Irregularidades. Muestran uno de los tickets que fue impreso por una de las máquinas no autorizadas por el Cabildo.
La organización civil Redes Ciudadanas y la Coalición de Organizaciones Ciudadanas de Durango, piden al Ayuntamiento que audite a la empresa concesionaria de los estacionómetros de la zona Centro, así como la cancelación temporal del servicio, tras descubrir una serie de irregularidades en su operación, como la existencia de una máquina no autorizada en funcionamiento, al interior de las oficinas de la empresa.
Jorge Valenzuela, dirigente de Redes Ciudadanas y Gustavo Oteo Oropeza, de la COCD, presentaron unas fotografías en las que muestran la existencia de una máquina 29, cuando el Cabildo sólo autorizó el funcionamiento de 28 máquinas.
Las pruebas las proporcionó una exempleada de la concesionaria, quien solicitó el anonimato por temor a represalias y por encontrarse en medio de un juicio laboral, al haber sido despedida injustificadamente.
Y es que, según manifestó la afectada, los empleados de la concesionaria Jajomar, al ingresar firman un contrato y una renuncia sin fecha y sólo con la firma del trabajador, documento que presentó Alberto Navarrete Valenzuela, representante de la concesionaria ante la Junta Local de Conciliación, para justificar el despido de la denunciante.
De acuerdo con la exempleada, el contrato cuenta con una cláusula en la que exigen a los empleados no comentar nada de lo que vean o escuchen en las oficinas, de lo contrario serán dados de baja inmediatamente.
Según la denunciante y los dirigentes, la máquina "extra" es utilizada para realizar el pago de las infracciones para el retiro del inmovilizador, cuyo costo es de 95 pesos, pero el pago debe realizarse en la máquina que le corresponda al conductor.
Sin embargo, con autorización de Navarrete Valenzuela, las visoras (empleadas), le ofrecen al conductor la posibilidad de realizar su pago, es entonces que las empleadas realizan la transacción al interior de las oficinas.
En su momento, el representante de la concesionaria explicó que de acuerdo al contrato, de esos 95 pesos de la infracción, 60 pesos son para la empresa y el resto para el Ayuntamiento.
"Ese dinero no se reporta, pensamos que ni a la empresa y mucho menos al Ayuntamiento. Por estas anomalías, exigimos una auditoría, y la cancelación del servicio", dice Valenzuela, quien lanza un llamado de alerta a los municipios de Matamoros y Francisco I. Madero, Coahuila, quienes recientemente establecieron un contrato con la empresa.
