El presidente del albergue para la atención de personas con VIH-Sida “Oasis San Juan de Dios”, Carlos Méndez Benavides, acusó a personal del Capasits-Mérida de incurrir en prácticas discriminatorias contra una migrante.
Dijo que la víspera, una trabajadora social del Centro Ambulatorio de Prevención y Atención en SIDA e ITS (Capasits), a la que llamaron “Lirio”, le negó la consulta “a una mujer que estaba en condiciones muy graves de salud y recién detectada” con la enfermedad.
Indicó que el alegato para negar el servicio público a esta persona es que carecía de seguridad social, dada la condición de migrante –ya que le exigían su forma migratoria F2-, ello pese a que estuvo en espera de atención por espacio cuatro horas y tras haberle realizado la prueba Western blot.
Afirmó que la actitud de la trabajadora del sector salud respondió a la indicación del médico “de primera vez”, Carlos Cabrera, quien se negó a atender a la pacientes “por no tener elementos certificados para incluirla en el programa Salvar”.
Lo preocupante, expuso, “es que existen fórmulas que permiten dar la atención pese al estatus de esta paciente, además de que los servidores públicos actuaron como agente de migración y policía ministerial”.
Subrayó que la actitud del personal auxiliar y médico del Capasits “puso en peligro la vida de la paciente, pues por la espera presentó un cuadro de anemia de menos de .6 de hemoglobina con intensos dolores de cabeza sintomáticos a toxoplasmosis o meningitis por criptococos.
Méndez Benavidez expuso que fue hasta el cambio de guardia vespertino cuando el médico Saulo Sánchez, “al ver la situación, intervino y le dio la consulta y rápidamente hizo la transferencia a urgencias del hospital”.
Refirió que a este suceso se suman problemáticas como falta de activación de la comisión de seguimiento de tratamientos antiretrovirales y atención, así como saturación de agenda de atención, y cuando esto sucede, los pacientes son enviados a asociaciones y albergues para que obtener sus medicamentos.
También, “la clínica se ha vuelto castigadora, pues cuando falla alguien en su cita porque no puede venir desde el pueblo o porque no le dan permiso en el trabajo, trabajo social niega la consulta y los medicamentos, agendando una nueva cita tres meses después”, lo que provoca fallas en el tratamiento.
A su vez, “la clínica niega seguimiento y tratamiento a personas con enfermedades de transmisión sexual, aun cuando éstas no sean seropositivas al VIH, pese a que la clínica fue creada para tal efecto”.
El presidente del albergue subrayó que las trabajadoras sociales no deben ser agentes ministeriales, migratorios o judiciales, “por el contrario, deben ayudar a la personas a acceder a los servicios de salud”.
Dijo que “no existe una buena coordinación con el hospital para aprovechar que a los pacientes que ya están detectados se les hagan sus laboratorios correspondientes de carga viral o CD4 y así reducir los tiempos y evitar muertes al no tener los elementos necesarios para acceder a sus tratamientos”.
