La única duda que resta -antes de ir a las urnas- es saber si la persecución del crimen o éste como tal jugarán en los comicios.
¿Por qué tan impertinente pregunta? Por varias razones, la principal: el vínculo entre política y crimen es uno de los ejes del discurso oficial -tanto de la administración calderonista como de la campaña albiazul-, como también de la práctica priista que no ha logrado establecer una clara frontera entre esas dos actividades.
Otra razón no menos importante. La constante tentación del calderonismo de utilizar como ariete electoral ese vínculo. Ejemplos de esto sobran, pero dos se constituyeron por antonomasia en la evidencia del uso de ese recurso: el michoacanazo, en mayo de 2009, significado en la detención de 35 presidentes municipales y funcionarios sin que ninguno quedara preso y, luego, la infructuosa intención albiazul de anular la elección de gobernador en esa misma entidad, noviembre de 2011, por la intervención del crimen en la contienda.
¿Habrá sorpresas antes, durante o después del día de los comicios, relacionadas con esa materia? De haberlas, ¿se conducirá la autoridad con la pulcritud que exige el momento o con la perversidad de aprovechar la circunstancia para lograr algún efecto en la contienda electoral, donde el partido albiazul no acaba de posicionarse como una fuerza competidora?
***
El peligro de que el narcotráfico pudiera infiltrar la residencia oficial de Los Pinos lo colocó sobre la mesa la propia administración calderonista.
En el ya muy remoto mes de febrero de 2009, Gerardo Ruiz Mateos, entonces secretario de Economía y hoy jefe de la oficina de la Presidencia de la República advirtió esa posibilidad y, desde entonces, ese fantasma lo ha agitado el calderonismo. Recientemente, el mismo mandatario tuvo una intervención que repuso el tema en la contienda electoral.
Al participar en el Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia, el 22 de mayo de este año, a partir del dogma de que la estrategia establecida contra el crimen es la única válida, Calderón preguntó: "¿Va a seguir o no la lucha por la seguridad? Eso, también, tenemos que decidirlo los mexicanos". Y, luego, planteó lo que a su parecer es la única disyuntiva posible. "Yo pienso que en materia de seguridad ese es el dilema: seguir enfrentado a los criminales y luchando por la seguridad o acomodarse con los criminales. Esa es, en síntesis, la alternativa: acomodarse a los criminales o enfrentarlos".
En la lógica presidencial no cabe otra opción: se combate o se pacta con los criminales. A tal postura, la cual cierra la puerta a la idea de replantear la lucha desde otra óptica y a explorar otros caminos que no sumen más muertos, se ha afiliado la candidata albiazul, Josefina Vázquez, quien no se cansa en repetir que ella, a diferencia de otros, no pactará con el crimen. Se dice diferente, pero en esa materia el discurso del gobierno y el partido es el mismo.
Poco a poco, ese discurso ha surtido efecto. En Estados Unidos, son cada vez más las voces de funcionarios de alto nivel de la DEA, de representantes y senadores republicanos manifestando preocupación por que el sucesor de Felipe Calderón no continúe con el combate al crimen. Apenas, hace unos días, el representante republicano James Sensenbrenner criticó directamente al abanderado priista, Enrique Peña.
"El PRI -dijo ese legislador- gobernó México durante 71 años, hasta 2000. Mientras estuvo en el poder, el PRI minimizó la violencia al cerrar los ojos ante los cárteles. El presidente actual, Felipe Calderón, ha cambiado esa estrategia y agresivamente confronta al crimen organizado". Y, de manera directa, criticó a Enrique Peña por tener como prioridad la reducción de la violencia y no el desmantelamiento de las organizaciones criminales. Así de maniqueo.
El discurso calderonista y el de su candidata es, curiosamente, el mismo que prevalece en los círculos legislativos, políticos y policiales conservadores de Estados Unidos. Está por verse si tal coincidencia en la percepción del problema es producto del cabildeo de la Embajada de México en Estados Unidos, que encabeza Arturo Sarukhán, y donde sobran los agregados militares, policiales y de inteligencia mexicanos, o si es producto de las fuentes de inteligencia estadounidense que, como la administración calderonista, ven en el priismo el "reacomodo" del crimen.
Gravísimo resultaría que así como la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República se han prestado a servir como un ariete político-electoral, ahora la Cancillería se integrará a ese juego: el ejercicio diplomático al servicio de tareas político-electorales con sesgo partidista.
Quizá, en esa percepción del vínculo entre crimen y política, encuentra explicación el anuncio hecho por el abanderado tricolor, Enrique Peña, de incorporar como su asesor al policía-estrella colombiano, el general Óscar Naranjo. Quería mandar un mensaje hacia adentro, pero sobre todo hacia fuera del país, dejando sentir que no aflojará en el combate al crimen.
***
Como quiera, el fantasma del vínculo entre crimen y política flota en el ambiente electoral y no sería novedad que, de pronto, reapareciera la tentación de usar al combate al crimen como un recurso político.
En esa posibilidad, no puede perderse de vista lo ocurrido en Michoacán a finales del año pasado. La queja de Luisa María Calderón, hermana del presidente de la República, y de éste mismo de que el crimen les ganó la gubernatura constituye un antecedente que se podría practicar, ahora, en la elección presidencial. En aquella entidad, la administración calderonista, la candidata y el partido albiazul dejaron correr la elección hasta al punto de llegar a las urnas para, luego, al ver los números, litigar en el Tribunal la validez de los comicios. El Tribunal desechó el recurso, pero éste se empleó.
Si más de una vez se ha echado mano del vínculo crimen y política para tener un efecto electoral, no tiene por qué desconsiderarse esta vez. Menos aún cuando esa liga aparece como eje tanto en el discurso del gobierno como en el discurso de campaña. Quizá, en los números que arrojen las últimas encuestas sobre preferencia electoral o en los números que, en su momento, arrojen las urnas se cifra la posibilidad de echar mano de ese recurso, cuyo terreno ha abonado el discurso.
Por eso preguntar si la persecución del crimen o éste como tal jugará antes, durante o después de los comicios puede resultar impertinente, pero no indebido.
sobreaviso@latinmail.com
