Las elecciones son un mecanismo sencillo y efectivo para simplificar el ejercicio de nuestra ciudadanía. En lugar de escoger una solución para cada problema, elegimos a una persona o a un partido político para que tome decisiones por nosotros. Así operan las democracias representativas, y en términos generales funcionan razonablemente bien. Finalmente, pocos ciudadanos tienen el interés o el tiempo o el conocimiento necesario para tener un punto de vista informado sobre absolutamente todo, y menos aún para convertir sus opiniones en una agenda concreta de gobierno.
El problema, sin embargo, es que los políticos saben que al pronunciarse sobre temas polémicos o al plantear acciones ambiciosas corren el riesgo de perder apoyo popular. Por ello, en lugar de utilizar sus campañas políticas para promover una agenda detallada y concreta y para construir una coalición que la respalde, prefieren seguir una ruta de mucho menor riesgo para ellos.
En el mejor de los casos, los candidatos acomodan sus propuestas a lo que les dicen las encuestas. Por ello, rara vez defienden en campaña propuestas que trasladen costos notorios al público, o que amenacen claramente a algún grupo de interés. Aún más frecuentemente, se conforman con transformar lo que les dicen los encuestadores en una lista de eslóganes sin contenido. "Decidamos Juntos", "Más y Mejor", o "Vamos Adelante" son ejemplos típicos.
Adoptar dicha estrategia electorera permite a los candidatos mantener su popularidad entre grupos de ciudadanos con valores y prioridades diametralmente distintos. Esto puede resultar indispensable para alcanzar el triunfo. Sin embargo, esta forma de hacer política también resulta en mandatos débiles y ambiguos para el ganador de la contienda. Una vez que el candidato gana sin prometer nada en concreto, ¿qué va a hacer en el Gobierno? ¿Y qué le podemos exigir los ciudadanos?
Mi impresión es que el margen de acción del candidato que gana de esta manera queda innecesariamente acotado. Toda intervención de gobierno, por más razonable, por más conveniente, por más justificada, generará una reacción de alguien. Y por ello, cuando la agenda del gobernante no viene respaldada por una discusión pública previa, que haya sido capaz de generar un consenso social mínimo sobre su conveniencia, queda desprotegida y vulnerable.
Tengo dos ejemplos en mente. Miguel Mancera ganó la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por un abrumador margen, y sin que su triunfo estuviese nunca en riesgo. Sin embargo en ningún momento de la campaña planteó alguna propuesta verdaderamente arriesgada. Creo que perdió la oportunidad de generar un mandato claro para impulsar algunas ideas polémicas, pero quizá convenientes, como cobrar peaje en la parte del segundo piso que actualmente es gratuita o proponer una sobretasa a la gasolina para financiar una ampliación radical del Metrobús y del Ecobici. Creo que alguien que tiene 30 puntos de ventaja sobre su más cercano competidor podría arriesgarse a plantear cosas que nos invitaran a soñar, como la idea de recuperar el río que hoy es ocupado por el Viaducto Miguel Alemán.
Por otro lado, pienso en el alcalde de Saltillo, que hace meses canceló su valiente propuesta de peatonalizar la calle de Victoria, en el Centro Histórico. Bastaron días para que un centenar de comerciantes establecidos detuviera y descarrilara un proyecto que transformaría el corazón de la ciudad en beneficio de miles. Lamentablemente, la falta de un mandato validado en las urnas negó la posibilidad de argumentar contundentemente que esta idea no era la ocurrencia de un alcalde, sino un compromiso con la Ciudad.
Escribo esto pues he estado reflexionando sobre algunos de los resultados de las elecciones celebradas el martes en los Estados Unidos. No me refiero a la reelección de Barack Obama como presidente, sino a la multiplicidad de asuntos que fueron a sometidos a la decisión del electorado a nivel local. Colorado y Washington legalizaron el consumo de marihuana. Maine, Maryland y Washington aprobaron el matrimonio de parejas homosexuales. Y media docena de ciudades decidi→ → o sobre incrementos de impuestos que podrían financiar inversiones importantes para sus sistemas de transporte urbano.
Estas medidas son tan polémicas, que su implementación sería difícil sin aprobar antes el examen de las urnas. Por supuesto que esta ruta no es conveniente ni práctica para toda decisión gubernamental, pero quizá deberíamos tomar nota. A veces es más trascendente votar por algo que votar por alguien.
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