Fuga de reos, altos índices de robos, homicidios y secuestros e incluso el asesinato del hijo del exgobernador, Humberto Moreira, conforman parte de la herencia que deja Jorge Luis Morán Delgado quien ayer presentó su renuncia como Secretario de Seguridad Pública de Coahuila. Su silla ahora es ocupada, al menos momentáneamente, por Gerardo Villarreal Ríos quien se desempeña como subprocurador de la Procuraduría General de Justicia del Estado. El cambio se da cuando el gobernador Rubén Moreira se pasea por Europa tratando de atraer inversiones a la entidad. Ayer en tempranera rueda de prensa el secretario de Gobierno, Heriberto Fuentes Canales, leyó un escueto comunicado donde atribuyó a motivos personales la renuncia de Morán Delgado, sin embargo al contestar las preguntas de los reporteros el funcionario dejó entrever que el ahora exsecretario de Seguridad no pasó los exámenes de control de confianza que aplica el Sistema Nacional de Seguridad Pública, motivo que lo obligó a dejar el cargo. De manera textual Fuentes Canales dijo: “Él (Morán Delgado) se sometió a los exámenes de control de confianza, se pasaron los resultados y él tomó la decisión de renunciar”. Obviamente tras el lapsus lingüístico el secretario de Gobierno trató de enmendar el error afirmando que Morán Delgado había realizado un excelente trabajo, el problema es que los números indican lo contrario. Llama la atención que si la renuncia de Morán Delgado tiene fecha del 19 de octubre, el anuncio se haya hecho hasta después de siete días; cuentan nuestros subagentes que la intención del gobierno era esperar a que don Rubén regresara de su viaje para hacer el anuncio, pero desde el jueves en la noche en las redes sociales se filtró la información de ahí que se vieran obligados a organizar una rueda de prensa tempranera, lo cual no es muy típico en la peronera capital. La “renuncia forzada” de Morán Delgado abona a la crisis de seguridad que se vive en el estado y que ha mantenido a la entidad en las primeras planas de los periódicos. Por cierto que en esta crisis de seguridad bien haría en poner sus barbas a remojar el flamante jefe de la Policía de Torreon, Teniente Adelaido Flores Diaz, quien en últimas fechas se pasa más tiempo dentro de la corporación que patrullando las calles. Esta situación se refleja en las altas cifras de robos de todo tipo, que mes tras mes imponen un récord negativo, a pesar de que los números del Teniente tienen su dosis de maquillaje, la ciudadanía ya no se los cree. Sobre todo cuando aumentan las quejas de que sus muchachos andan de traviesos con la ciudadanía para, previo susto, tirarles la mordida.
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Y hablando de espacios estelares en los medios de comunicación, Humberto Moreira se llevó los titulares del jueves al hablar de narcoempresarios en Coahuila y afirmar que el asesinato de su hijo era una venganza del crimen organizado. Las declaraciones las hizo don Humberto precisamente cuando el gobernador Rubén Moreira, está a miles de kilómetros de distancia, lo que abona al “sospechosismo” de la mala relación que existe entre los hermanos, ya que sin duda don Humberto alebrestó el gallinero aprovechando la ausencia del mandatario. Pero si al interior del Gobierno del estado las declaraciones causaron molestia, el enojo fue mayor en la clase empresarial quienes inmediatamente exigieron al exgobernador que diera nombres de los supuestos empresarios que andan en malos pasos. Incluso comentan nuestros subagentes disfrazados de pipa y guante, que más de un empresario cuestionó en voz alta ¿si no habrá narcopolíticos? y ya entrado en confidencias pues que también se dé a conocer esos nombres. Resulta paradójico que mientras don Rubén anda en viaje de promoción del estado mostrando sus fortalezas, sea su propio hermano que en declaraciones a los medios de comunicación diga que Coahuila es una tierra sin ley donde hasta los criminales más buscados se pueden hacer pasar por empresarios mineros.
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Vaya susto que se llevaron los trabajadores municipales el pasado jueves cuando por tercera ocasión fue atacado el hotel Palacio Real, donde se hospedan los Policías Federales y que está a lado del antiguo Banco de México que funciona actualmente como Presidencia Municipal. Cuentan nuestros subagentes disfrazados de burócratas que alrededor de las 15:15 horas comenzaron los disparos por lo que los funcionarios, alrededor de 50 personas, inmediatamente se tiraron al suelo. A esa hora era poco el personal ya que la salida es las 15:00 horas. Tras la emergencia los funcionarios vivieron momentos de angustia porque los celulares dejaron de funcionar por varios minutos, por lo que no se podían comunicar con sus familiares. Mientras se activaba el Código Rojo los funcionarios fueron llevados por policías a unos cuartos blindados para su resguardo, sin embargo esto no fue impedimento para que nuestros subagentes escucharan las fuertes discusiones que sostenían Policías Federales con agentes municipales. Incluso al activarse el Código Rojo los muchachos del jefe de la Policía de Torreón, Adelaido Flores, no pudieron acercarse a la zona ya que los elementos del Ejército y la Policía Federal resguardaron el sector y aumentaron el perímetro de vigilancia, prohibiendo el paso a los vehículos. Con esto nuevamente quedó de manifiesto que la famosa coordinación entre las diferentes corporaciones no existe más que en el discurso, mientras tanto los ciudadanos permanecen indefensos.
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Como el gober Rubén Moreira ya puso como plazo fatal para la terminación de la nueva Presidencia Municipal el mes de mayo de 2013, nuestros subagentes reportan que han crecido los niveles de ansiedad entre las huestes del secretario de Infraestructura, Francisco Saracho, porque no tienen la menor idea de cómo le van a hacer cuando el paso de la obra continúa lento y los pagos siguen fluyendo a cuentagotas. Sin embargo, en la Urbe de Adobe circula el rumor de que el Gobierno estatal ya tiene un as bajo la manga para salir al paso del problema, pero hasta ahora hay dos teorías sobre el curso que puede seguir esta estrategia, una de las cuales implicaría un “enjuague” maestro. La idea del Gobierno estatal es entregar la obra a una constructora de Monterrey con la capacidad financiera para terminarla, y en el proceso darle un duro golpe a los rejegos empresarios locales que se la pasan quejándose de que lo les pagan. De ahí que hace unos días saliera una licitación en términos tan vagos que parece hecha a modo para una empresa que pueda entrarle a la obra sin siquiera cobrar anticipo. Pero es en el paso siguiente donde difieren las versiones de nuestros subagentes. Unos dicen que la constructora regia financiaría la obra bajo un esquema “llave en mano” para entregarla en mayo al Estado, que le pagaría a plazos en tres años. Pero otros subagentes reportan que los regios son regios y no se prestarían a un arreglo de este tipo, conociendo cómo son de formales y cumplidos para pagar en la peronera capital. De ahí que surgió la teoría de que el Estado entregaría a la constructora en cuestión la propiedad del edificio para que ¡lo rente! al Municipio durante al menos 30 años y así recupere su inversión. Esto implicaría un duro golpe al maltrecho erario municipal, que poco a poco ha tenido que asumir los costos del proyecto, como la Plaza y el estacionamiento, así que pagar el edificio nomás sería agregarle otra piedra al costal financiero que arrastra. Hasta ahora los subagentes no han confirmado si estos rumores son verdades o si obedecen al “sospechosismo” desatado por el desorden que impera en la obra. Pero concluyen que para el Estado la salida es muy fácil, para los regios es un negocio redondo y para el Municipio… resultaría que terminará pagando toda una obra que, se suponía, no le iba a costar un centavo.
