DESPUÉS de más de 40 años el gobierno de la república pudo tomar la decisión de aplicar la ley en los casos de bloqueo de carreteras y ataques a las vías generales de comunicación. Buena señal que anuncia y así parece, la terminación de la institucionalización de la impunidad. Los daños que a la economía del país, a su desarrollo, a las fuentes de trabajo y al crecimiento general ha causado a México la toma de carreteras, casetas de peaje, avenidas, bulevares y edificios públicos no se puede ni siquiera cuantificar.
SON ALGUNOS ESTADOS de la federación, por cierto de los más pobres, los que han venido pagando durante más de 20 años las diferencias que algunos grupos sociales tienen entre sí. Las ambiciones políticas de pandillas sindicales y sus exigencias de subsidios en efectivo para el disfrute personal de sus dirigentes, han destruido, muy especialmente, las economías de Oaxaca, Michoacán y Guerrero.
A ÚLTIMAS FECHAS han sido los maestros de las diversas secciones afines a la maestra Elba Esther Gordillo, del SNTE, (por fortuna ya sujeta a un proceso penal para que responda por sus conductas delictivas), y los grupos disidentes del magisterio los del CETEG, quienes se propusieron, no se podría entender de otra manera sus acciones, destruir las economías de los estados de Guerrero y de Oaxaca, cosa que por cierto casi han logrado.
HISTÓRICAMENTE los gobiernos priistas y panistas consintieron la transgresión al estado de derecho, la violación a los derechos humanos y los constitucionales de millones de mexicanos, cuando se mantuvieron pasivos y autistas ante actos cometidos por grupos de protesta que tipificaban conductas delictivas previstas en los códigos penales locales y en el federal.
Habría que recordar la toma que del Paseo de la Reforma hizo el fundador de Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien por largos seis meses causó daños diariamente a 10 millones de personas que necesitaban ir al trabajo, a la escuela o a sus diarias actividades, y el gobierno perredista del Distrito Federal tampoco hizo nada.
PERO LAS COSAS parece que ya están cambiando y para bien. Por lo pronto el gobierno de Peña Nieto logró el viernes pasado dejar libre la Autopista del Sol y obligar a un grupo de 1,500 inconformes que pretendieron dañar la economía del puerto de Acapulco y la de sus 800 mil habitantes que viven principalmente de la prestación de servicios turísticos.
Al respecto el presidente Peña Nieto declaró: "Que estuvo al tanto del operativo de desalojo de maestros de la Autopista de Sol; que la ley no se negocia y que la reforma educativa avalada por el Congreso de la Unión tampoco es materia de negociación; Que el país no puede ser rehén de pretensiones particulares que dañen los derechos de terceros ni de los que se oponen al desarrollo del país".
Mexicanos desconocen que el 80 por ciento de las manifestaciones que ahogan las vías de tránsito, carreteras, casetas de peaje, avenidas y bulevares, es organizadado con personas contratadas a través de empresas especializadas en el manejo de personas. El promotor de la movilización y bloqueo se pone de acuerdo con alguna de las empresas existentes y le pide 'equis' número hombres, de mujeres con niños o sin niños, con sanitarios ambulantes, con alimentos o sin alimentos, encuerados o vestidos, con transporte, traslado y carpas, con palos o sin ellos y los contratan por no menos de $150 pesos diarios para bloquear las calles. Entre tanto, los l→ → ideres comen y cenan felices en los restaurantes de lujo mientras los contratados gritan y bloquean avenidas.
EL USO DE LA FUERZA pública es último recurso, sobre la cual tiene el Estado, no sólo la atribución, sino la obligación de hacer valer y precisamente, para lograr respetar los derechos de toda la ciudadanía. El derecho a manifestarse públicamente o realizar protestas, está previsto y garantizado en la Constitución General de la República en su artículo 9º. que dice: "No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto licito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país.
"Ninguna reunión armada tiene derecho a deliberar. No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición, o presentar una protesta por algún acto a una autoridad, si no se profieren injurias, contra ésta ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee".
COMO SE PODRÁ VER la ley es muy clara al respecto, bástenos pues con que la autoridad la haga cumplir.
"La ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie", Barón de Montesquieu (1689-1755) Filósofo y escritor francés.
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