Dos preguntas recurrentes de los lectores nos han llegado durante los últimos días: 1. ¿Realmente es posible anular o invalidar una elección presidencial?, y 2. ¿Qué pasa si así ocurre? La lógica dice que si hay un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para calificar la elección presidencial, igual puede validarla que invalidarla.
En 2006 la ley precisaba algunas causales de anulación y abría esa posibilidad a la violación de principios constitucionales en la materia: elecciones libres, equitativas, auténticas. Los magistrados del Tribunal Electoral -según me explicó su ex presidente Leonel Castillo- le llamaron "causal abstracta de nulidad" ya que no se refería a causas concretas especificadas en la legislación.
Pero las reformas de 2007 fueron más específicas en las causales de anulación y desecharon la "causal abstracta de nulidad". Esto, sin embargo, no desecha la posibilidad que se dictamine invalidez por violación a principios constitucionales.
Las pruebas de dichas violaciones tendrían que ser contundentes, pero la posibilidad de anular la elección es real aunque muy difícil.
Ahora bien, si el TEPJF dictamina que la elección presidencial no es válida, entonces empieza el siguiente proceso establecido en el artículo 84 de la Constitución:
1. Los diputados y senadores de la nueva Legislatura, esto es, la recién electa, la deberán constituir en un colegio electoral, para lo cual deberán concurrir dos terceras partes de sus integrantes, es decir, 420 legisladores entre diputados y senadores.
2. Ese colegio electoral nombraría, por escrutinio secreto y mayoría absoluta, es decir, las dos terceras partes de los presentes, a un Presidente interino que tomaría posesión el 1 de diciembre, al concluir el periodo de Felipe Calderón.
3. El Congreso deberá convocar a elecciones en los siguientes 10 días (a más tardar el 10 de diciembre) que se realizarían en un plazo no menor de 14 ni mayor de 18 meses, esto es, entre el 1 de febrero y el 1 de junio de 2014.
4. Participarían los mismos candidatos u otros, menos quien haya sido nombrado Presidente interino y que encabezaría un mandato de cuando menos un año y medio.
No quedan claros los pasos subsecuentes de cómputo, impugnaciones y declaratoria de validez, pero seguramente se ajustarán a lo que marca la legislación.
INSTANTÁNEAS
1. REFORMA POLÍTICA. Entre las acciones anunciadas en convención de Atenco el fin de semana pasado entre el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el movimiento juvenil #YoSoy132 y otras agrupaciones de la sociedad civil para evitar lo que llaman la "imposición de Enrique Peña Nieto", está el cerco al Palacio Legislativo de San Lázaro el próximo 1 de diciembre. Para entonces, sin embargo, estará vigente la reforma política que agrega al artículo 87 de la Constitución la posibilidad de que el Presidente electo rinda protesta, si no puede hacerlo en sesión de Congreso General, ante las mesas directivas de las Cámara de Diputados y de Senadores o bien, ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La reforma política que incluye esta nueva disposición fue aprobada en el pasado periodo ordinario de sesiones y ayer estaba avalada por 17 Congresos locales, es decir, las dos terceras partes requeridas para dar por aprobada la reforma constitucional. De manera que es muy probable que la Comisión Permanente apruebe hoy esas modificaciones constitucionales.
2. QUÉ MÁS. Otras novedades de la reforma política de marras son: las candidaturas independientes, la participación e iniciativas ciudadanas, la consulta popular y la iniciativa preferente. Con esta última, el Presidente podrá presentar dos iniciativas con ese carácter, esto es, con un plazo específico para que sean dictaminadas, discutidas y en su caso aprobadas.
3. COMISIÓN. El Diario Oficial de la Federación publicó ayer los nombres de los magistrados electorales que conformarán la comisión dictaminadora de la elección presidencial. Son: Constancio Carrasco Daza, Flavio Galván Rivera y Salvador Olimpo Nava Gomar.
4. PREMIO. La Cámara de Diputados y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas entregarán mañana en el recinto legislativo de San Lázaro el Premio Nacional de Finanzas Públicas 2012 al licenciado Julio César Ruiz Álvarez. Egresado del ITAM y realizando una maestría en la Universidad de Columbia, recibe el galardón por el trabajo El impuesto a los depósitos en efectivo: un incentivo a la informalidad.
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@RaulRodriguezC