En un par de semanas se cumple un año del lanzamiento del operativo Laguna Segura, pero los balances que realizan nuestros subagentes arrojan un resultado poco alentador, pues los números indican que el principal objetivo, reducir la violencia criminal en la Comarca, no se ha cumplido. Esa meta fue expuesta por el entonces secretario de Gobernación, José Francisco Blake, cuando en los primeros nueve meses de 2011 se registraba un promedio de 10 robos con violencia al día y un total de 720 homicidios en la zona metropolitana. Un año después, el promedio diario de robos violentos sigue en 10 y los homicidios entre enero y septiembre sumaron 821. En un año, el operativo ha sido sujeto a revisiones periódicas por parte de altos mandos de la Secretaría de Gobernación, incluyendo el titular, Alejandro Poiré, en tres ocasiones.
Durante todo el año, la zona conurbada se ha ubicado entre las cinco ciudades más violentas del país. Los subagentes comentan que la lógica del operativo, que encabeza el jefazo de la XI Región Militar, el General Roberto de la Vega, está más enfocada a acciones de patrullaje, pero no ha elevado el costo a los grupos criminales por desatar intensas olas de violencia. Y como el Ejército es el que manda en este tema, las policías estatales y municipales nomás se acomodan con el rollo de la “coordinación” a lo que les digan, mientras que la Federal anda por su cuenta. Pero los resultados apuntan a logros tácticos, como la detención de sicarios, secuestradores y asaltantes, pero no acciones estratégicas que debiliten la estructura financiera y logística de los malandros. Este último punto se buscó atender con nuevas leyes para prohibir casinos y “giros negros” del lado de Coahuila, pero no en Durango, y una de las consecuencias fue que los criminales compensaron estas pérdidas con delitos como secuestro y robo de vehículos sin que hubiera un plan para frenarlos. Durante meses se ha desatado una ola de plagios que no ha sido frenada y tan sólo en un mes se han conocido los secuestros de siete personas, seis de ellas mujeres. Dicen los subagentes que en el Gobierno Federal ya sólo se dedican a deshojar el calendario esperando que llegue diciembre y entregarle la papa caliente al nuevo gobierno, mientras que en la Secretaría de la Defensa andan más ocupados en la grilla por las cuatro estrellas del general secretario y cómo se acomodarán las fichas con el nuevo alto mando.
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Por cierto, en esto de regular “giros negros”, la clausura de los casinos que se aventó el alcalde Eduardo Olmos puede estar el riesgo por las argucias jurídicas de la empresa que maneja dos casas de juego y que se fue “de compras” en el Poder Judicial hasta encontrarse un juez ¡en Campeche! que les concediera un amparo contra los cierres. Nuestros subagentes comentan que el campechano juez de distrito sería ser el primero en anular una clausura por motivos de protección civil desde la tragedia del Casino Royale en Monterrey el año pasado, pues desde que más de 50 personas murieron en ese incendio, ningún juzgado del país había concedido protección judicial ante clausuras basadas en violaciones a norma de seguridad. Lo curioso es que la empresa que obtuvo el amparo para sus casinos de Torreón es la misma que era dueña del Royale y está vinculada con más de un negocio oscuro en Nuevo León. Si bien la empresa anuló la clausura por protección civil, aún le queda por pelear la que impuso el área de Inspección y Verificación, pero se dice que es cuestión de tiempo antes de que se consigan otro juez a modo. Difícilmente lo harán en Torreón, donde al menos un juez fue investigado por andar concediendo amparos a casinos. Se dice que abogados del Municipio ya viajaron a tierras campechanas a explicar allá las razones de la clausura, pero podrían llevar su queja al Consejo de la Judicatura si es que se otorga el amparo definitivo. El problema es que el porcentaje de bateo de los abogados municipales es bastante malo y en una de esas pueden verse obligados a reabrir los casinos.
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Nuestros subagentes disfrazados de ardillas en Los Pinos reportan que hay preocupación entre los asesores del presidente Felipe Calderón por la situación en Coahuila, pero no sólo en el plano de la seguridad sino también en el político. Ahora que el Estado secuestró las primeras planas y los noticieros en horario triple A con la fuga de reos en Piedras Negras, el asesinato del hijo del exgober Humberto Moreira y la muerte del líder de Los Zetas, Heriberto Lazcano, en Progreso, se desató un intenso despliegue de fuerzas federales, pero el temor en el Gobierno Federal es que las grillas entre el gober Rubén Moreira y su fraterno antecesor, Humberto Moreira, fueran a descomponer las cosas. Se comenta que don Humberto andaba muy activo amarrando navajas con algunos funcionarios del actual gobierno, pero que don Rubén tuvo que desactivar la tensión antes de que le causara más problemas. Y es que el gober también traía indicios de broncas con la Marina por los puyazos que se lanzaron el vocero de la Armada, José Luis Vergara y el Procu Homero Ramos con el asunto del cuerpo de “El Lazca”. Finalmente las fricciones cedieron y todos tranquilizaron su “acelere”. Hasta don Rubén tuvo un breve respiro de tanto problema el miércoles pasado, que fue el primer día en los 10 meses y medio que lleva su gobierno que en el Estado no ocurrió un homicidio o una balacera. Pero de ninguna manera eso anticipaba una tendencia, porque al día siguiente regresaron los problemas, con el asesinato de un agente de la Policía Federal Ministerial en Torreón, que fue atacado por un grupo armado cerca de un centro comercial. Pero algo es algo.
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En la Urbe de Adobe corren algunas sugerencias para regalarle al secretario de Desarrollo Social, Miguel Ángel Riquelme, un bonito calendario para que conozca la secuencia de los meses del año. Y es que don Miguel se ha pasado pateando el bote para adelante con la publicación de los padrones de beneficiarios de programas sociales. Este tema fue una de las mayores “tachas” que se llevó la administración estatal, que jamás publicó nada para que nadie fuera a comprobar el uso electorero de los programas. En este gobierno, primero la hoy exsecretaria Martha Carranza y luego don Miguel dieron varias fechas límite para la publicación que no se han cumplido. Doña Martha salió primero con que no estaban integrados los padrones, lo cual reveló implícitamente el desorden que existía. En marzo dijo que en mayo, en mayo dijo que en julio, en julio dijo que agosto y luego renunció. Don Miguel dijo que para octubre, pero a mitad de mes optó por protegerse con el argumento de que el mes todavía no termina, aunque nuestros subagentes ya anticipan que octubre se convertirá en noviembre y los padrones seguirán guardados. Luego arrancará el proceso electoral municipal y con más razón permanecerán bajo siete llaves en el mismo lugar donde guardaron las cuentas de cómo se gastó el dinero de la deuda.
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Decían que para el jueves, pero los diputados de la H. Cámara optaron por darle más largas a la integración de las comisiones, por lo que los curulecos se quedaron mordiéndose las uñas esperando acomodo. Se dice que el panista Marcelo Torres quedaría en Justicia, además de la chambita que ya tiene en la de Trabajo, mientras que el priista Salomón Juan Marcos agarraría lugar en Desarrollo Metropolitano, donde también quería quedar la gomezpalatina Alma Marina Vitela. Pero en estos tres casos la pertenencia a comisiones sería en calidad de miembros, lo cual los dejaría fuera de los jugosos botines que obtienen los diputados que presiden algún órgano. Por eso el más nervioso es el panista y aún primer compadre Guillermo Anaya, que estaba apuntado para presidir una comisión, con todo el presupuesto, asesores y prebendas que eso implica, pero los jefazos que controlan San Lázaro todavía lo tienen con San Antonio de cabeza.
