Comprometidos a elevar durante el sexenio 43 escalones la ubicación del país por la calidad de su infraestructura, pasando del 68 al 25 en un ranking de 144 países, los industriales de la construcción reclaman claridad en las reglas de juego para el otorgamiento de contratos públicos
La madeja ha provocado por años conflictos en los tribunales; retrasos en la terminación de las obras; diferencias por supuestos vicios ocultos y, en el peor de los escenarios, la cancelación de proyectos e inhabilitación de las empresas contratistas para participar en la piñata.
La vuelta en U, a juicio de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción encabezada por Luis Zárate, reclamaría reformar y adicionar la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para ofrecer mayor certeza jurídica y económica.
De hecho, el organismo plantea no sólo el remedio, sino el palito, al presentar al gobierno un anteproyecto en el que se plantea equilibrar y transparentar los procesos de construcción; fórmulas para aplicar los recursos públicos en tiempo y forma; procesos de construcción más sencillos y eficaces, además de criterios y normas que privilegien los beneficios sociales y económicos de las obras.
En la confección del documento participaron, entre otros, Alonso Quintana Kawage, Guillermo Haro Belchez y Sergio Huacuja Betancourt.
Metidos al detalle, éste plantea, por ejemplo, regular y homologar las juntas de aclaraciones sobre las bases de licitación; el utilizar criterios integrales para la evaluación de las empresas que persiguen contratos, como el ponderar las condiciones ofrecidas en materia de salud en el trabajo.
Más allá, se prevé la creación de mecanismos de indemnización para un contratista afectado por elementos ajenos a su causa; la obligación de incluir en obras menores a cinco millones de pesos un proyecto ejecutivo acorde a lo presupuestado por la contratante, en paralelo a reconocer la capacidad de pago de empresas inhabilitadas para entero de multas.
Las licitaciones públicas se realizarán en todos los casos por medios electrónicos.
El nuevo escenario, además, abriría el paso para que un funcionario pueda corregir un fallo equivocado.
La posibilidad habla de incorporar la figura de "Gerencia de Proyectos"; de incluir el criterio de responsabilidad social; de reducir los tiempos máximos para entrega de los anticipos; de modificar costos en contratos a precio alzado; de hacer efectivos los gastos financieros sin requerimiento de la empresa, y aún de solicitar ajustes de costos en el finiquito del contrato.
El nuevo marco impediría declarar desiertos procesos licitatorios restringidos, cuando una propuesta de tres posibles no cumpla con los requisitos exigidos.
En paralelo, se le dará al contratista la opción de no iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa de servidores públicos si las fallas no son graves o no hay daño patrimonial, abriéndose la alternativa de que la revisión de un contrato pueda ser materia de arbitraje.
Desde un plano más concreto, los constructores reclaman para emprender la madre de todas las cruzadas en materia de infraestructura, el que se cree un banco de proyectos ejecutivos que garantice la realización de las obras, sin posibilidad de tropiezos o controversias.
Adicionalmente, se reclama el que se le prohiba a las entidades públicas cerrar anticipadamente los presupuestos, a veces hasta con dos meses, lo que conlleva a incrementar los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (conocidos como Adefas); a realizar convenios de reducción en los montos contratados; a terminar anticipadamente los contratos, y en algunos casos a pagos indebidos de obras no ejecutadas.
En paralelo, se exige evitar la discrecionalidad de los funcionarios públicos en la interpretación de los contratos, lo que genera controversias que retrasan las obras y en ocasiones ponen en grave peligro su conclusión.
El nuevo marco exigiría equilibrar los riesgos entre contratantes y contratistas, dado que la mayoría de éstos los puede allanar la propia entidad gubernamental. Estamos hablando de derechos de vía, modificaciones de impacto ambiental; negociaciones con ciudadanos y licencias y permisos.
Más allá, se reclama el que los bancos de desarrollo ofrezcan financiamientos competitivos frente a los que reciben las empresas extranjeras, en ocasiones por parte de sus propios gobiernos.
Antídoto contra la corrupción.
Una de las pistas en la indagación del caso Walmart habla de que la cadena de autoservicios logró la licencia de construcción de una sucursal de Bodega Aurrerá cerca de las pirámides de Teotihuacán, en paralelo a la de un Sam's Club y un centro de Distribución en el Distrito Federal, gracias a la modificación ilegal de las disposiciones de uso de suelo.
En el caso de la zona arqueológica, algún regidor alteró el mapa de zonificación del municipio antes de su publicación en la gaceta del Estado de México.
Un escenario similar se presentó en San Pedro Garza García, Nuevo León, al alterarse la Matriz de Compatibilidad y uso de suelo, lo que permitió la construcción de una tienda Walmart en la avenida Manuel Gómez Morín.
Naturalmente, en ningún caso la alteración se realizó a título gratuito.
En la sospecha de corrupción, el presidente de la Federación de Colonias Metropolitanas de Nuevo León, Gilberto Marcos, presentó una demanda contra quien resulte responsable.
SLIM CONTRA ZAMBRANO
La compra por parte de la cementera Elementia de dos plantas que pertenecían a la parte mexicana de la firma francesa Lafarge, ubicadas en Vito y Tula, Hidalgo, le pone tienda de enfrente a Cementos Mexicanos de Lorenzo Zambrano, de cara al mercado nacional.
La incipiente firma propiedad del magnate Carlos Slim y Antonio Del Valle tendrá con la adquisición una capacidad instalada para producir dos millones de toneladas de cemento al año.
La joint venture de Lafarge, la segunda cementera del planeta, tendrá ahora una participación de capital mexicano de 53%.
FRENAN A IUSACELL I
nexplicablemente el nuevo gobierno priísta está suspendiendo una licitación para integrar una red de telecomunicaciones en edificios públicos que había ganado Iusacell.
El freno, al parecer, lo colocó una inconformidad por parte de Teléfonos de México.
Lo inaudito del caso es que la firma del Grupo Salinas había presentado una oferta que resultaba dos mil 400 millones de pesos inferior a la planteada por la empresa que encabeza Héctor Slim.
La distancia, pues, era mayúscula, por más que se hable de falta de experiencia de la postora.
Albertobarrancochavarria0@gmail.com
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