Tristeza. Brenda Rangel, familiar de desaparecidos, llora durante su participación en la presentación del informe de Amnistía Internacional (AI) sobre personas desaparecidas en México, en Ciudad de México.
Amnistía Internacional (AI) consideró que el gobierno mexicano ha fracasado en su intento por localizar a las personas desaparecidas y sancionar a los responsables.
En su informe "Enfrentarse a una pesadilla: Desapariciones en México", este organismo aseguró que pese a los esfuerzos del gobierno por combatir al crimen organizado las desapariciones siguen ocurriendo en el país por una razón: porque, en su mayoría, son perpetradas por funcionarios públicos.
Al presentar este reporte, el investigador de AI para México, Rupert Knox, indicó que el gobierno federal ha reconocido que hay al menos 26 mil personas registradas como desaparecidas o no localizadas en los seis últimos años, pero lamentó que la semana pasada, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, haya sugerido que la cifra era mucho menor, sin que antes se hayan hecho investigaciones exhaustivas.
En el informe, el organismo refiere que los familiares de las víctimas han tenido que luchar para saber qué pasó con sus seres queridos "ante la pasividad del Estado, que ha permitido que prospere un clima de impunidad y sigue exponiendo a las personas a que sean víctimas de desaparición". Destacó que los familiares han tenido que emprender sus propias investigaciones, pese al riesgo al que se exponen. Tal es el caso de la madre de Israel Arenas Durán, quien fue desalojada de una oficina pública. Israel desapareció a manos de la Policía de tránsito Nuevo León, el 17 de junio de 2011. Cuando su madre acudió a la oficina del investigador que llevaba el caso para preguntar por el paradero de su hijo, el funcionario ordenó un vehículo policial para que la desalojaran de la oficina "porque no quería que solicitáramos una investigación".
También son estigmatizados y "maltratados" por las autoridades. La familia de Alejandro Alfonso Moreno Baca -quien desapareció entre Monterrey y Nuevo Laredo el 27 de enero del 2011- recibió la siguiente respuesta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León sin hacer una investigación previa: "Tu hijo está coludido con las pandillas".
A la madre de Armando Salas Martínez -quien desapareció junto a su tío Pedro Ramírez Ortiz, cerca de Torreón el 12 de mayo de 2008- le dijeron en el Ministerio Público: "Ellos andaban mal y ustedes no quieren reconocerlo".
AI señaló que el principal desafío que enfrenta el gobierno de Enrique Peña Nieto en materia de derechos humanos es poner fin a las desapariciones, localizar a las víctimas y hacer rendir cuentas a los responsables, sean delincuentes o funcionarios públicos.
"Aunque el gobierno mexicano ha reconocido en parte la magnitud de las desapariciones que tienen lugar en el país, todavía no ha admitido la implicación de agentes federales, estatales y municipales en muchos de los casos. La participación de agentes del Estado en tales casos convierte las desapariciones en desapariciones forzadas, que son una violación del derecho internacional".
Consideró que estos casos de desaparición no se investigan como si fuera una norma y esto viola el derecho internacional y frustra las oportunidades de localizar a las personas. Además, la negligencia de las autoridades ha disfrazado el verdadero número de casos.
"Los pasos que ha dado hasta ahora el gobierno -como publicar datos sobre desapariciones, reunirse con algunos familiares y prometer la creación de una unidad especial destinada a la búsqueda- son bienvenidas, pero insuficientes", asegura Knox.
Agregó que las acciones aisladas prometidas por el Gobierno federal no son suficientes ante "la inacción sistemática de las autoridades federales y estatales y la implicación directa o indirecta de funcionarios públicos en desapariciones forzadas.
El nombramiento de 12 investigadores para la nueva unidad especial de búsquedas, que se encargará de miles de casos, no es una señal convincente del elevado grado de compromiso, recursos y voluntad política necesarios para abordar esta crisis nacional."
Consideró que la estrategia del gobierno mexicano para afrontar esta "pesadilla" debe contar con la participación de víctimas, organizaciones de derechos humanos y la aplicación de políticas públicas efectivas.
