miguel Ángel Riquelme, que era el jefe de la víctima. Los alcaldes de Torreón, Eduardo Olmos, y de la Urbe de Adobe, Jericó Abramo, también asistieron. El presidente electo Enrique Peña Nieto no estuvo para darle el pésame a uno de los artífices de su candidatura presidencial, pero envió a uno de sus coordinadores de transición, Miguel Osorio, y al encargado de temas de seguridad en su equipo, Jorge Carlos Ramírez, que se sentaron junto al presidente nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, y la secretaria general, Cristina Díaz, que llegó a ese cargo con don Humberto. Se dice que el presidente electo buscará marcar su distancia, pues el crimen vino a complicar sus esquemas de seguridad, que no incluían este tipo de agresiones a la clase política. Y hablando de clases políticas, llamó la atención que adversarios del exgober Moreira, sobre todo en el PAN, se volcaran a condenar el homicidio, como el senador Javier Lozano y el diputado y primer compadre, Guillermo Anaya. De hecho toda la bancada del PAN en la Cámara de Diputados mandó el pésame, cosa que no hizo la del PRI, que es comandada por Manlio Fabio Beltrones, cuyas diferencias con el exgobernador de Coahuila son muy conocidas.
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Para esta semana anduvo se tenía planeada la visita a Gómez Palacio del director de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege, para supervisar el programa de filtros domiciliarios contra arsénico. Quién sabe qué ocupaciones tenía el funcionario porque a última hora mandó de representante al director de Agua Potable, José Ramón Ardavín, que se dedicó a presumir la instalación de los filtros aún cuando no existen estudios que comprueben su eficiencia. Don José destacó las bondades de este sistema y hasta dijo que era único en el mundo. De hecho esto es cierto, Gómez Palacio es la primera población de más de 5 mil habitantes que usa filtros domiciliarios, porque los expertos no los recomiendan para grandes áreas urbanas por resultar imprácticos. Lo que no explicó el directivo de Conagua es por qué el organismo avaló dos medidas distintas para la misma zona conurbada, pues en Torreón el método escogido fue la filtración en pozo, más fácil de manejar. El hecho de que Conagua haya presumido el sistema en La Laguna de Durango pero no haya hecho comentarios sobre el que aplicaron al otro lado del Nazas reforzó las sospechas de algunos subagentes sobre una “mano negra” en la licitación, porque Conagua buscaba promover a un fabricante de filtros con vínculos con la familia del presidente Felipe Calderón. Lo curioso es que hasta ahora los filtros de pozo en Torreón parecen dar mejores resultados que los de vivienda en Gómez Palacio. Según los subagentes, para aclarar las cosas, grupos ciudadanos que promueven la cultura del agua preparan estudios sobre la efectividad de ambos métodos, que estarán listos en las próximas semanas, pero adelantan que el sistema en La Laguna de Durango podría recibir “tache” por más que lo presuma Conagua. ¿Será?
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Para que ya no le den lata al director de Urbanismo, Arturo Lozano, y pueda terminar rápido el Bosque Urbano, el alcalde Eduardo Olmos le quitó el manejo de los latosos semáforos para dárselo al área de Mantenimiento Urbano, por lo que al pobre de su director, Ricardo Salgado, le cayó otra bronca encima de las que trae, por el descuido en la infraestructura. Ahora don Ricardo estará a cargo de los equipos de control de los semáforos que serán mudados a sus oficinas. Pero la mudanza por sí sola no resuelve nada, porque el equipo adquirido en tiempos de José Ángel Pérez, con costo de 27 millones de pesillos, ni siquiera funciona, ni va a funcionar por arte de magia nada más porque cambió de edificio. Pero el movimiento no implica corrección entre los funcionarios encargados del problema de los semáforos, de hecho fue casi como un premio para el director de Ingeniería de Tránsito, Carlos Manjarrez, que nomás veía crecer la bronca y ahora debe estar contento con el cambio, porque nada más lo dejaron para pintar rayitas y poner señales en las calles. Pero nuestros subagentes dicen que el problema es más profundo y tiene que ver con la falta de dinero para un programa serio de rehabilitación de los cruceros semaforizados, pero eso no se ve para cuándo, ciertamente no en estos días en que el tesorero Pablo Chávez Rossique anda precisamente en un crucero.
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Pero no hay que confundir el crucero en el que anda el tesorero municipal, pues nuestros subagentes comentan que no se trata de Cuatro Caminos o algo por el estilo. Se dice que don Pablo se tomó unos días de descanso y se hizo a la mar para olvidarse de todos los problemas que se acumulan en sus oficinas, como los adeudos que mantiene el Municipio y el flujo financiero que sigue atorado. A lo mejor don Pablo necesitaba subirse a un barco y despejar la mente para tramar algún plan que lo saque del “atorón” de dinero, sobre todo porque el alcalde Eduardo Olmos piensa lanzar un plan de rehabilitación de servicios públicos que no va a salir barato. Si es así, ojalá regrese descansado.
