Las señales apuntan a que el pleito entre el Grupo México y el Grupo Aeroportuario del Pacífico tendrá su punto final en la Suprema Corte, dada la vista Constitucional que plantea al confrontarse un reglamento interno con una ley
Estamos hablando de los Artículos 10 y 11 de los estatutos sociales del consorcio aeroportuario, que impiden a cualquier particular, persona física o moral, acumular más del 10% de las acciones en circulación de éste, y la Ley del Mercado de Valores.
Como usted sabe, esta última consagra el derecho de los inversionistas de acudir libremente al mercado de valores sin racionar la posibilidad de compra de los títulos de una emisora.
El conflicto se inició hace tres años, cuando el Grupo México de Germán Larrea Mota Velasco acumuló una tenencia de 14% de las acciones de la serie B que representan el 85% del capital del consorcio de terminales aéreas, exigiendo dos asientos en el Consejo de Administración de éste.
A lo largo de los meses subsecuentes el llamado "rey del cobre" ha ido aumentando su tenencia hasta alcanzar 32.68%, lo que le daría derecho, en el papel, a seis consejeros.
En el intermedio, la emisora ha colocado diversos recursos jurídicos que han sido derribados por el Grupo México bajo el alegato de los jueces de que ningún estatuto puede estar por encima de una ley.
En el último capítulo de la telenovela se emitió una resolución que impide al GAP una disminución de capital aprobada por la asamblea, además de reparto de dividendos.
El principal argumento de defensa del consorcio de terminales aéreas se centra en el esquema con que fueron privatizados los aeropuertos durante el sexenio zedillista, en consonancia con el cual se redactaron los estatutos.
Como recordará usted, para facilitar la privatización y sortear las limitantes al capital extranjero, el capital de la empresa se dividió en dos series A y B. La primera, representativa del 15 por ciento del capital, se le dio calidad de control. La emisión por el 85% restante se lanzó dos años después de otorgarle las terminales a los tenedores del primer paquete.
Actualmente éste se divide en tres: Dos en poder de españoles, las firmas Abertis y Aena, y el restante en la firma mexicana Consorcio Integral de Aeropuertos, encabezada por Laura Díaz Barroso Azcárraga.
Hipotéticamente, pues, el Grupo México tendría el doble del capital del grupo de control, lo que le daría etiqueta de mayoritario.
El esquema es idéntico al que se utilizó durante el sexenio salinista para privatizar a Teléfonos de México, con la novedad de que entonces el paquete de control o serie A, representaba apenas el 4% del capital.
En abono a la causa del Grupo México está el caso Banamex-Vitro, en el que el primero, aparentemente a cuenta de clientes, acumuló una tenencia accionaria de la principal fabricante de vidrio en México de 13.25%, lo que resultaba contrario a lo dispuesto por los estatutos internos de la emisora, que impedían concentrar el 10% del capital en una sola persona física o moral.
Los jueces le dieron la razón a Banamex.
En el origen del periplo del Grupo México, éste había lanzado una oferta de compra hostil por el resto de las acciones en circulación de la serie B, que luego levantó de la mesa.
Se calcula que los papeles están en manos firmes al haberlos acaparado fondos de inversión de los Estados Unidos.
El pleito GAP-Grupo México a la Corte.
BALANCE GENERAL
El periplo de los promotores del centro de ventas y distribución al mayoreo de productos chinos a establecerse en Cancún bajo la denominación Dragon Mart para convencer al sector privado de su respaldo, acumuló un segundo fracaso.
No hubo forma de lograr el sí del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el ala documental del Consejo Coordinador Empresarial. La bandera esgrimida por los promovientes del proyecto es que el coso a construirse en un colosal terreno de Cancún tendría un pabellón permanente de productos nacionales.
Sin embargo, el organismo que encabeza Luis Foncerrada no sólo ratificó su rechazo a la posibilidad, sino pidió una evaluación urgente del proyecto a la Secretaría del Medio Ambiente y a la de Economía.
La paradoja es que los empresarios que quieren traer a China al paraíso del Caribe Mexicano ahora se dicen discriminados.
Sí… pero no.
De acuerdo con un análisis de Consultores Internacionales, la posibilidad de imponer un gravamen más elevado al consumo de alcohol podría ser un arma de dos filos, dada la proliferación de fabricantes de bebidas adulteradas que surten a tianguis, vendedores ambulantes, bares y los llamados antros.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Adicciones, los niveles de consumo, especialmente en jóvenes, se han disparado a pesar del sobreprecio que se impone a las bebidas.
Ente el 2001 y el 2011 el consumo se incrementó del 36.6% al 42.9% de la población, alcanzando un crecimiento en el caso de hombres del 11.5 al 17.4, y el de mujeres del 2.5 al 11.
El porcentaje restante corresponde a adolescentes.
CRECE MINERVA
Pendiente aún la resolución de la Comisión Federal de Competencia sobre la demanda planteada por la cervecera Miller y las firmas de cerveza artesanal contra el duopolio cervecero por desplazamiento indebido del mercado, la principal empresa del ramo está creciendo aceleradamente. Estamos hablando de la Cervecería Minerva que tiene su sede en Guadalajara.
La empresa invertirá 15 millones de pesos en una nueva planta en Zapopan, que le permitirá incrementar en 50% su capacidad instalada: de 10 mil saltará a 15 mil hectolitros por año.
SOCIALMENTE RESPONSABLE
Granjas Carroll de México recibió por séptima ocasión al hilo el distintivo de empresa socialmente responsable que otorga el Centro Nacional de Filantropía por sus programas de apoyo a las comunidades en que se ubica.
La firma porcícola tiene 16 granjas en los límites de Puebla y Veracruz, todas ellas con tecnología de punta.
Entre sus campañas está la reforestación, la elaboración de abonos orgánicos y estufas ecológicas, además de diversas jornadas de salud.