Fernando Armindo Lugo Méndez, un antiguo obispo católico que sorprendió en 2008 al ganar las elecciones presidenciales paraguayas y derrotar al poderoso Partido Colorado, vive hoy sus horas más críticas en el poder.
La Cámara de Diputados aprobó este jueves por abrumadora mayoría (76 votos a favor y uno en contra) realizar un juicio político al mandatario, menos de una semana después que un fallido intento de desalojo de una hacienda ocupada por campesinos sin tierras dejó 18 muertos.
Nacido el 30 de mayo de 1951 en San Pedro del Paraná, una localidad del departamento de Itapúa (en el sur del país), se inmiscuyó en política y dejó el ministerio religioso en 2006, para preparar su postulación a la Presidencia al frente de una coalición.
Su victoria el 20 de abril de 2008 terminó con el continuismo de más de 60 años del conservador Partido Colorado, y llenó de euforia a una gran porción del pueblo que no compartía la acción de ese sector político que respaldó la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).
El discurso pre y postelectoral del exprelado había llenado de esperanzas al pueblo, especialmente porque se presentó como líder del “gobierno del cambio”, que traería profundas transformaciones en la vida de los habitantes de la República.
Nada de eso logró en casi cuatro años al frente del Poder Ejecutivo, y por el contrario, Lugo siempre estuvo rodeado de escándalos, en especial denuncias de la paternidad de al menos cuatro menores por parte de mujeres con las que mantuvo relaciones mientras era obispo.
Igualmente, fue denunciado muchas veces por nepotismo, al ubicar a varios familiares, especialmente a hijos de su hermana que funge como primera dama de la Nación, en importantes cargos públicos sin concursar, y con jugosos sueldos.
Según la prensa y sectores políticos antagónicos, la corrupción siguió campante hasta ahora con el gobierno de Lugo, quien fue criticado por apoyar abiertamente a un sector de la población muy radicalizado, como el de los campesinos sin tierras.
Otro hecho que enturbia su misión ha sido el supuesto respaldo al extremista Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que no ha sido desmantelado y frecuentemente aparece como autor de actividades terroristas en el interior del país sudamericano.
El último grave enfrentamiento entre policías y campesinos invasores ilegales, que dejó 18 muertos (seis policías), fue el detonante de la situación actual, al que se agrega la considerada tibia reacción del titular del Ejecutivo.
