Los motines registrados en las últimas semanas en cuatro prisiones del país son una evidencia del estado de abandono en que las autoridades federales y estatales mantienen a los penales del país, pese a los graves problemas que enfrenta el sistema carcelario, consideró Guillermo Andrés Aguirre Aguilar, tercer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Alertó que en al menos 60 penales prevalece el riesgo latente de que ocurra un acto de violencia, "y lo que esperamos del nuevo gobierno es que replantee la política carcelaria y que se cumpla con el mandato constitucional de la reinserción social".
El encargado de supervisar el cumplimiento a los derechos humanos en las cárceles federales por parte de la CNDH, indicó en entrevista que los gobiernos federal y estatales en algunos casos toleran que se sigan cometiendo crímenes dentro de las cárceles o que éstos sean lugares donde algunas personas "la pasan bien pese a que la prisión debe ser un castigo".
Pero en otros casos, agregó, las políticas públicas se han endurecido al grado de encerrar a los internos en sus celdas las 24 horas del día. "Esta es una situación nunca antes vista", destacó el visitador.
Comentó que las cárceles del país enfrentan una situación grave, pues a pesar de tener serias deficiencias, el número de reclusos se incrementó a raíz del combate al crimen organizado.
"Ya de por sí las cárceles estaban sobrepobladas y ahora todo se complicó porque varios de los internos que han sido recluidos a raíz de los operativos tienen un perfil criminológico de riesgo por estar relacionados con la delincuencia organizada y por haber cometido delitos contra la salud".
Lo anterior, explica, porque en 60% de los 418 centros penitenciarios hay autogobierno, de acuerdo con un diagnóstico realizado por la CNDH en 2012.
"Los motines que hemos visto en las últimas semanas son derivados de la falta de atención a los problemas que en la CNDH hemos dado a conocer en los últimos años, y vemos que la situación no cambia y que no se está cumpliendo con el objetivo de la prisión, que es la reinserción social", insistió Aguirre.
Las carencias
El tercer visitador general de la CNDH consideró que para mejorar el sistema penitenciario se requieren instalaciones adecuadas; personal suficiente, capacitado y bien pagado; separación por grado de peligrosidad entre procesados y sentenciados, y entre hombres y mujeres; buenos servicios de alimentación, salud y agua potable, además de cursos o talleres de preparación que les permita a los reclusos tener otra fuente de ingresos al salir de prisión y así alejarlos de la delincuencia. De lo contrario -dijo- pueden constituirse en un caldo de cultivo para que haya violencia.
Comentó que no es concebible que algunos de los reclusos que salen de prisión reincidan o que dentro de las cárceles aprendan y cometan más crímenes: "La prisión debe ser un castigo y una oportunidad para lograr la reinserción. Las cárceles no deben ser lugares donde todos los días se cometen y toleran delitos y arbitrariedades. Tampoco debe haber malos tratos por muy malas que sean las personas, por eso vivimos en una democracia y el orden y la disciplina no están peleados con los derechos humanos".
Indicó que en otro error es que en lugar de buscar que los delincuentes tengan un cambio de vida para que no reincidan, se les intenta contener en las prisiones al grado de encerrarlos 24 horas en sus celdas, como ocurre en Laguna del Toro, en el penal federal de Islas Marías, donde el 2 de febrero pasado hubo un motín.
Nuevos modelos
Desde el 16 de enero pasado se han registrado cuatro motines en los penales de Guaymas, Sonora; Jojutla, Morelos; Islas Marías, Nayarit, y en el Centro de Reinserción Social de Los Cabos, Baja California Sur.
El funcionario de la CNDH alertó que, según un diagnóstico de este organismo, hay por lo menos 60 cárceles donde hay condiciones de internamiento que implican un riesgo y donde podrían registrarse actos de violencia.
Consideró que el nuevo modelo de Centro de Respaldo Plataforma México -el primero de los cuales inauguró el ex presidente Felipe Calderón en octubre pasado en Sonora, y cuyo propósito es crear prisiones a prueba de motines y fugas con recursos públicos y privados- es también inadecuado. "Estos modelos son costosos e impagables".
"Es un buen momento para que las autoridades federales evalúen si se quedan con las políticas públicas del pasado, que han fracasado, o las cambian por un modelo que logre la reinserción social", concluyó.
