Alcaldes exigen voz en la discusión de deuda

Los alcaldes se levantan. De todos los partidos se han propuesto que diputados y senadores escuchen su voz en la discusión para regular la deuda de estados y municipios, así como sus necesidades de ingreso y gasto, pues se consideran el eslabón más débil en la cadena de las finanzas públicas.

Los municipios concentran sólo 10% de la deuda subnacional, pero a sus arcas cae apenas 2% del presupuesto total de la Federación, afirma Leticia Quezada, presidenta de la Asociación de Autoridades Locales de México, AC (AALMAC), que integra a los alcaldes de izquierda del país.

Esta debilidad presupuestaria, afirma la perredista, deja a los municipios de "brazos cruzados" ante las necesidades de sus comunidades.

El problema, sin embargo, no es sólo de dinero sino de capacidades, admite el Humberto Villalobos, secretario de Gobierno del municipio de Iguala, en Guerrero.

"Los municipios no tenemos dinero para las responsabilidades básicas de gobierno, como la prestación de servicios públicos: agua potable, alumbrado público, energía, eléctrica, pavimentación, drenaje, seguridad pública. Pero tampoco sabemos administrar adecuadamente los recursos y no contamos con política que nos permita generar ingresos adicionales como marca la Constitución", dice.

La falta funcionarios públicos con capacidad en el manejo de finanzas públicas es "Talón de Aquiles" de la mayoría de los muncipios en México, advierte Daniela Bernazza, directora de Deudas Estatales y Municipales de la calificadora Standar &Poor's.

Con ella coincide Salvador Satana Loza, director general adjunto de la Hacienda Municipal, del Instituto de Desarrollo Técnico para las Haciendas Públicas (Indetec), quien afirma que el principal problema de los municipios es que "sus finanzas las hacen los que no saben".

Los alcaldes, explica, regularmente privilegian la confianza personal sobre la capacidad profesional y "así hacen tesoreros a quienes no son buenos tesoreros y terminan encargándose de las finanzas personas que no saben".

Ahora, finalmente, hay una ventana de oportunidad para subsanar las deficiencias estructurales en el manejo financiero de estados y municipios, con la discusión de las inciativas presentadas en el Poder Legislativo federal, dice Bernazza.

Sin embargo, dice Villalobos, el debate adolece de un elemento fundamental: la opinión de los alcaldes. "Debería haber un evento donde los alcaldes puedan externar el origen de esas deudas, porque muchos municipios que atraviesan por este problema arrastran vicios y errores de administraciones pasadas y no ha habido una investigación de fondo sobre las condiciones de contratación de deuda ni el destino de esos recursos".

 PROBLEMA DE CAPACIDAD Y NO DE CANTIDAD De los 434,761.2 millones de pesos que sumó la deuda subnacional hasta el cierre de 2012, los municipios concentraron 43,558.7 millones de pesos, lo que equivale a poco más de 10% del total. Su deuda incluso bajó 1.3% respecto de 2011, cuando sumó 44 mil 124.7 millones de pesos, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda.

El logro no es menor si se considera que esa reducción equivale a 566 millones de pesos, que para las finanzas de los municipios significan mucho.

En realidad, dice José Julio Antonia Aquina, presidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, la deuda de los municipios no alcanza una dimensión tal que signifique un problema para el país. "Tenemos un endeudamiento razonable si se mira en perspectiva: la deuda de estados y municipios equivale a 2% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras el endeudamiento del gobierno federal es superior a 32% del PIB".

El problema, admite, es su crecimiento en los años recientes, pues "algunos municipios --por fortuna muy pocos-- han excedido el límite de deuda que es razonable contraer en términos de la capacidad financiera de sus ayuntamientos".

Con base en la información de la Secretaría de Hacienda, dice José Julio Antonia, sólo 8 de 2,445 municipios del país tienen un problema de deuda desproporcionada. Entre ellos está Guadalajara (Jalisco), con 2, 681 millones de pesos; Tijuana (Baja California), con 2,540 millones; Monterrey (Nuevo León), con 2,146 millones; Zapopan (Jalisco), con 1,447 millones; Benito Juárez (Quintana Roo), con 1,366 millones; Nuevo Laredo (Tamaulipas), con 1,115 millones, y Mexicali (Baja California), con 950 millones de pesos.

