Uno de los grandes retos para el desarrollo con equidad es la implementación de los derechos de la mujer al suelo, propiedad y vivienda, acceso a servicios sociales posibles, así como a créditos y subsidios para la vivienda. En México para poder enfrentar este reto, se ha dado una larga lucha de la sociedad civil para destinar un presupuesto específico dirigido a las mujeres.
Por ello, el 2 de abril de 1981 se publica en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se autoriza la creación del Fondo de Habitaciones Populares (FHP), para satisfacer las necesidades de vivienda de los hogares en situación de pobreza patrimonial para que, a través de un subsidio, adquieran, construyan o mejoren su vivienda y consoliden así su patrimonio familiar.
Cabe destacar que el presupuesto destinado al programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda. Transversalidad Erogaciones para la Perspectiva de Género ha ejecutado hasta el 2010 un total de 32,169 subsidios a Mujeres Jefas de Familia, equivalente al 58.3% del presupuesto anual total, que asciende a 732.51 millones de pesos.
Ya que las carencias de una vivienda, tales como la infraestructura, servicios y la organización del espacio interior y su entorno, inciden de manera diferenciada en las mujeres dificultando su desarrollo y realización personal así como la posibilidad de alcanzar un mejor nivel de bienestar.
Asimismo existe un problema cultural relativo al género, asociado a la distribución inequitativa de responsabilidades y la consecuente asignación desigual del tiempo dedicado a las tareas del hogar, y a garantizar la provisión de los servicios en la vivienda.
Cuando los servicios básicos de infraestructura no están satisfechos, son las mujeres las que cubren mayoritariamente tales carencias con jornadas de trabajo doméstico adicional, lo que implica un alto costo de oportunidad que les significa dejar de participar en las esferas extradomésticas.
Adicionalmente, está el papel que la mujer juega en la adquisición, construcción, equipamiento y mantenimiento de su vivienda, y la importancia que tienen las redes sociales y la comunidad en la que se encuentra inmersa para lograrlo.
Si bien existen asimetrías de género, como en el caso del desigual acceso a la propiedad y consolidación de una vivienda entre hombres y mujeres por diferencias en los ingresos y/o falta de políticas públicas que se dirijan a necesidades específicas de las mujeres, su participación en organizaciones y movimientos comunitarios no se ha visto limitada para trabajar en pro de una vivienda digna y, frecuentemente son las mujeres quienes dirigen o coordinan la lucha por la vivienda.
Por ello es necesario analizar los presupuestos gubernamentales desde una perspectiva de género a fin de seguir el cumplimiento de los compromisos sobre los derechos de la mujer y los derechos a una vivienda adecuada.