Colocadas una y una en el jaloneo de último minuto la posibilidad de un ingreso adicional de tres por ciento de IEPS a los alimentos calificados como chatarra, y en contraparte la exigencia de que sea el gobierno, no los trabajadores, quien financie el seguro de desempleo, el siguiente acto será la distribución del gasto.
En la mesa están cuatro billones 467 mil 225.8 millones de pesos, de los cuales dos billones 709 mil 961.1 provienen en estricto de impuestos, lo que representa la mayor suma alcanzada en la historia del país.
De este gran total, aún con los tributos derribados y los ajustes realizados a los previstos, el monto adicional de recursos con la reforma fiscal sería de 234.7 mil millones de pesos. A ellos se agregarían, en la magia del déficit ingresos-egresos de 1.5 por ciento del PIB autorizado, 260.9 mil millones de pesos, que provendrían de préstamos bancarios.
Criticada severamente la propuesta inicial del gobierno para la Ley de Egresos del año próximo, al plantearse un incremento de 10.1 por ciento en el gasto corriente, es decir, sueldos, salarios y prestaciones de la burocracia, y de sólo 7.9 en el de inversión, es decir, la construcción de infraestructura, el primer acto del Senado fue plantear un programa de austeridad.
Durante los últimos años, a diferencia del pasado cuando el gasto público detonaba la economía, el impacto de éste ha sido marginal. De acuerdo al Inegi entre el 2004 y el 2011 el incremento de valor agregado fue de sólo 0.8 por ciento en promedio anual, y de solamente 0.5 entre el 2006 y el 2011. El reto, pues, será utilizarlo como ariete frente a la posibilidad de recesión agravada por la catarata de impuestos, la imposibilidad de deducciones y la falta de estímulos para ramas estratégicas. El sector más golpeado hasta hoy, éste sí en franca recesión, ha sido el de la construcción, seguido de la industria de manufacturas de alto valor agregado, el transporte, energía, minería…
De acuerdo a lo previsto por la Secretaría de Hacienda, el mayor incremento en el presupuesto para el próximo año lo tendría la Secretaría de Desarrollo Urbano que sustituyó a la de la Reforma Agraria, con un salto de ¡349.8 por ciento!
La dependencia es una de las que tradicionalmente le arrienda ganancias electorales al partido en el poder, por más que a la otra en el objetivo común, Desarrollo Social, sólo le suban 20.9% en su presupuesto.
Para el Instituto Mexicano del Seguro Social el incremento presupuestario previsto es de 13.1%, aun cuando al ISSSTE se le aumenta el 27.3.
Y aunque se reduce en 13.6% el presupuesto para abonar el rescate bancario, es decir, el Fobaproa, tras casi 20 años de sangrar a las arcas públicas, éste será de 11 mil 738 millones 200 mil pesos.
En el proyecto de Ley de Egresos se plantea un incremento de 6.1% al presupuesto de la inútil Secretaria de la Función Pública, casi idéntico al 6.8 previsto para la de Salud, y menor al de 5.1 para la de Economía.
La propuesta habla también de incrementar en 16.7% la posibilidad de gasto del Instituto Federal Electoral, otro de los elefantes blancos del sistema, cuya administración ha sido objetada por el despacho Deloitte.
Agotada la posibilidad de sacar de la manga nuevos tributos con perfil exótico, o cargarle más el peso a los causantes cautivos, la siguiente batalla será en el escritorio, por más que elevar la posibilidad de déficit ingreso-egreso sería suicida.
La tentación apuntaría al precio promedio por barril de petróleo, por ejemplo.
En el jaloneo, colocada la estafeta del gasto sólo en la Cámara de Diputados, la oposición perredista planteará un presupuesto mínimo de 30 mil millones de pesos para abrir lo que se califica como Plan Emergente para la Reactivación Económica, o multiplicar por siete las partidas destinadas a la infraestructura carretera.
Segundo acto: el jaloneo por el gasto, en el todo decibeles de la ira empresarial y de la clase media por lo que se califica de abuso recaudatorio.
BALANCE GENERAL
En el insólito de la temporada, negada la transparencia por años, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dio a conocer la imposición de una multa de 15 millones 251 mil pesos a la casa de bolsa resultante de la fusión entre Banorte e Ixe.
La exposición de motivos habla de haber realizado operaciones contrarias a las adecuadas prácticas de venta.
En paralelo, se suspenden por seis meses y se les imponen multas administrativas a dos promotores de la intermediaria bursátil, en este caso por realizar operaciones no acordes a los perfiles de inversión de sus clientes; no proporcionar evidencia, o no contar con las instrucciones de compra para un determinado tipo de valor, y atropellar los buenos usos y prácticas de mercado.
¡Pácatelas!
Tanto la casa de bolsa como las promotoras, aceptadas sus culpas, pagaron la sanción impuesta.
DEMANDAN A CASA SABA
La noticia es que un grupo de accionistas minoritarios de la cadena de farmacias Benavides está demandando a ésta y a casa Saba por no haber realizado una oferta pública de adquisición de la totalidad de las acciones de la primera, al tomar la segunda el control.
Dicho con todas sus letras, se cambió la estructura accionaria sin tomarlos en cuenta, lo que implica la subordinación a un nuevo Consejo de Administración ajeno al que se mantenía.
De acuerdo a los quejosos, la acción es violatoria del artículo 98 de la Ley del Mercado de Valores.
La paradoja del caso es que Casa Saba, propiedad de los herederos de Moisés Saba, "El señor de los dineros", sí cumplió el requisito con la filial en Chile de la cadena.
La demanda se planteó el 26 de junio pasado, admitiéndose a trámite el cinco de julio.
Por lo pronto, Casa Saba, en su carácter de accionista mayoritario, convocó a una asamblea general ordinaria a los accionistas de Farmacias Benavides para aprobar dividendos, pese a que hay un juicio previo promovido por los minoritarios en un juzgado concurrente de Monterrey.
ÉXITO DE EXITUS
Ayer la sociedad financiera de objeto múltiple Éxitus Capital realizó exitosamente su primera bursatilización de cartera en la Bolsa Mexicana de Valores.
El asunto tiene relevancia si se considera que los recursos serán para apoyar créditos en favor de la pequeña y mediana empresa.
El monto autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es de dos mil millones de pesos en un lapso de tres años.
El primer paquete fue de 206 millones.
La Sofom, encabezada por Carlos Rahmane, utilizó como agente colocador a CI Banco Casa de Bolsa.
PROTECCIÓN AMBIENTAL
A iniciativa de la senadora Ninfa Salinas Sada, del Partido Verde Ecologista, esta semana se discutirá en Comisiones un proyecto de Decreto que crea la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección de Medio Ambiente de Hidrocarburos.
La instancia estaría sectorizada en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Aunque la Comisión Nacional de Hidrocarburos regula y administra recursos petroleros, sus facultades no alcanzan al entorno ecológico.
Albertobarrancochavarria0@gmail.com
