En lo que pareciera el inicio de una acción jurídica contra Coca Cola Export Corporation, la filial en México de The Coca Cola Company, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal le turnó a la Procuraduría General de la República un voluminoso expediente por supuesta simulación en perjuicio del fisco.
Estamos hablando de dos tomos de mil 325 y mil 376 fojas con cuatro anexos, en cuyo calce se anota la posible comisión del ilícito penal de fraude por simulación que previene la fracción X del artículo 387 del Código Penal Federal.
El documento, fechado el 24 de mayo pasado y turnado al delegado de la PGR en el Distrito Federal por el Ministerio Público titular de la unidad "B-3", Benjamín Javier Morales Barroso, involucra también posibles delitos en agravio del Instituto Mexicano del Seguro Social.
La paradoja del caso es que hace unos meses la propia PGJ había determinado el no ejercicio de la acción penal sobre el asunto, pero dejaba la puerta abierta para remitirla a la PGR en caso de ubicarse responsabilidades en el ámbito federal.
El tema había sido saltado durante los últimos cuatro años de juzgado en juzgado, tras una demanda interpuesta por un exejecutivo de la firma, Ángel Alvarado Agüero, quien la acusaba de crear una empresa outsourcing denominada Servicios Integrados de Administración y Alta Gerencia, para mantener su propia nómina. Constituida la firma en 1986, ese mismo año la filial en México de la poderosa compañía de los Estados Unidos liquidó a todos sus empleados… para recontratarlos de inmediato en la outsourcing, intentando así separar su relación patronal.
En la maniobra la compañía eludió o minimizó el reparto de utilidades.
Los directivos de Servicios Integrales de Administración y Alta Gerencia, así como su representante legal, trabajan en Coca Cola México. El domicilio fiscal es el mismo. La bomba explotó cuando el entonces responsable de mercadotecnia en nuestro país de la empresa fue despedido, según su dicho por negarse a avalar una "estrategia" de la compañía para destruir a la competencia en los 700 mil puntos de comercio menudista en el país, y según la empresa, por violar sus códigos de ética.
Alvarado Agüero fue obligado a renunciar, encontrándose con la novedad de que su relación laboral no era directa, sino con la outsourcing.
A partir de ahí se acusó a la empresa de fraude fiscal calificado, fraude fiscal por evasión de impuestos, por simulación de contratos y por omisión a las cuotas obrero-patronales en perjuicio del Instituto Mexicano del Seguro Social. De acuerdo con una denuncia pública planteada en una asamblea de accionistas por el principal activista contra la empresa, Ray Rogers, paradójicamente accionista de ésta, el caso constituye "un doloroso drama de la vida real" ya que desnuda tácticas de intimidación de los abogados del corporativo, de engaño a los trabajadores al saltarse las normas internas de un país, y de burla para el fisco.
El quebranto a ésta, de acuerdo al activista se calcula en "cientos de miles de millones de dólares".
En el largo periplo el Senado aprobó un punto de acuerdo para exigir a la Secretaría del Trabajo su intervención en el asunto, y el entonces director general de Delitos Fiscales de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigación, Víctor Manuel Martínez Contreras, logró en noviembre del 2009 un oficio del administrador central de Planeación y Programación de Auditoría Fiscal Federal, Rafael Jaime Cantú Reyes, para rastrear los pagos fiscales realizados por tres empresas: The Coca Cola Export Corporation, Servicios Integrales de Administración, y The Coca Cola Company.
Coca Cola minimizó la denuncia. De hecho, su presidente mundial, Muhtar Kent, negó ante sus accionistas una y otra vez que estuviera en marcha un procedimiento que pudiera afectar a Coca Cola. La última vez fue en abril pasado.
Entre las pruebas aportadas por Alvarado Agüero está una copia certificada de un cheque que le entregó el cuatro de mayo de 2002 la firma Servicios Integrales de Administración de Alta Gerencia, en cuyo ángulo superior derecho aparecía el logotipo de Coca Cola.
Jaque al rey.
BALANCE GENERAL
De acuerdo a una entrevista concedida a la agencia Reuters por el subsecretario de Comunicaciones de la SCT, José Ignacio Peralta, con la llegada a escena de la reforma constitucional en materia de Telecomunicaciones se fragmentará el imperio del magnate Carlos Slim.
Según ello, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que sustituye a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, podría ordenar la venta de activos y aún dividir a empresas hegemónicas.
El esquema, según el funcionario, sería similar al que se utilizó en Estados Unidos con la empresa AT&T, o el coloso petrolero Standart Oil.
Esta última firma, como lo recordará usted, fue desmembrada en 34 en el año de 1911, en tanto la poderosa telefónica se fragmentó con un proveedor de larga distancia y siete operadores que nacieron como "Baby Bells".
A la letra, Peralta plantea que la industria sería como un edificio que es demolido y se reconstruye piedra por piedra. De acuerdo al funcionario la legislación dé a las autoridades el poder de reformar totalmente el sector, con capacidad de ordenar la venta de activos y hasta dividir las compañías completamente.
"Si bien es cierto que la regulación asimétrica nos va a llevar hacia mayor competencia, pues probablemente lo haga con una gradualidad que requiera de acelerarse".
América Móvil tiene 260 millones de suscriptores en telefonía inalámbrica en el Hemisferio. En México controla el 80% de líneas fijas.
A la callada, la juez del concurso mercantil de Mexicana de Aviación, Edith Alarcón, le dio lo que podría ser la última bocanada de oxígeno a Mexicana de Aviación, vía una tregua de 15 días para ubicar una empresa que la rescate, o de plano decretar la quiebra.
Incierta la primera alternativa, la segunda se discute bajo un escenario en que se permitirá surgir una suerte en Mexicana II, administrada por los trabajadores con los siete aviones que mantiene bajo custodia el Banco Nacional en Comercio Exterior.
La empresa regresaría como una alternativa distinta a Mexicana de Aviación, es decir, empezando por picar piedra sin rutas ni slots.
La posibilidad se discute en la Secretaría del Trabajo.
Colocada en ruta para cotizar sus acciones en las bolsas de México y Nueva York, la empresa aérea de bajo costo, Volaris, está transparentando pérdidas que se arrastran desde el año pasado y se profundizaron en el primer trimestre de éste.
De acuerdo a su propuesta de emisión, la firma encabezada por Pedro Aspe registró números rojos en el 2011 por 265 millones de pesos.
Al primer trimestre del año la caída fue de 64.6 millones de pesos, atribuible a un incremento en sus gastos operativos, básicamente el combustible, cuyo costo se incrementó 10.1%, además de la renta de equipos, que creció a su vez 15.4.
En paralelo, a la empresa le afectó la diferencia cambiaria.
