Desde hace por lo menos cinco años se ha venido hablando de forma recurrente de la integración de la zona metropolitana de la Comarca Lagunera. Las circunstancias históricas, económicas y demográficas han forzado a gobiernos y partidos a incluir el tema en sus discursos. De tal forma que no es raro hoy escuchar a alcaldes, diputados y gobernadores hablar sobre estrategias y promesas para tratar de poner orden en un área urbana que excede a cuatro municipios y abarca dos entidades federativas. Sin embargo, muy poco se ha avanzado hasta ahora en pos de la consecución del objetivo. El corazón de La Laguna sigue siendo una zona desarticulada, un amasijo donde cada vez resulta más difícil convivir.
Las causas del escaso avance en este sentido podemos encontrarlas en la falta de coordinación de las autoridades de ambos lados del río Nazas; la ausencia de voluntad real por parte de las mismas para hacer frente a los problemas; la inexistencia de una planeación consensuada, y, hay que decirlo, el desinterés de un amplio sector de la ciudadanía. Se esbozan algunas propuestas, sí, pero éstas tienden a perderse en el vaivén de las olas de la agenda electoral, que es la que más importa a nuestros gobernantes. Y, como se sabe, esta región padece la peculiaridad de tener elecciones casi todos los años.
En este contexto, no es de extrañar que hasta ahora sólo la aplicación de los recursos del fondo metropolitano se haya realizado con relativo éxito. Actualmente, las únicas obras de relevancia que caminan sin retraso son las que se construyen con el dinero que, año con año, asigna la Federación a las entidades para ser ejercido en esta región. Y puesto que dicho recurso bien puede servir de sucedáneo a la inversión pública estatal, que en esta comarca ha sido mucho menor a la aplicada en las capitales, se entiende la presteza e interés de los gobiernos a la hora de recibirlo y ejecutarlo. Pero hasta ahí se han quedado.
Si la problemática de la zona metropolitana se resolviera sólo con recursos, quizá no estaríamos tan rezagados. Desgraciadamente no es así. La dinámica integradora que impone el pulso socioeconómico a Torreón y Matamoros, en Coahuila, y a Gómez Palacio y Lerdo, en Durango encuentra más obstáculos que estímulos en asuntos como la normatividad, la seguridad y el transporte.
Respecto a la normatividad, el único "logro" que se observa es el acuerdo de restringir la expedición de permisos vehiculares para circular sin placas, que tiene que ver más con los afanes de recaudación -vía el plaqueo- de los gobiernos estatales, que con el supuesto argumento de seguridad. Pero, por lo demás, los procedimientos administrativos, los reglamentos y leyes, los criterios institucionales siguen siendo distintos, a veces hasta opuestos, en los cuatro municipios.
En materia de seguridad, la incoordinación ha sido la constante y una de las causas principales de que el fenómeno de la delincuencia haya crecido a niveles que ubican hoy a Torreón y su área conurbada en el lugar número siete de las ciudades más violentas del mundo. Lo cual no ha sido suficiente acicate para que las autoridades locales y estatales diseñen una verdadera estrategia integral y regional de seguridad. Una estrategia que nada tiene que ver con la precipitada "Policía Metropolitana", lanzada apenas la semana pasada, sin marco legal ni funciones claras, y para la que se dispuso de elementos de las corporaciones estatales de Durango y Coahuila que no están debidamente uniformados y que responden a jefes distintos. Todavía es un misterio, incluso para autoridades locales -como la alcaldesa de Gómez Palacio-, la labor a desempeñar por este nuevo cuerpo policiaco. ¿Qué tareas va a desarrollar que no puedan hacer las demás policías? Esta pregunta aún no ha encontrado su respuesta.
En cuanto al transporte, basta revisar la multiplicidad de jurisdicciones que prevalece en este importante servicio. Mientras que en Torreón el ayuntamiento es quien se hace cargo de regular a taxis y camiones, en Gómez Palacio y Lerdo es el Gobierno del Estado la autoridad a la que le compete. Pero el servicio de "transporte metropolitano", que cubre la ruta de las tres ciudades, corresponde a una dependencia federal supervisarlo. Y, nuevamente, la falta de coordinación motiva un desbarajuste que termina afectando al usuario, quien debe desembolsar diariamente un considerable porcentaje de su salario por un servicio irregular, lento e incómodo.
Pero ni siquiera en la obligación más elemental de los gobiernos, como lo es el cuidado de la salud pública, hay esfuerzos conjuntos dignos de aplaudirse. Frente al problema grave del hidroarsenicismo que padece la comarca, se propuso como medida a corto plazo la instalación de aparatos de filtración de agua. Pero en vez de aplicar la misma tecnología en ambos lados de la frontera estatal, en Torreón se optó por plantas potabilizadoras en las norias y en Gómez Palacio y Lerdo por la instalación de filtros en las casas, en un proceso en el que no han faltado los cuestionamientos por la opacidad con la que se ha conducido el Gobierno de Durango.
Si a todo lo anterior sumamos la ausencia de criterios unificados y de estrategias comunes en la planeación del desarrollo urbano y económico, podemos concluir que aún estamos muy lejos de conseguir la añorada integración de la zona metropolitana. Por eso es necesario que la agenda de este tema deje de estar secuestrada por las autoridades y los políticos regionales, y que sea la ciudadanía, mediante la participación informada y la vigilancia minuciosa, la que dé el empuje para alcanzar las metas que se tracen. Las circunstancias nos han unido casi por casualidad, deberíamos esforzarnos para dejar de padecerlas y poder aprovechar la oportunidad que nos brinda el ser parte de esta región sui géneris.
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