Cassez había sido condenada a 60 años de cárcel por secuestro y otros delitos, pero su detención y su proceso estuvieron marcados por irregularidades. ARCHIVO
El Gobierno de México anunció hoy acciones orientadas a evitar actos de arbitrariedad oficial "que puedan derivar en impunidad e injusticia", mientras el país vive la resaca de la liberación de la francesa Florence Cassez, condenada por secuestro, debido a violaciones al "debido proceso".
El subsecretario de Gobernación, Eduardo Sánchez, informó a la prensa sobre las medidas que el Gobierno ha ordenado, entre ellas una revisión pormenorizada de los manuales de procedimientos y protocolos utilizados por las autoridades federales en materia de investigación y aprehensión de presuntos delincuentes.
"El propósito de esta revisión es identificar aquellos vicios que pudieran constituir un obstáculo para la procuración y administración de justicia, así como para la protección de los derechos humanos", explicó.
De igual manera, dijo, se pondrá especial énfasis en desarrollar y aplicar técnicas científicas de investigación con ese mismo propósito.
Sánchez dijo que se ha instruido a la Policía Federal para que todos sus agentes reciban un refuerzo de capacitación sobre los protocolos a los que deben ajustar su conducta, al tiempo que se les distribuirá una tarjeta que especificará los derechos que asisten a las personas detenidas.
Entre esos derechos figuran el de tener un traductor o intérprete y, en caso de ser extranjero el detenido, a que el consulado de su país sea notificado del arresto.
Señaló que los comandantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea han dado órdenes para que todo el personal a su cargo que participe en tareas de seguridad interior porte la Cartilla de Derechos Humanos, que establece las bases para proteger los derechos de las personas que viven o transitan en el territorio nacional.
Finalmente, dijo que el Gobierno ha ordenado acelerar la aplicación por parte de policías, fiscales, peritos, abogados y jueces, del nuevo sistema penal acusatorio, el cual "contribuye a que las fallas de procedimiento no sean obstáculo para que el Poder Judicial determine la culpabilidad o inocencia de una persona".
"La delicada tarea de procuración de justicia debe realizarse con absoluta eficacia y estricto apego al marco jurídico. Los legítimos anhelos de justicia de los mexicanos no deben truncarse por errores o violaciones al debido proceso que las autoridades deben observar en el desempeño de sus obligaciones", puntualizó.
Las medidas fueron anunciadas dos días después de que la Suprema Corte de México ordenara la liberación de la ciudadana francesa Florence Cassez, lo que generó una tormenta de reacciones y críticas por parte de víctimas de criminales y especialistas.
Cassez había sido condenada a 60 años de cárcel por secuestro y otros delitos, pero su detención y su proceso estuvieron marcados por irregularidades.
Los argumentos utilizados por la Corte para dejarla libre incluyen el montaje televisivo que se hizo un día después de su arresto, que de acuerdo con expertos violó su derecho a la presunción de inocencia, así como la falta de asistencia consular que tendría que haber recibido en los tiempos legales.
