Las diferencias por el contenido de la nueva Ley de Amparo se extendieron ayer a organizaciones civiles.
Un grupo, entre las que se encuentra México SOS, Alto al Secuestro, México Unido Contra la Delincuencia, Mexicanos Primero e Iluminemos México, demandaron ayer en un pronunciamiento público frenar la reforma, pues consideran que es un retroceso en procuración de justicia.
La nueva ley, que ya fue aprobada por el Senado, está agendada para ser discutida hoy en el pleno de la Cámara de Diputados.
"El proyecto de dictamen (...) tiene fallas, errores e imprecisiones que afectan la esencia misma del amparo como instrumento fundamental para la protección de las garantías de los gobernados, especialmente con relación a los derechos de las víctimas.
"Las organizaciones de la sociedad civil pedimos a los legisladores escuchar las voces de los expertos y evitar se vulneren los derechos de los ciudadanos, ya que seremos los principales afectados si este proyecto se aprueba en las condiciones actuales", reclamaron.
Piden además incluir un artículo transitorio sobre las garantías que deben estar relacionadas con el sistema acusatorio, es decir con el nuevo sistema de justicia penal.
"Es fundamental la revisión y acuerdo de puntos específicos para no caer en la contradicción de aprobar una Ley de Amparo que genere incertidumbre jurídica a las víctimas", externaron.
En contraparte, otro grupo de 73 organizaciones encabezadas por el Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", Fundar y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, celebraron la inminente aprobación de la ley.
"Dentro de los aspectos más relevantes del proyecto de nueva ley se encuentra el reconocimiento del interés legítimo individual o colectivo, que permitirá la presentación de acciones legales para tutelar más efectivamente derechos de los pueblos y comunidades indígenas, ambientales, de los consumidores, entre otros.
"Asimismo, en el proyecto se reformula el concepto de autoridad responsable y se reconoce que para efectos del juicio de amparo los particulares tendrán esa calidad cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad", defendieron el proyecto.
Además estas organizaciones criticaron a quienes se han opuesto a la probación de la nueva legislación "centrados en defender sus particulares intereses de gremio".
Estas diferencias se suman a las que existen en la propia Cámara Baja, donde legisladores del PAN, PRD, PVEM , PT y MC se oponen a la redacción del artículo 129, pues consideran que le da un "excesivo poder a la autoridad", al establecer restricciones para el otorgamiento de una suspensión del acto reclamado.
En la fracción 13, una de las más controvertidas, se establece que habrá perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, si con la concesión de la suspensión se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo, lo que afectaría a los concesionarios de radio y televisión, así como a las empresas mineras.
