Una buena política económica rara vez es popular en el corto plazo, puesto que sus costos son visibles e inmediatos y sus beneficios son difusos y se distribuyen en el tiempo. Por ello las minorías afectadas negativamente por esa política hacen más escándalo que las multitudes que, sin saberlo, acabarían beneficiándose por ella. No extraña, por tanto, que la sola mención del tipo de reformas estructurales necesarias para mejorar el futuro económico de México en el mediano y largo plazo, desaten reacciones negativas y una fuerte oposición de quienes se sienten directamente perjudicados por ellas.
Lo peor que le puede pasar a una buena política económica, sin embargo, no es que sea hábilmente atacada por quienes se oponen a ella, sino que sea torpemente defendida por quienes la proponen. Éste ha sido el caso en muchas ocasiones pasadas, donde las autoridades tuvieron que suspender o dar marcha atrás a sus propuestas reformadoras.
El nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN) ha dejado entrever que planteará, como otros antes que él, diversas reformas estructurales. Entre ellas se encuentra la ampliación de la base del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Se trata de incluir en dicho impuesto a los alimentos y las medicinas, lo que formaría parte de una reforma tributaria integral que eleve la cantidad de recursos disponibles para el erario y mejore su composición, al disminuir el peso relativo de los ingresos petroleros.
Sólo así será posible hacer frente a las crecientes necesidades de gasto público en educación, seguridad e infraestructura, así como a los compromisos adquiridos en relación con la disminución de la edad a la que los adultos mayores pueden recibir transferencias gubernamentales.
La propuesta, en consecuencia, tiene gran sentido económico, no sólo porque contribuye a elevar de manera eficiente los ingresos públicos, sino porque también elimina distorsiones que crean los tratos preferentes, que son mecanismos de redistribución bastante inadecuados y costosos. Esta propuesta, a pesar de sus bondades económicas, siempre ha desatado una fuerte oposición, colocando muy pronto a la defensiva a los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y, más recientemente, Felipe Calderón. Esto nos debe dar una idea de que a la nueva administración no le será fácil realizar los cambios necesarios en materia tributaria, así como en los campos de la energía y el trabajo, para mantener un ritmo de crecimiento dinámico del ingreso y el empleo en nuestro país. La realidad es que las reformas estructurales que tendrá que proponer EPN son, en esencia, iguales a las que han intentado pasar Zedillo, Fox y Calderón. La reforma tributaria, como señalé, requiere de la generalización en la aplicación del IVA y la eliminación de los tratos preferentes en el impuesto sobre la renta.
Urge, además, la participación privada, nacional y extranjera, en la industria eléctrica, así como en la producción de petróleo y gas natural. También siguen pendientes reformas profundas en el campo laboral, adicionales a las hechas recientemente, que flexibilicen más la contratación y despido de personal, así como agilicen los procesos de capacitación y entrenamiento de la mano de obra.
En todo este proceso, EPN tendrá que evitar caer en la tentación de que para lograr una buena reforma en un campo, tenga que aceptar la instrumentación de malas políticas económicas en alguna otra parte. Necesita sortear, con éxito, los múltiples sabotajes a sus propuestas que seguramente vendrán de varios grupos en el país.
Su reto incluye convencer a la bancada de su partido para que, aun cuando impopulares, acepte y apoye sus iniciativas en el Congreso, donde además tendrá que conseguir el voto favorable de legisladores de partidos de oposición, particularmente el PAN, quienes deberán anteponer los intereses de la nación a los intereses políticos de su partido.
Y este último no es un escollo fácil de superar. Cualquier iniciativa de reforma tendrá que ser aprobada por un Congreso plural. El PRI necesita lograr consensos con el PAN, única forma de tener la mayoría necesaria para realizar cambios constitucionales.
Por consiguiente, el desempeño de la administración de EPN dependerá, en gran medida, de su habilidad para armonizar los intereses políticos con las necesidades económicas. El resultado de los debates de asuntos como el del IVA, la reforma energética, la de telecomunicaciones y otras reformas prioritarias que irán apareciendo en los próximos meses, permitirán definir con mayor precisión el perfil del nuevo gobierno y su impacto sobre la evolución económica de nuestro país.
