Algo de los desarrolladores inmobiliarios han aprendido los políticos: en la preventa de sus proyectos hablan con lujo de detalle de los acabados, pero no de la obra negra.
Desde esa perspectiva, la preventa de los proyectos gubernamentales ha sido exitosa, tanto así que ha llamado la atención incluso de quienes recelan de las promociones del nuevo gobierno. Como quiera y sin ánimo de presionar con la fecha de entrega, conviene preguntar cómo va la obra. Vale porque en algunos casos ni siquiera se han empezado a excavar las zanjas y, en otros, donde se echó a andar la obra, parece haberse detenido.
Dicho en breve: los acabados se presentaron con detalle, pero de la obra negra falta conocer datos fundamentales.
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La importancia y el calado de la reforma de las telecomunicaciones y de la educación acaparan y concentran la atención, pero no son esas las únicas reformas promovidas. De hecho, antes de aquellas se hizo la preventa de otros proyectos que importan también porque, en el fondo, hablan del rediseño del gobierno, de su relación con los medios y la sociedad, así como de su postura frente a la rendición de cuentas y, desde luego, ante la corrupción.
Puede argumentarse que es prematuro pedir cuentas porque algunos de esos otros proyectos no están a punto y aún son objeto de ajustes, razón por la cual no se han presentado a la consideración de los proveedores que, en este caso, son los legisladores. Otros proyectos, sin embargo, sí se presentaron y asombra la lentitud impresa a su trámite legislativo.
Presentados o no, dictaminados o no, debería informarse del estado que guardan para valorar qué tanto de la preventa comienza a concretarse.
Después de todo, parte el ejercicio es impulsar la rendición de cuentas.
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Todavía en condición de presidente electo, Enrique Peña Nieto anticipó tres proyectos: uno relacionado con la contratación de publicidad del gobierno en medios de comunicación, otro con el combate a la corrupción y uno más relativo a la ampliación de las facultades del Instituto Federal de Acceso a la Información.
A cuatro meses de haberse iniciado su gobierno, el primero de los proyectos mencionados ni siquiera se ha enviado al Congreso de la Unión. ¿Qué fue de él? ¿Sólo fue una reacción al señalamiento del carácter mediático de la precandidatura del hoy mandatario? ¿Se sacrificó en razón del impulso a la reforma de las telecomunicaciones o se archivó debido a la presión de los medios que se verían afectados o, bien, se reconocieron las aristas de una legislación de ese carácter? Cualquiera que haya sido la razón para retrasar o abandonar ese proyecto, no estaría de más saberla, sobre todo si en la axiología del nuevo gobierno está la rendición de cuentas. Si se concluyó que la idea era un error, no está de más decirlo, sobre todo si se quiere impulsar una cultura política que no deje a la indiferencia o el olvido los proyectos que se emprenden.
La intención relacionada con la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción está atorada en comisiones del Senado. Se anunció, se dijo que el proyecto estaba a punto y esta es la hora en que nomás no se concreta. El retraso en la dictaminación ya tuvo un efecto negativo, dejó trunca la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública. Se aprobó la reforma en lo tocante al replanteamiento de la estructura de Gobernación, de Desarrollo Social y de lo que fue la Reforma Agraria, pero la Secretaría de la Función Pública se quedó en el limbo: ni desapareció ni existe porque, conforme a lo previsto, dejará su espacio a la Comisión. ¿Qué es de ese proyecto? Los casos de corrupción conocidos obligan a intentar la contención de ese fenómeno que tanto lastima las finanzas públicas, pero también la credibilidad en torno al propósito de poner un alto a ese cáncer.
La reforma al Instituto Federal de Acceso a la Información ahí va, pero no concluye. Pasó del Senado a la Cámara de Diputados y su trámite legislativo está atorado. Esa tardanza está provocando una mayor profundización de la crisis al interior de ese órgano. La comisionada Sigrid Arzt mintió al Senado, y éste, al menos hasta ahora, no ha reaccionado debidamente ante tamaña falta de respeto y, aunado a lo anterior, el presidente de ese órgano, Gerardo Laveaga, en el ánimo de asegurarse en el puesto, precipita acciones sin cuidar el debido procedimiento. En suma, Laveaga cuando no se cae, se tropieza. Sin certeza de cómo quedará ese Instituto y qué será de los actuales comisionados, el Instituto -una institución joven- puede perder parte del espacio y prestigio que conquistó.
Esos tres proyectos son importantes porque, en el fondo, habrán de acreditar o no el propósito gubernamental de transparentar su actuación.
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Otro anuncio de preventa que, hasta ahora, no pasa de esa condición, es el relativo al propósito presidencial de establecer condiciones y vigilancia al endeudamiento de los gobiernos estatales.
Hacia finales del año pasado y principios de éste resultó escandalosa la forma en que varios exgobernadores hipotecaron a sus estados, por no decir que los saquearon. Amparados en la subcultura de la impunidad, esos exmandatarios, así como algunos de sus colaboradores, llenaron sus alforjas y se fueron. La ausencia de esa legislación, junto al retraso en la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, vulnera la credibilidad en el propósito de acabar con esa expresión de la criminalidad, aquella donde los delincuentes ni siquiera corren los riesgos de los profesionales del crimen.
Si el anuncio de imponer control al endeudamiento de los estados no se concreta, repercutirá en el propósito de emprender una reforma fiscal. Si sólo se anuncia el deseo de obtener mayores recursos sin establecer ni garantizar su destino, encontrará resistencia. Para qué recaudar más si, a fin de cuentas, sólo se sabrá de dónde salen esos recursos, pero no a dónde llegan o, peor aún, quién se los lleva.
No se puede proponer modificaciones en los ingresos si no se hace lo mismo con los egresos. ¿Por qué está detenida esa iniciativa?
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Con esos anuncios de preventa, hay otros que no acaban de concluir su trámite legislativo. Falta dar los pasos necesarios para concluir el marco jurídico que, en principio, dará o no posibilidades al nuevo gobierno. Si esos pasos no se dan, será difícil erradicar la idea de que vendieron los acabados de un anhelo, pero sin cimientos ni obra negra.
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