El Congreso de la Unión se alista para discutir la reforma energética y los nuevos alcances administrativos y financieros que tendría Petróleos Mexicanos (Pemex).
Aunque el debate se pretende dar en el siguiente período ordinario de sesiones que comienza en septiembre, tanto diputados y senadores de las distintas bancadas consideraron que el tema es inaplazable y que la discusión tiene que involucrar a todos los sectores de la sociedad.
El coordinador del PRI en el Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, aseguró que luego de los resultados del período extraordinario y de la presentación de la propuesta panista en esta materia, se debe empezar a debatir el futuro del sector energético.
"No está a debate la propiedad del Estado mexicano de los recursos energéticos, como establece el artículo 27 constitucional, pero debemos considerar la asociación con empresas del sector privado, nacional y foráneo, si deseamos alcanzar su explotación racional y sustentable".
El jueves pasado, el PAN presentó su propuesta de reforma energética, que plantea nuevas licitaciones donde podrán participar empresas privadas, lo que detonó una amplia discusión sobre el tema.
El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, anticipó que en este debate no habrá ni obstrucción legislativa (tomas de tribuna) ni social, porque darán una posición informada en la que expondrán la razones por la que la privatización de Pemex no es lo idóneo.
Anunció foros, consultas y campañas informativas con la posición sobre este tema y en los que participarán Cuauhtémoc Cárdenas, gobernadores y el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera.
En el PAN, diputados y senadores coincidieron en que la iniciativa que se apruebe no debe ser conservadora, pues se requieren cambios profundos para reactivar el sector.
Luis Alberto Villarreal, coordinador del PAN en San Lázaro, afirmó que hablar de una reforma energética es necesariamente hacer cambios constitucionales, pues hacerlo de otro modo sólo serían cartas de buenas intenciones.
Recordó que el objetivo de la propuesta panista es maximizar el valor de la renta petrolera, con un aumento calculado de 30 mil millones de dólares en asociaciones público-privadas; aumentar la competitividad a través de una reducción de 40% en el costo de la energía eléctrica y convertir al sector en un detonador de la economía, con un crecimiento adicional de hasta de dos puntos porcentuales del PIB.
