Trabajo. El Consejo para implementar la reforma penal acordó la creación de 3 grupos de trabajo enfocados a revisar las necesidades presupuestales de Estados.
En la aplicación del sistema de justicia penal no hay margen para dilaciones, ni retrasos, aseveró el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
En la X Sesión Ordinaria del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, indicó que el reto es transformar dicho sistema para dar plena transparencia a la impartición de justicia. Con dicha acción será posible concretar un cambio cultural en el que la legalidad sea la vía para resolver las diferencias y abatir la impunidad.
En su calidad de presidente del Consejo de Coordinación, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) señaló que la modernización del Estado está en marcha, porque así lo han planteado las fuerzas políticas nacionales en el Pacto por México y así lo demanda la sociedad.
El sistema de justicia penal, enfatizó el funcionario federal, es una prioridad cuyo valor público es indiscutible por su trascendencia en hacer de México un país más justo. Se trata, añadió, del camino que se construye para recuperar la tranquilidad de las familias mexicanas, con el objetivo de convivir en un México más seguro y en paz.
La aplicación del nuevo sistema, dijo, es una prioridad para garantizar a la población el acceso expedito y transparente a la justicia, cuyo vértice sean los derechos humanos. Urgió por ello a cumplir con el mandato constitucional y lograr que en 2016 los juicios orales sean una realidad en todo el país.
Osorio Chong recordó que desde el inicio de la presente administración federal, se asumió el compromiso de consolidar la implementación del Sistema de Justicia Penal.
En la Sesión del Consejo de Coordinación celebrada en la sede de la Segob, se aprobó la incorporación a éste del secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray.
Además, se renovó el nombramiento de Alejandro Martí y de Orlando Camacho como representantes titular y suplente, respectivamente, de las organizaciones de la sociedad civil, mientras que José Antonio Caballero fue designado como integrante y representante del sector académico.
