Opinión. Los consumidores en México, especialmente los más pobres, se enfrentan a un mercado monopolizado que los obliga a pagar mayores precios por los productos y servicios.
La falta de competencia económica en México, provoca que los ciudadanos paguen precios más altos en productos considerados básicos para su vida diaria, como la tortilla, leche, pollo, carne, refrescos, medicinas y gasolina.
Así lo indica un análisis sobre los niveles de concentración en el país, en el que se advierte que las familias gastan por lo menos 30 por ciento de sus recursos en mercados que tienen problemas en materia de competencia.
"A pesar de vivir en una de las economías más abiertas del mundo, los consumidores en México, especialmente los más pobres, se enfrentan a un mercado monopolizado que los obliga a pagar mayores precios por los productos y servicios.
"La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) afirma que el 30 por ciento del gasto familiar en México se lleva a cabo en mercados con problemas de competencia, lo cual implica un gasto de alrededor de un 40 por ciento más que si hubiera competencia", se advierte.
En el documento, elaborado por senador Armando Ríos Piter, secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara alta, se menciona que la situación empeora cuando se trata del sector más pobre de la población, pues en ese caso, las familias gastan alrededor de 42 por ciento de sus ingresos en mercados altamente concentrados.
"Es decir, los consumidores mexicanos, que en su rol de trabajadores ocupan los últimos lugares en nivel de sueldos, salarios y remuneraciones, pagan mayores precios en productos y servicios básicos que la mayoría de los países de la OCDE. Ganan poco y pagan mayores precios por los productos", señala el legislador del PRD.
En el informe detalla, por ejemplo, que sólo dos empresas concentran el mercado de la tortilla, otras dos el de carne de res y, en el caso del pollo, Bachoco maneja 92 por ciento del total.
El pasado sábado, se publicó que la Comisión Federal de Competencia (CFC) ya tiene pruebas de que esta última empresa ha incurrido en prácticas monopólicas para fijar precios de productos avícolas en la zona metropolitana del DF y Veracruz.
De acuerdo con el legislador, ese tipo de prácticas de concentración también se registran en mercados como el de la leche, donde sólo dos empresas manejan 80 por ciento.
El perredista explica que, de acuerdo con la CFC, 10 productos clave que se comercializan en mercados con concentración abarcan 23.3 por ciento del gasto de las familias.
"Por tratarse en su mayoría de bienes de primera necesidad, su impacto en el índice de precios al consumidor y su evolución que es la inflación, es contundente y preocupante".
Al citar una investigación del especialista Carlos Elizondo Mayer Serra, el senador advierte que eliminar el control de los monopolios en los productos básicos, podría incrementar hasta en 6 por ciento los ingresos del decil más pobre de la población.
Agrega que las medidas de combate a la concentración tienen un impacto directo tanto en el bolsillo de los ciudadanos, como en los equilibrios del mercado.
"Por ejemplo, a raíz de las reducciones de las tarifas de interconexión impulsadas por los litigios de la Comisión Federal de Competencia, el Banco de México publicó que a partir de la disminución de tarifas de interconexión por parte de Telcel, la inflación había disminuido", agrega.
Ante el panorama, Ríos Piter anuncia que propondrá en el Senado una nueva Ley de Competencia Económica que incluye, entre otras cosas, el mismo diseño recientemente aprobado por la Cámara de Diputados en materia de telecomunicaciones.
El nuevo marco legal, dice, dará creación a la Comisión Federal de Competencia Económica que, como órgano autónomo, deberá garantizar la libre competencia en todos los sectores de la economía, salvo aquellos reservados para el Estado.
El proyecto también considera la ratificación de los comisionados por el Senado y la creación de tribunales especializados en materia de competencia económica.
"Define agente económico como aquel que cuente, directa o indirectamente, con una participación mayor al 25 por ciento del mercado o sector correspondiente, ya sea nacional o local.
El proyecto plantea elevar las multas y sanciones para las prácticas que atentan contra la competencia económica, lo que podría alcanzar hasta 15 por ciento de los ingresos del agente económico.
