Pese al discurso oficial y las posturas triunfalistas que suelen asumir los gobiernos cuando tocan el tema, la violencia en el país no da tregua ni respiro. Las noticias de los últimos días así lo demuestran. Brutales homicidios múltiples, asesinatos de periodistas, ataques a medios de comunicación, desapariciones, balaceras en centros comerciales, robos violentos y atentados contra policías, forman parte de la crónica diaria de la vida nacional y regional. Pero tal parece que las autoridades han asumido esta situación como parte de la normalidad, como la lógica consecuencia del combate a la delincuencia.
Con total irresponsabilidad, desde hace por lo menos un lustro se ha pretendido instalar en la opinión pública la idea de que un indicador evidente de que se está ganando la lucha al crimen es precisamente el aumento de la violencia. Incluso, han llegado a decir que la situación va a estar peor, puesto que no se le dará tregua a los grupos delincuenciales y éstos, en la medida que sean golpeados, más agresivos se volverán.
Más allá de que en la lógica bélica esto sea o no verdad, la visión de las autoridades deja de lado por completo el aspecto más importante del problema: las consecuencias que tiene la violencia en la sociedad y el impacto en las víctimas directas e indirectas. Hoy decenas de miles de familias sufren por la pérdida de un integrante o, en el mejor de los casos, por la afectación a su patrimonio. Y en vez de establecer una política de contención de efectos y atención a víctimas, las autoridades sólo dan el mensaje de que ante esta dura realidad, hay que resignarse. Su pérdida, es parte de los daños colaterales de esta lucha.
Frente al daño social, la Ley de Víctimas recientemente aprobada por el Congreso se antoja una medida tardía e insuficiente aún, puesto que para hacerla válida se requiere de un armazón institucional con el cual todavía no se cuenta. Sin embargo, no puede dejarse de lado este esfuerzo, que es uno de los principales logros del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por Javier Sicilia.
El problema es que, según lo que hemos visto hasta ahora, la forma en la que está planteada la lucha contra la delincuencia sigue relegando a los ciudadanos afectados a un papel secundario y continúa propiciando la descomposición social que es el caldo de cultivo del que se alimenta la delincuencia. La inseguridad pública, la incertidumbre legal, la confusión institucional que hoy se viven quizá sólo sean comparables con las que se vivieron en tiempos de la revolución y años inmediatos posteriores.
Y con lo anterior, resulta preocupante que, en medio del proceso electoral, hasta el momento los cuatro candidatos a la Presidencia de la República no han logrado establecer un verdadero debate sobre el futuro de la lucha contra el crimen, la cual, no nos confundamos, tiene que darse, pero de una forma distinta y con una estrategia en donde la ciudadanía sea la figura central. De lo contrario, la violencia que hoy padecemos se convertirá en un laberinto sin salida. ¿Lo sabrán los aspirantes?
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