La propuesta del presidente electo Enrique Peña Nieto para desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública y mandar la Policía Federal a una supersecretaría de Gobernación metió a los gobiernos estatales en la obligación de replicar a nivel local el mismo esquema, con los correspondientes batideros burocráticos que luego no arreglan nada. En Coahuila y Durango eso significa que los gobernadores Rubén Moreira y Jorge Herrera Caldera tendrían que deshacer experimentos aplicados por los gobiernos panistas y que todavía están en curso, para emprender unos nuevos que emulen al próximo gobierno priista. En Coahuila, los asesores jurídicos de don Rubén ya cocinan la iniciativa para desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública, que hace un mes quedó acéfala, por segunda vez en cuatro años. En 2009 la dependencia fue incorporada a la Fiscalía General del Estado que resultó un fracaso por lo que este año se regresó al esquema de separar la seguridad pública y la procuración de justicia. Ahora, bajo el plan de don Enrique, las tareas policiacas deberían integrarse a la Secretaría de Gobierno, con todo y el control de la Policía Estatal y en especial de los GATEs, tan bien ponderados por el gober Moreira, aunque no se sabe si el poder se lo darán al titular Heriberto Fuentes o le compartirán tantito al Procu Homero Ramos Gloria. En el caso de Durango, el gober Herrera todavía no toma nota del mensaje emitido por el presidente electo, pero pronto se verá en la necesidad de desmantelar la Secretaría de Seguridad Pública creada hace 12 años y enviar la Policía Estatal al mando del titular de Gobierno, Jaime Fernández Saracho, mientras que la estructura de la Fiscalía del Estado y el proyecto para unificar las policías locales tendrían que cambiar. Habrá que ver cuál es la instrucción que emana del gobierno peñista y particularmente del futuro supersecretario de Gobernación, que pinta para llamarse Miguel Osorio Chong. Lo cierto es que vendrá un nuevo experimento en materia de seguridad, pero sólo servirá para confirmar que no importa cómo se llamen las dependencias o de qué áreas dependan si el combate al crimen no es eficiente.
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Y hablando de policías, nuestros subagentes infiltrados en el operativo Laguna Segura preguntan cuál es la verdadera efectividad de la Policía Federal si en un mes sus efectivos en la Comarca han sido atacados una docena de veces y hasta ahora no han identificado, mucho menos detenido, a ningún responsable. La pregunta es pertinente porque si los agentes federales no pueden ni protegerse ellos mismos lanzando una ofensiva contra los grupos criminales que les han matado a tres compañeros y herido a unos 10 más, menos van a poder proteger a la población. Se dice que los muchachos de Genaro García Luna quedaron desprotegidos pues su jefe en la Ciudad de México estaba más preocupado por salvar su feudo. Pero ahora que la Secretaría de Seguridad Pública está en vías de desaparecer la cosa se puede poner peor porque se crearía un vacío en la línea de mando de la Policía Federal que tardaría varios meses en llenarse mientras se completa el traslado a la Secretaría de Gobernación. Algo similar ocurre en el Ejército, donde los altos mandos están más preocupados por saber quién se quedará con la cuarta estrella del secretario de la Defensa. A nivel nacional la incertidumbre generada por el cambio de gobierno no se resiente tanto debido a que las últimas estadísticas indican que la violencia criminal va a la baja. El problema es que cuando las cifras se ven por regiones, hay algunas que no comparten la tendencia positiva y La Laguna, desafortunadamente, es una de ellas.
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Luego de que el exgober Humberto Moreira lanzó su peregrinación de entrevistas para declarar su inocencia por la deuda que dejó su administración, en la Urbe de Adobe ocurrió un interesante cónclave con la participación del jefazo de la Auditoría Superior del Estado, Armando Plata, el secretario de Fiscalización, Jorge Verástegui, y el subsecretario de Egresos, Armando Rubio. Coincidió que ese día nuestros subagentes habían recuperado datos de la Cuenta Pública de 2010 que señalan que el gobierno de Coahuila contrató más créditos en tiempos de don Humberto que los que el exgober está dispuesto a admitir. Los subagentes en la peronera capital comentan que la reunión versó sobre los contratos de créditos de la pasada administración y la integración de un expediente que el gober Rubén Moreira pueda tener a la mano si un día de éstos se anima a aclarar todas las travesuras del pasado gobierno. Es posible que ese reporte salga a la luz en estos días, pues las malas lenguas comentan que don Humberto prepara otra “revelación” para robarle reflectores a don Rubén en su primer informe, que será el próximo jueves en Torreón. Y es que el exgober Moreira ya se aficionó a entrometerse en agendas mediáticas, como lo está haciendo con la “luna de miel” que quiere tener el presidente electo Enrique Peña Nieto en la transición. Porque ahí anda don Enrique presentando iniciativas de transparencia y comisiones anticorrupción y diciendo que su gobierno será honesto y responsable en las finanzas, mientras el exgober de Coahuila le recuerda a todo el país los abusos de gobiernos priistas, con lo cual sugiere que chango viejo no aprende maroma nueva.
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Si ya estaba escondido para evadir los casos de empleados municipales sorprendidos en robos, el contralor Lauro Villarreal se hundió más en su agujero para no meterse en la polémica entre el tesorero Pablo Chávez Rossique y directores municipales que se acusan mutuamente de manejar mal el presupuesto. Como se sabe, don Pablo acusó a los directores del DIF, Dulce Pereda, y de Desarrollo Social, Shamir Fernández, de malgastar el dinero de sus dependencias porque hacen sus cuentas en servilletas, mientras los funcionarios reviran que la Tesorería los tiene con la cuenta corriente en ceros. Don Shamir ya sugirió que el contralor fue el responsable de autorizar que fluya el dinero y que el tesorero lo habría desobedecido, pero hasta ahora don Lauro no ha dicho esta boca es mía y el alcalde Eduardo Olmos menos. Pero el problema para don Lalo es que las dependencias que hoy reclaman que les suelten presupuesto serán clave en las elecciones del año próximo cuando tendrá que darle un impulso electorero a los programas sociales en la renovación de la alcaldía. El primer paso para crear la red clientelar ya se dio, con el aumento en la nómina para el próximo año, lo que anticipa la entrada de operadores electorales y seguramente en los próximos meses el problema de dinero para programas sociales desaparecerá por arte de magia.
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Los flamantes senadores de la República no llevan ni tres meses calentando escaños y resulta que la Navidad les llegó adelantada. O quizá fue un bono por el Día de la Revolución, pero gracias a la generosidad de la Mesa Directiva, que preside el panista Ernesto Cordero, cada uno de los 128 senadores recibió 250 mil pesillos para comprarse un carro que les permita moverse a gusto en la Ciudad de México sin necesidad de andar parando taxis o peor aún (Dios los libre) subirse al Metro. Don Ernesto justificó el “sablazo” de 32 millones de pesos al erario como “un ahorro”, seguramente bajo la misma lógica que sustentó su afirmación de que una familia vive bien con 6 mil pesos mensuales. Nuestros subagentes ignoran qué modelo van a comprar los laguneros beneficiados, Luis Fernando Salazar, Braulio Fernández Aguirre y Leticia Herrera. Pero si un día los ve estrenando carro, sería bueno recordar dos cosas. Una, que vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. Y dos, que Adolfo López Mateos tenía mucha razón cuando dijo que el Senado es “el estado perfecto del hombre”.