La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) solicitará un amparo contra lo que llama la inconstitucionalidad de 43 artículos de la Ley Docente, 2 artículos de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y 5 artículos de la Ley General de Educación.
"Las autoridades responsables de las leyes que se reclaman pretenden aplicarlas retroactivamente en nuestro perjuicio, toda vez que, del contenido de las mismas, se desprende una serie de disposiciones que regulan el ingreso, la permanencia y promoción en el trabajo para los trabajadores que desempeñamos la docencia, y para el personal con funciones de dirección y supervisión, lo que indudablemente constituye una modificación laboral y administrativa", indica.
Esa ley, destaca, viola el artículo 16 de la Constitución, al crearse un estado de excepción para los trabajadores de la educación.
Expresa también que las leyes son inconstitucionales porque violan el artículo 123, apartado B, al nulificar el derecho al escalafón y el principio de estabilidad en el empleo.
En el amparo, que contiene 135 páginas y fue elaborado por el abogado de la CNTE, Eduardo Pérez Saucedo, se explica que las leyes aprobadas por el Congreso de la Unión, y publicadas el pasado 12 de septiembre, crean una legislación única para regular las relaciones laborales de los trabajadores de la educación.
Lo anterior, a pesar de la existencia de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el Reglamento de Escalafón y el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo.
La ley docente, abunda, se contradice, ya que en su artículo 20 menciona que derivado de la evaluación que regula no habrá consecuencias, ni administrativas ni laborales, y, a pesar de ello, derivado de la citada evaluación, quedan sin efectos los nombramientos de los profesores que no se sometan o que no la aprueben en tres ocasiones.
También señala que afecta a todos los trabajadores magisteriales a nivel federal, estatal, del Distrito Federal, municipal y organismos descentralizados, pues deroga todos los derechos adquiridos por el magisterio.
La ley no considera la participación sindical en los procesos de evaluación, y anula cualquier tipo de intervención del sindicato, al mismo tiempo que cambia, de forma arbitraria, las condiciones generales de trabajo en perjuicio de los maestros.
El amparo se interpone en contra de todos los responsables de impulsar, legislar y aplicar la reforma educativa.
De acuerdo con el texto que comenzaron a firmar los maestros, responsabilizan al Presidente, Enrique Peña Nieto por la aprobación, promulgación y publicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General de Educación.
Se amparan en contra de la Cámara de Diputados y Senadores, del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el Secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, este último por la aplicación y ejecución de las leyes reglamentarias.
El próximo lunes la CNTE marchará de Reforma al Palacio de Justicia donde harán entrega del documento.
