La Secretaría de Educación Pública (SEP) respondió a las empresas que participaron en la primera fase del proceso de licitación de 240 mil laptops que en todo momento actuó en estricto apego a la ley y ha sido respetuosa de "las garantías constitucionales de audiencia, legalidad y debido proceso".
Luego de que las empresas acusaran al titular de la SEP, Emilio Chuayffet Chemor, de realizar un "juicio político-mediático" y de violar el debido proceso, la dependencia emitió un comunicado en el que afirma que la rescisión administrativa de los contratos celebrados con las empresas Grupo Mercantil Te Prestamos, Integra Ingeniería y Corporativo Arca, "se llevó a cabo en estricto apego a lo ordenado por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público".
En el documento se explica que en cada uno de los contratos las empresas proveedoras se obligaron a entregar a la SEP, en un plazo que no debería exceder diez días naturales a partir de la fecha de firma, una fianza a favor de la Tesorería de la Federación por un monto equivalente al 10 % la cantidad total de cada contrato.
Durante la licitación las empresas no presentaron las fianzas en el plazo indicado, que ascendía a casi 80 millones de pesos, lo que motivó la rescisión en los términos del artículo 54 de la Ley.
La Secretaría asegura que en ese lapso las empresas proveedoras fueron oportunamente notificadas por escrito; expusieron lo que a su derecho convino; y "toda vez que no desvirtuaron su incumplimiento les fue notificada, en tiempo y forma, la rescisión con fundamento en la Ley y por los motivos expresados".
La SEP contaba con 15 días para definir quiénes serán las empresas que dotarán de computadoras a 240 mil niños de quinto y sexto grado de primaria en los estados de Colima, Sonora y Tabasco.