En total, dice Leticia Quezada, 15 alcaldías concentran la mayor parte de la deuda municipal, contratada la mayor parte (51.1%) con la banca comercial.

Pero el problema no es sólo de montos de deuda, sino de estructura de las finanzas municipales, de planeación de gasto y capacidad financiera, dice Daniela Bernazza, de la calificadora Standard & Poor's.

"Hay una falta de recursos humanos con capacidad en temas financieros, y el problema no sólo alcanza el tema del endeudamiento sino el ejercicio de gasto y planeación de presupuesto. Son temas básicos que requerirán de soluciones a mediano y largo plazos", dice.

El endeudamiento por sí mismo no es malo, aclara. "Ninguna entidad de gobierno puede actualmente pensar en desarrollo sin capacidad de deuda. Es más, "en algunos municipios que califican su deuda hemos visto crecer su nivel de conciencia, a partir del trabajo obligado de revisión que hacemos con ellos cada año". Sin embargo, menos de 100 de los municipios en México tienen calificación de deuda.

 MáS RECURSOS Y SANCIONES, LA PROPUESTA "Los municipios se endeudan porque no les alcanza el presupuesto", dice Quezada. Pero esta situación no es novedad, acota Salvador Santana. "La escasez de la finanzas en los municipios es histórica, siempre han estado en segundo término y las legislaturas locales casi nunca son generosas con los ayuntamientos".

El especialista explica que, aun cuando ha habido reformas para fortalecer las haciendas municipales, también amapliaron sus responsabilidades de gasto en la dotación de servicios, como ocurrió en 1999 con el servicio de tratamiento de aguas.

Para los municipios, actualmente, el único recurso disponible a su disposición es el cobro del impuesto predial, pero en el país hay rezagos profundos, dice Santana. "El impuesto predial en México equivale a 0.2% del PIB, cuando en la mayoría de los países con un desarrollo similar al nuestro está por encima de 1%".

Si el país todo actualizara su catastro y los municipios fortalecieran su capacidad de cobro del impuesto predial, en algunos casos incluso alcanzaría para pagar sus deudas, afirma. "Los ojos de los municipios no pueden voltear hacia ninguna otra parte, porque nadie está dispuesto en este momento a rescatarlos de su deuda".

Los alcaldes lo saben, dice Quezada. Por eso su propuesta no es un fondo de rescate, sino una ley de desarrollo municipalista que establezca tipos y límites de endeudamiento. "Se puede ayudar a los municipios con los remanentes de los fondos (municipales) que ya existen, sin necesidad de sacarse otros de la manga".

Pero primero, dice, es necesario investigar el origen y destino de las deudas. "He platicado con el presidente de la comisión de la Contaduría Mayor de la Cámara de Diputados y me ha dicho que van a ir a fondo en una investigación sobre el endeudamiento de los municipios saber en qué utilizaron los recursos, si hubo desviación de recursos o enriquecimiento ilícito".

Humberto Villalobos respalda a Quzada: "Hasta ahora no ha habido acción jurídica contra alcaldes que originaron las deudas municipales y lo más sano sería que las cámaras de diputados y senadores vayan al origen para sancionar a quienes incurrieron en malas prácticas".

De acuerdo con la senadora Dolores Padierna, la propuesta de revisión de cada una de las deudas municipales ya está en la mesa, con el propopósito de comprobar si los utilizaron los recursos para cosas distintas de las que marca la ley y en esos casos fincar responsabilidades.

Padierna advierte que si bien es cierto que los municipios enfrentan carencias financieras por la falta de ingresos propios y recaudación, también es verdad que muchos han incurrido en irresponsabilidad de gasto.

Por eso la propuesta de su partido no sólo considera poner límites al endeudamiento, sino aplicar mecanismos para revertir las deficiencias de gasto. "Obligar a que no más de 60% de los recursos vaya a gasto corriente y 40% a inversión".

El PRD también propone que el IVA se convierta en un impuesto local, que se reparta principalmente entre los municipios.

Sin embargo, estos temas sólo podrán abordarse hasta la reforma hacendaria, cuando los legisladores "podremos hacer cambios en las estructuras de ingresos y gasto y, por ende, un cambio en la estructura de las deudas".

Por ahora, los alcaldes del país están dispuestos a exigir a la Federación cambios en la Ley de Coordinación Fiscal para disponer de más recursos, porque "lo cierto es que no nos alcanza".