Los hechos de las últimas semanas en Coahuila, como la fuga de reos, el homicidio de Eduardo Moreira y la “desaparición” del líder de Los Zetas, Heriberto Lazcano, han dejado desmantelada la delegación de la Procuraduría General de la República en Torreón. Nuestros subagentes comentan que la dependencia que comanda el delegado Gerardo Granados fue “vaciada” de investigadores, peritos y agentes del Ministerio Público, que se trasladaron a Acuña, Piedras Negras y anexas para participar en las indagatorias de los hechos que han cimbrado al Estado desde hace un mes. El problema es que la delegación de la PGR de por sí funcionaba en los puros huesos, con una notable carencia de recursos humanos y materiales y ahora los casos que ya tenían retraso, sobre todo detenciones relacionadas con el crimen organizado, pasaron a la congeladora.
Pero además, a la PGR se le vino otra bronca, que es una embestida de grupos criminales en contra de los pocos agentes que quedaron. En la última semana un policía ministerial murió y otro quedó herido en un ataque de un grupo armado y luego un agente del MP federal fue asesinado. Las agresiones contra los muchachos de la procuradora Marisela Morales revelan la precaria situación que vive la dependencia en La Laguna justo en el momento en que se ha incrementado su actividad para procesar malandros detenidos por delitos federales como narcotráfico o portación de armas prohibidas. Los subagentes reportan casos de personas detenidas que luego son liberadas por fallas en la integración de los expedientes y esto ocurre mientras la PGR tiene en sus manos el escándalo de que uno de los presuntos homicidas de Eduardo Moreira había sido liberado hace dos meses por un juez federal supuestamente porque la averiguación previa por posesión de droga estaba mal integrada. De seguir así las cosas, es cuestión de tiempo antes de que criminales detenidos en las últimas semanas regresen a las calles a seguir haciendo travesuras.
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Y hablando de liberaciones “exprés”, la próxima semana se cumple un año de la “detención” del exzar financiero del “Gobierno de la Gente”, Javier Villarreal, por la falsificación de documentos para contratar deuda pública. Como se recordará, don Javier fue fichado en el Cereso de Saltillo, donde un juez le hizo el favor de trabajar toda la madrugada para arreglarle la liberación bajo fianza y en menos de doce horas volvió a pisar la calle. Desde entonces don Javier desapareció y aunque su fuga se ha documentado en varios lugares de Texas, su huella se perdió desde febrero, cuando fue detenido y liberado por una infracción de tránsito. Desde entonces, las autoridades de Coahuila hacen como que lo buscan y don Javier hace como que se fuga, pues la investigación simplemente no avanza. Nuestros subagentes en el juzgado que lleva el caso comentan que en un año nadie se ha parado a declarar nada en el proceso contra el extitular del Satec y en la Procuraduría del Estado ya nadie se acuerda de la averiguación previa. Del lado federal, la orden de aprehensión solicitada por la Procuraduría General de la República sigue dormida y es fecha que los datos del exfuncionario no aparecen en la Interpol, aún cuando supuestamente se había girado una solicitud de localización internacional. El inicio de un juicio en San Antonio para decomisar una cuenta bancaria que don Javier tiene en el banco JP Morgan solamente sirvió para exhibir aún más la indolencia de las autoridades frente al escándalo del fraude cometido para elevar la deuda de Coahuila. Por lo pronto, el rastro de don Javier está perdido y tal parece que así conviene a todos los involucrados en el escándalo.
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Nuestros subagentes en el Palacio Legislativo de San Lázaro reportan que la bancada del PAN ya repartió las comisiones entre sus diputados y que hubo una buena pesca para los curulecos laguneros. Por un lado, Marcelo Torres se agenció un asiento en la Comisión de Justicia y mantuvo el que ya le habían dado en la de Trabajo, pero recibió también la secretaría de la comisión de Gobernación, puesto que supone algunas prebendas en el ramo de asesores, para que pueda descargar la chamba más a gusto, además de que podrá sacarle jugo a la presencia en medios (que ya le gustó) porque esa comisión sirve de embudo para muchas iniciativas. Por su parte, al todavía primer compadre Guillermo Anaya le fueron escuchadas sus plegarias para quedarse con una presidencia y encabezará la Comisión de Seguridad Pública, por lo que tendrá un “presupuesto” extra y posibilidad de repartir algunos “huesos”. También agarró una silla en la Comisión de Defensa y los subagentes comentan que resulta curioso que don Memo haya caído posiciones que tengan que ver con la seguridad, un tema que no tocó ni de cerca durante los seis años que cobró en el Senado. Esto lo puede poner en conflicto con el gobierno de Coahuila pues seguramente don Memo no se va a aguantar las ganas de lanzarle golpes mediáticos al gober Rubén Moreira, a quien seguramente no le va a caer en gracia ser cuestionado por su exrival, a quien señala por ser negligente ante la infiltración criminal en la policía cuando fue alcalde de Torreón. Pero como contención podrá servir la priista saltillense Miriam Cárdenas, que agarró la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, que en su momento tuvo el hoy gober Moreira. Del lado del PRI todavía no hay definiciones en las membresías, pues siguen los jaloneos dentro de la bancada, por lo que los laguneros Salomón Juan Marcos y Alma Marina Vitela siguen con las veladoras prendidas en espera de agarrar buenos huesos.
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El debate sobre la posible privatización del sistema de aguas de Ramos Arizpe ha revivido la polémica sobre el futuro del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) de Torreón. Nuestros subagentes en la Urbe de Adobe se comenta que hay un empuje fuerte de la empresa Aguas de Saltillo por meterse a operar en el vecino municipio y que esto sería parte del plan del secretario de Gestión Urbana, Óscar Pimentel, por abrir la puerta al capital privado en otros organismos operadores. Hasta ahora los supuestos planes privatizadores del Simas no han pasado de la especulación, pero se comenta que la acumulación de problemas en la paramunicipal se usará en Saltillo para pavimentar el camino a este escenario. A esto hay que sumarle el éxito comprobado, después de varios años de gestión, de Aguas de Barcelona en la peronera capital, donde ha alcanzado cobranzas mayores al 90 por ciento, la reducción significativa de fugas y sin perforar un pozo más, de modo que se entiende por qué el alcalde Eduardo Olmos ha permanecido en silencio y don Óscar no quita el dedo del renglón ni su sonrisa.
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La denuncia contra cuatro empleados del departamento de Alumbrado por robo de material eléctrico fue presumida como el alcalde Eduardo Olmos y el director de Servicios Públicos como un avance (el primero) en el combate a la delincuencia que hace estragos en el alumbrado público de la ciudad. Pero a casi un mes de que fue identificado el grupo, quedó claro que nadie se asustó, pues las bandas de robo de cable siguen haciendo de las suyas con el sistema eléctrico de la ciudad. El caso quedó entrampado en la típica burocracia que hay en el departamento jurídico del Municipio y en la delegación de la Procuraduría estatal, sin que hasta ahora se hayan identificado los mercados negros que lucran con metales robados. Se dice que la contraloría municipal que comanda Lauro Villarreal se conformó con turnar el expediente pero no se ha tomado ningún seguimiento, mientras vastos sectores de la ciudad continúan a oscuras.
