La gran lección que dejaron los comicios del pasado 7 de julio en 14 entidades de nuestro país es la reprobación ciudadana hacia candidatos y partidos políticos, reflejada en los porcentajes de abstencionismo. Alrededor de 60% de los ciudadanos renunció a su derecho al voto.
Una de las causas de ese hartazgo ciudadano la constituye las campañas de denostación, donde incluso vimos a dirigentes participando en spots desprestigiando a los adversarios, haciendo a un lado el propósito esencial de la gran inversión de recursos que se realiza en una campaña para dar a conocer ideas y propuestas.
No podemos soslayar que no hay correspondencia entre el número de personas que ejercen su derecho al voto y la cantidad de dinero que se eroga para organizar los procesos electorales, tomando en cuenta que se trata en todo momento de recursos públicos y, por citar un ejemplo, las elecciones federales realizadas el primero de julio de 2012 costaron al pueblo mexicano 18 mil 500 millones de pesos, que divididos entre los votos efectivamente sufragados, arrojaron un costo de 367 pesos por voto.
Pero más grave aún resulta que ante ese escenario, y sin que los tribunales electorales emitan su fallo para validar los procesos, salgan a la opinión pública casi en forma inmediata las voces que reclaman nuevamente cambios al marco jurídico electoral sin considerar en propuestas como la segunda vuelta los beneficios democráticos que aportarán, independientemente de que costaría nuevamente al erario.
Desde luego toda ley es perfectible, pero la sociedad espera que después de cualquier contienda los políticos nos demos tiempo para avanzar y construir en temas que impacten su desarrollo social y económico.
Llama la atención, por ejemplo, que en Baja California -única entidad donde hubo elección de gobernador- el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana reportara un índice de abstencionismo de 63.23%; o el caso de Xalapa, Veracruz, donde sorpresivamente la postulación de un gato -como forma de protesta- registró extraoficialmente más de 10 mil votos.
Hacer gobierno significa atender las demandas de los ciudadanos y propiciar condiciones que mejoren su vida cotidiana bajo reglas claras. La alternancia nos ha demostrado que los ciudadanos aprueban o reprueban el ejercicio gubernamental en todos los ámbitos. Ello nos conduce a reflexionar si el porcentaje de votos en favor del tal o cual candidato ganador es suficiente para ejercer el cargo con absoluta legitimidad, aunque la elección se realice con estricto apego legal.
Para candidatos, partidos políticos y gobernantes, ese abstencionismo debe ser motivo de analizar ¿cómo hacemos para devolverle a la política prestigio y credibilidad?, ¿cómo nos evalúan los ciudadanos?, ¿están conformes con que cada vez que haya elecciones se ponga en la mesa, una y otra vez, la necesidad de actualizar la legislación electoral?
Hoy el país aguarda de los actores políticos la aprobación del órgano nacional que será el encargado de combatir la corrupción o bien las leyes reglamentarias que darán cuerpo a las reformas educativa y de telecomunicaciones.
Con esas prioridades, vale la pena analizar si las campañas de lodo que agudizan la polarización y son capaces de juntar el agua y el aceite con el único propósito de acceder al poder por el poder, anteponen la vocación de servir a la gente.
Ante la claridad del mensaje ciudadano de no ejercer su derecho al voto, y con ello renunciar a ser parte en la toma de decisiones fundamentales, debemos centrar los esfuerzos y acciones en hacer más eficaces los lazos que unen a los partidos con los ciudadanos y sus demandas.
El reto será consolidar una auténtica legitimación de la aritmética electoral, para evitar que 40% de los votos de la lista nominal -en el mejor de los casos- sea suficiente para ejercer un cargo, aunque se actúe en el marco de la legalidad.
@analiliaherrera
Senadora de la República por el Estado de México
