¿Qué nos pasó como sociedad? Es la primera pregunta que debemos tratar de responder para entender la ola de violencia que ha azotado a la región en los últimos cinco años. Responsabilizar de todos nuestros males a la lucha contra el crimen organizado resulta simplista, porque sin duda los gobiernos estatales y municipales de Coahuila y Durango, así como los ciudadanos tenemos gran responsabilidad en la inseguridad que actualmente padecemos.
La violencia no surge por generación espontánea, así que es importante preguntarnos en qué fallamos para que a un joven le sea más atractivo ser delincuente que licenciado o albañil. Sin duda los datos que arroja el Monitoreo de Incidencia Delictiva de La Laguna realizado por el Observatorio Nacional Ciudadano por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, el centro de estudios México Evalúa y el Consejo Cívico de Instituciones Laguna, nos obliga a hacer un alto en el camino para reflexionar y diseñar estrategias que nos permitan recuperar la paz perdida.
Según el estudio, la zona metropolitana de La Laguna tuvo en 2011 una tasa de 62.7 homicidios por 100 mil habitantes, el doble de las tasas a nivel nacional (32.7) y de Coahuila (33.9). La cifra es ligeramente superior a la tasa de Durango (62.5), que es la quinta entidad más violenta del país. El mismo estudio indica a partir de 2010, ocho de cada 10 homicidios dolosos en la Zona Metropolitana de La Laguna han ocurrido en Torreón y Gómez Palacio, mientras que la tasa de robo de vehículo con violencia en la Zona Metropolitana de La Laguna en 2011 fue 3.5 veces mayor que la nacional.
De ahí la importancia de diseñar políticas públicas que en realidad busquen una solución de fondo al problema de la inseguridad, ya que hasta el momento los operativos de los cuerpos policiacos de los tres niveles de gobierno no han dado los resultados esperados, de ahí que la espiral de violencia siga en ascenso.
Marco Zamarripa, director del Consejo Cívico de Instituciones de La Laguna, es contundente al afirmar que en diversas regiones del país, la ola de violencia y criminalidad va en aumento, a pesar de los operativos del Gobierno federal, lo cual demuestra la necesidad de reformular la estrategia de seguridad, para que no esté basada únicamente en una óptica de contención, sino de reconstrucción del tejido social del país.
Pedro Salazar, investigador de la UNAM, en su libro Mano Dura, editado por Océano, advierte que una sociedad que vive con miedo es más proclive al surgimiento de gobiernos totalitarios e incluso a renunciar a sus derechos y libertades bajo la promesa de recuperar la tranquilidad. Finalmente eso es lo que ha sucedido, cuántos de nosotros hemos aceptado la instalación de retenes, renunciando así a nuestro derecho de libre tránsito con la esperanza de recuperar la paz. Toleramos los abusos de los cuerpos policiacos y criminalizamos a todas las víctimas de los homicidios. Si alguien muere es porque se lo merecía. Esa ha sido la premisa de los últimos años.
De manera textual el autor afirma: "La promesa de seguridad muchas veces viene acompañada de un endurecimiento estatal, de una reducción de libertades que nos desvían de la democracia constitucional y que, al final tampoco nos traen la seguridad que prometen".
Edna Jaime, directora de México Evalúa, afirmó en días pasados que la violencia en La Laguna es inaceptable, pero insiste, a diferencia de las autoridades, ésta no se limita al enfrentamiento de bandas criminales. Sin duda es una variable importante, pero en la sociedad por mucho tiempo se gestó un caldo de cultivo donde la violencia encontró campo fértil. Recordemos los estudios de violencia de género realizados por la Universidad Iberoamericana Plantel Laguna, donde se advertía del crecimiento de este fenómeno.
Hemos perdido nuestra capacidad de asombro. Vemos a la violencia como parte de la cotidianidad, lo cual es un error. Como ciudadanos estamos obligados a vigilar y exigir resultados, pero también a participar en la solución de los problemas. Por lo tanto la creación del Monitoreo de Incidencia Delictiva de La Laguna es positiva, pero este esfuerzo de nada servirá si la sociedad no se involucra en su conjunto en la solución de problema.
La misma Edna Jaime, directora general de la organización México Evalúa, coincidió en que el problema de la inseguridad no se va a resolver mediante operativos federales, sino con la participación ciudadana.
Son muchas las voces de especialistas que han investigado el fenómeno de la violencia en América Latina que advierten: "la ciudadanía necesita la construcción de la ciudad como ámbito más inmediato, natural, personalizado y humano donde se expresan los conflictos, mediaciones, intereses y valores que refuerzan el concepto de seguridad. En la ciudad se produce el anclaje concreto de la ciudadanía", de ahí la importancia de rescatar los espacios público y trabajar de manera conjunta para recuperar la paz.
El primer paso para resolver el problema es reconocer que existe, de ahí que resulte lamentable que autoridades de Coahuila y Durango hayan descalificado el Monitoreo de Incidencia Delictiva, argumentando que todo se debe a los enfrentamientos que hay entre bandas de criminales. No debemos perder de vista, si el espacio público se segrega y se deteriora, se rompe el esqueleto del capital social comunitario (Lunecke y Eissmann, 2005) y por desgracia eso está pasando en nuestra región.
Lharanda@elsiglodetorreon.com.mx
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